El sistema de asilo de la Unión Europea (UE) adolece de muchos factores que frenan su desarrollo. En primer lugar, el mecanismo de determinación de la responsabilidad (el sistema de Dublín) no consigue repartir la responsabilidad de forma ecuánime entre los Estados miembro y, además, obvia muchas de las realidades a las que se enfrentan aquellos que buscan protección así como sus preferencias o sus lazos con Estados miembro específicos.
Nunca se ha debatido objetivamente cual es la “proporción justa” de responsabilidad, lo que desincentiva a los Estados miembro a la hora de implementar las obligaciones que han asumido a nivel legislativo. Los diferentes niveles de desarrollo económico de los Estados miembro y de inversión en la recepción de solicitantes de asilo y en los sistemas para procesar sus solicitudes han dado lugar a condiciones muy divergentes, pese a que existen diferencias entre las tasas de reconocimiento entre los Estados miembro de la UE. Tampoco se tiene en cuenta, por ejemplo, la inversión de algunos Estados miembros fronterizos en el control de las fronteras externas de la UE y en salvar vidas en el mar.
El principio de solidaridad y de reparto ecuánime de la responsabilidad está claramente estipulado en los tratados de la UE, pero hasta hace poco, sus instituciones evitaban comprometerse con la cuestión en diferentes declaraciones políticas y, en su lugar, adoptaban un enfoque múltiple con medidas muy diversas con las que llevar a la práctica la solidaridad. La mayoría de esas medidas eran de naturaleza operativa, técnica o financiera, lo que supone una solidaridad real entre los Estados miembro extremadamente limitada.
La Oficina Europea de Apoyo al Asilo –un organismo especializado de la UE encargado de coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembro– desempeñaría un papel importante a la hora de conseguir una mayor solidaridad. Para que esto se convierta en realidad, su financiación y sus recursos deberían ser parejos a la ambición y expectativas que se le otorguen. Al mismo tiempo, se debería reforzar su mandato para asegurarse de que este organismo aumente su capacidad operativa.
Solidaridad entre Estados miembro de la UE
Dado que nunca ha habido una evaluación objetiva del reparto de la responsabilidad, no se podrá corroborar cuando un Estado miembro apele a la solidaridad porque esté “saturado” y los demás Estados miembro sospechen que no quiere acatar su responsabilidad. Una evaluación objetiva de la capacidad de asilo de cada uno de los Estados miembro permitiría distinguir claramente la “incapacidad” de cada uno para cumplir con sus obligaciones de la “falta de voluntad”, lo que resolvería además las tensiones que se producen cuando hay que repartir responsabilidades.
En su búsqueda de un sistema solidario, los Estados miembro deberían establecer una forma de evaluar su parte de responsabilidad basándose en unos indicadores objetivos. Un marco aceptado por todos haría que se pudieran llevar a cabo unas evaluaciones objetivas de las convocatorias de solidaridad y se revelaría también hasta qué punto los Estados miembro están actuando por debajo de sus posibilidades y deberían, por tanto, invertir más en crear sistemas en términos de recursos humanos y financieros.
Por último, el traspaso de solicitantes de asilo o personas protegidas entre países de la UE (lo que en la jerga de la Unión Europea se llama “reubicación”) debería practicarse más. Las recientes iniciativas para los planes de reubicación temporal de Grecia e Italia como una medida excepcional dentro del sistema de Dublín suponen un progreso decisivo a la hora de poner por primera vez al frente del debate político la cuestión del reparto ecuánime de la responsabilidad. Sin embargo, tienen algunos fallos.
En primer lugar, el número de solicitantes de asilo pendientes de ser reubicados es el resultado de una elección política arbitraria en lugar de ser el resultado de una evaluación objetiva del número de personas que deberían reubicarse en función de un reparto ecuánime de las responsabilidades. El hecho de que los mecanismos sean fijos y tengan un número tope de personas a reubicar en vez de ser flexibles significa que no serán capaces de responder a los cambios o variaciones en los flujos de personas.
En segundo lugar, la decisión sobre la reubicación se impone a los solicitantes de asilo sin tener en cuenta sus preferencias. Su naturaleza excepcional, más que permanente, produce los mismos desincentivos para una implementación efectiva que se observaron en el trabajo ordinario del sistema de Dublín. Estos factores menoscaban de forma significativa los mecanismos que la UE y sus Estados miembro han intentado poner en marcha con bastantes dificultades desde finales de septiembre de 2015.
Philippe De Bruycker debruyck@ulb.ac.be
Profesor del Centro de Política Migratoria del Instituto Universitario Europeo www.migrationpolicycentre.eu y del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas http://odysseus-network.eu
Evangelia (Lilian) Tsourdi liliantsourdi@gmail.com
Investigadora adjunta del Centro de Política Migratoria del Instituto Universitario Europeo www.migrationpolicycentre.eu y de la Universidad Católica de Lovaina.