La protección social: ¿una cuarta solución duradera?

Aunque el número de solicitantes de asilo y refugiados en Europa y América Latina es muy diferente, Brasil y Ecuador están implementando una solución que podría marcar la pauta a la Unión Europea sobre cómo repartir la responsabilidad dentro de un mismo bloque regional. 

Un proyecto piloto llamado “Movilidad Regional e Inserción Socioeconómica de Refugiados” se propuso en 2014 como parte de la Declaración de Brasil y de su Plan de Acción[i]. En la práctica consiste en un proyecto para traer a Brasil a refugiados colombianos que se encuentran en Ecuador. Durante un período de dos años, 200 personas vendrían a trabajar a Paraná, en el sur de Brasil, con contratos de empleo garantizados por el Gobierno brasileño. Aparte de sus salarios, ACNUR garantizaría una asistencia financiera extra durante un breve período de tres meses a las familias colombianas (de 1 a 5 personas) que vivieran en Ecuador y que tuvieran al menos un miembro en edad laboral (de 18 a 45 años). Mediante alianzas con actores locales privados se detectaron empleos en el sector servicios, en la construcción, en la industria agrícola, textil y en supermercados.

El Gobierno brasileño reconocería a estas familias como refugiadas y les garantizaría su protección aunque también podrían solicitar la residencia en el país porque desde 2013 Brasil y Ecuador forman parte del acuerdo sobre exención de visas entre los Estados partes del MERCOSUR, por el que los residentes en los países miembros del bloque regional[ii] tienen derecho a la residencia en cualquiera de los países firmantes sin tener que justificar su condición migratoria.

Este proyecto piloto consiste, sobre todo, en la movilidad laboral y extiende claramente la protección a los refugiados más allá del nivel legal hasta incluir la protección social. Al principio, el proyecto piloto se enmarcaba como una cuarta solución pero pronto se empezó a conocer como una modalidad especial de reasentamiento. Su diferencia respecto al reasentamiento tradicional residiría en que sus beneficiarios serían emprendedores o personas con disponibilidad para trabajar y no colectivos vulnerables o personas cuya seguridad se encontrara amenazada.

Pero también puede establecer una pauta como un innovador añadido a las tres soluciones duraderas tradicionales consistentes en la integración local, la repatriación y el reasentamiento. Estas tres soluciones reciben cada vez más críticas debido a que nunca se había producido tal cantidad de crisis de refugiados, tanto nuevas como prolongadas. Los niveles de repatriación se encuentran bajo mínimos, las crisis financieras están perjudicando a los esfuerzos de integración y el reasentamiento sólo cuenta con el apoyo de un reducido y limitado número de países de acogida.

El Gobierno brasileño propuso inicialmente un proyecto piloto y en diciembre de 2014 se presentó al Gobierno de Ecuador un acuerdo bilateral. En un principio se esperaba que la implementación del programa tuviera lugar en octubre de 2015 pero aún sigue pendiente de aceptación por parte de Ecuador. Está teniendo lugar un importante debate jurídico sobre si los refugiados colombianos de Ecuador deberían o no mantener su condición de refugiados tanto en Brasil como en Ecuador durante los tres primeros meses de adaptación, donde los argumentos se centran en la garantía de protección en caso de que los refugiados no se adapten a la vida en Brasil y quieran regresar a Ecuador.

Aunque replicar un programa piloto de movilidad laboral como este en otras regiones del mundo requeriría de una adaptación a la idiosincrasia de cada región, al fin y al cabo se trata de una iniciativa que propone mejorar la coordinación de los mecanismos de asilo regionales a través de la protección social. Aunque tradicionalmente la protección para los refugiados giraba en torno a la interpretación legal, se está abordando cada vez más bajo la perspectiva de la protección social[iii] mediante, entre otras, unas políticas de bienestar social que afectan al mercado laboral, a los seguros sociales y la asistencia social. Esto supone el reconocimiento tácito de que los refugiados que se enfrentan a la persecución no sólo necesitan protección mediante documentos y derechos sino también con el acceso al mercado laboral, a los alimentos y a los servicios sociales. Este tipo de proyecto de movilidad laboral puede ayudar a llamar la atención sobre el efecto del influjo regional de los refugiados, especialmente donde los países pequeños o pobres son los primeros y principales afectados: Italia y Grecia, sin ir más lejos.

 

Carolina Montenegro carolmontcastro@gmail.com

Periodista que escribe sobre derechos humanos y cuestiones humanitarias.



[ii] Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

[iii] Véase la definición del Banco Mundial: políticas y programas diseñados para reducir la pobreza y la vulnerabilidad promoviendo mercados laborales eficientes que reduzcan la exposición de las personas a los riesgos y que promuevan su capacidad de gestionar riesgos económicos y sociales como el desempleo, la exclusión, la enfermedad, la discapacidad o el envejecimiento. Banco Mundial (2001) Social protection sector strategy: from safety net to springboard [Estrategia del sector de la protección social: de la red de seguridad al trampolín], Washington, D.C.

http://documents.worldbank.org/curated/en/2001/01/828354/social-protection-sector-strategy-safety-net-springboard

 

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