Promover los derechos humanos y proteger la dignidad humana se encuentran entre los valores principales de la Unión Europea (UE), cuyas instituciones están legalmente vinculadas por la Carta de los Derechos Fundamentales, que los recoge. Esa es la razón por la que salvar y proteger a los migrantes debería ser una prioridad para la UE y por eso es necesaria una operación global de búsqueda y salvamento. A pesar de que las ONG hacen llamamientos a que se dé prioridad a salvar vidas humanas, la respuesta de la UE a las tragedias en el Mediterráneo se ha centrado más en evitar que los migrantes vengan a Europa que en salvar vidas.
Tras los dos incidentes que tuvieron lugar en octubre de 2014, Italia desplegó la operación Mare Nostrum cerca de la costa libia, lo que ayudó a salvas decenas de miles de vidas. Por desgracia, Mare Nostrum terminó en 2014 y ha sido reemplazada por la operación Tritón de Frontex, que cubre un área geográfica más pequeña, dispone de muchos menos recursos y se centra más en la vigilancia de las fronteras que en salvar vidas. Son las Armadas de Malta e Italia quienes realizan más operaciones de búsqueda y salvamento así como los buques comerciales que normalmente responden a las llamadas de emergencia de barcos en peligro. Algunas ONG como Médicos Sin Fronteras, Migrant Offshore Aid Station y el Consejo Noruego para los Refugiados también aportan sus propios barcos a dichas operaciones.
Sin una operación más amplia y estructurada a nivel europeo, seguirá existiendo un alto riesgo de que algunos barcos en peligro no reciban ayuda a tiempo y más migrantes pierdan la vida al intentar cruzar el Mediterráneo. Haría falta una operación de búsqueda y salvamento similar a la italiana Mare Nostrum que cubriera un área geográfica amplia y que gozara de recursos suficientes. En vez de eso, los líderes europeos se centran más en la lucha contra los contrabandistas y en posibles acciones militares en el Mediterráneo para destruir embarcaciones no aptas para la navegación en alta mar.
Rutas legales y seguras
Para evitar más muertes en el Mediterráneo, los líderes europeos deberían pensar en abrir más rutas legales y seguras para los migrantes forzados. Hay propuestas concretas sobre la mesa; varias organizaciones confesionales emitieron en noviembre de 2014 un informe conjunto acerca de una política sobre caminos seguros y legales para la protección en Europa[1]. En este informe se solicitaba el desarrollo de un conjunto de instrumentos para satisfacer las necesidades específicas de los diferentes colectivos de personas que se ven forzadas a huir de la guerra, de la violencia indiscriminada, de la persecución política y de otras violaciones de los derechos humanos.
Entre dichos instrumentos se encontraría el reasentamiento de los refugiados que ya hayan sido reconocidos por ACNUR. La UE podría ofrecer más plazas de reasentamiento dentro de su cuota anual (unas 20 000 plazas por año en 2020, como propuso la campaña Resettlement Saves Lives [el reasentamiento salva vidas[2]]). Esas cifras seguirían siendo muy reducidas para toda la UE. Aunque el reasentamiento y la admisión por motivos humanitarios seguirían siendo voluntarios para los Estados miembro, la UE podría ofrecer —además de financiación— experiencia y coordinación política para favorecer que se garanticen mayores cifras.
Otra herramienta podría consistir en mejorar las facilidades para la reunificación familiar. La vida familiar es de gran importancia para el bienestar de los refugiados y crucial en una integración exitosa. El Tribunal de Justicia de la UE ha destacado que el objetivo de las leyes europeas aplicables es permitir la vida familiar y que la ley se interprete y aplique en este contexto. Una aplicación de la legislación de la UE a nivel nacional que reuniera estos requisitos y que evitara restricciones injustificadas permitiría que un buen número de personas necesitadas de protección vinieran a Europa de forma segura y organizada y pudieran reunirse con los familiares que ya viven aquí (quienes podrían apoyarles a la hora de empezar una nueva vida). El concepto de “familia” también debería interpretarse de una forma más amplia para incluir no sólo al núcleo familiar sino también a otros tipos de familiares.
Además de estas medidas, la expedición de un visado humanitario para algunos colectivos de migrantes forzados podría ser una forma efectiva de protegerles. En los lugares en que las personas puedan acceder a la Embajada o Consulado de un Estado miembro, ya sea en su país de origen o en uno de tránsito, se les podría dar un visado que les autorizara a viajar a ese Estado. Cuando el solicitante llegara al país de destino se seguiría el procedimiento de asilo habitual. La expedición de visados humanitarios bajo este modelo no debería depender de una evaluación positiva de los posibles resultados de la solicitud.
También recomendamos fervientemente considerar la eliminación provisional de los requisitos para obtener el visado para determinados colectivos, lo que permitiría a las personas que buscan protección viajar de forma segura y gastar su dinero en medios de transporte ordinarios en vez de pagar a contrabandistas.
Las bases legales de estas propuestas ya pueden hallarse en la legislación de la UE y todos estos elementos que ya existen deberían desarrollarse más y recopilarse para crear un conjunto global de provisiones y políticas adaptadas a las circunstancias. Sólo entonces la Unión Europea estaría cumpliendo con las expectativas de sus propios estándares y valores.
Stefan Kessler stefan.kessler@jesuiten-fluechtlingsdienst.de
Oficial de Políticas, Servicio Jesuita a Refugiados Alemania www.jesuiten-fluechtlingsdienst.de