Las personas que necesitan protección internacional que llegan como parte de las corrientes mixtas corren el riesgo de ser perseguidas en los países en los que la entrada irregular constituye un delito. Según la ley búlgara, los extranjeros podrán ser sancionados por cruzar la frontera de forma ilegal mediante pena de prisión de hasta cinco años más una multa. La posibilidad de que se penalice el cruce irregular de fronteras acentúa la necesidad de identificar a los solicitantes de asilo con el fin de garantizar que disfrutan de su derecho a no ser penalizados por ello.
Bulgaria introdujo en noviembre de 2013 medidas destinadas a reforzar el control de las fronteras ante los crecientes flujos migratorios. Esas medidas provocaron que personas que necesitaban protección internacional no consiguieran llegar a territorio búlgaro y pedir asilo. Los informes han documentado alegaciones acerca de personas que necesitaban protección internacional a las que se les había impedido físicamente que entraran en territorio búlgaro. Entre otras cosas, habían sido víctimas de maltrato y expulsadas sumariamente de Bulgaria sin haber tenido la oportunidad de solicitar asilo.
Bulgaria dispone de un decreto que estipula, de acuerdo con las enmiendas introducidas en 2011, que se debería registrar la solicitud de las personas que solicitaran asilo a través de la Policía fronteriza tras su arresto por entrada irregular en el país y que deberían ser remitidas a la Agencia Estatal para los Refugiados (SAR, por sus siglas en inglés); luego, deberían ser alojadas en centros de recepción abiertos. A pesar de esto, a las personas que solicitaron asilo a la Policía fronteriza tras cruzar la frontera de forma irregular se les transfirió a un centro de internamiento establecido en 2013 como parte de las medidas para lidiar con el creciente número de llegadas. Esas detenciones como consecuencia de que a los solicitantes de asilo se les trate como si fueran migrantes irregulares son ilegales al amparo de las leyes de la UE y de Bulgaria.
A lo largo de los últimos cinco años, Bulgaria ha realizado importantes esfuerzos para mejorar el acceso al territorio y sus procedimientos. Por ejemplo, ahora todos los pasos fronterizos ofrecen folletos en varios idiomas con información sobre los procedimientos de asilo. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la Policía fronteriza a la hora de identificar a las personas que necesitan protección internacional y de registrar sus solicitudes es la falta de intérpretes, lo que reduce el impacto de otros progresos.
Aunque la legislación búlgara especifica que una solicitud de asilo puede manifestarse de forma oral, escrita u “otra”, las reticencias a asumir un papel más activo en la identificación de las solicitudes de asilo resulta especialmente problemática en los casos de aquellas de personas vulnerables. Cuando están relacionadas con la edad, el género, la orientación sexual o discapacidad o como consecuencia de la tortura o la violencia sexual, las personas podrían ser incapaces de expresar su necesidad de solicitar protección internacional. Ayudaría disponer de formación para identificar a los solicitantes de asilo, incluidos aquellos con necesidades especiales. Disponer de directrices adicionales que especificaran la obligación de la Policía fronteriza de informar a la gente ‒a aquellos que lleguen a la frontera o que sean detenidos tras una entrada irregular‒ de la posibilidad de solicitar asilo y de cómo y dónde deben hacerlo, facilitaría el acceso al procedimiento a los solicitantes de asilo que llegan en las corrientes mixtas. Esto también ayudaría a mitigar el riesgo de que se les expulsara antes de haber podido realizar su solicitud de asilo o antes de que ésta hubiera sido examinada.
Mariya Shisheva m.shisheva@gmail.com
Investigadora independiente.