El discurso de la seguridad y la detención en Sudáfrica

Para los legisladores gubernamentales de todos los rincones del planeta la detención siempre ha parecido un modo efectivo de mantener un seguimiento de los migrantes, vistos como potencialmente peligrosos para la seguridad, y una forma de hacer que la migración resulte menos atractiva para ellos. No obstante, existen pocas evidencias de que esta estrategia –aunque resulte popular entre el público en general– esté alcanzando sus objetivos en cuanto a seguridad y disuasión.

Al mismo tiempo, las prácticas de detención de Sudáfrica ilustran hasta qué punto el mensaje sobre que la imposición de medidas de seguridad sobre la migración resulta esencial para mantener la integridad del Estado puede legitimar una serie de prácticas ilegales y provocar muchos retrocesos, entre los cuales se incluyen detenciones y deportaciones ilegales, violación de derechos, costes financieros, un caldo de cultivo para la corrupción y problemas para el cumplimiento de la ley.

La presunción de ilegalidad

La detención de inmigrantes es discrecional según el derecho sudafricano. Los discursos predominantes que enmarcan la migración como un problema de seguridad, sin embargo, han promovido que aumenten las detenciones en la práctica. En raras ocasiones, si es que lo hacen en alguna, los funcionarios de inmigración aplican cierto criterio. En vez de eso, a los “extranjeros ilegales” se les mantiene en el Centro de Repatriación de Lindela[1] por defecto. Los funcionarios de inmigración no tienen en cuenta factores que podrían pesar más que los argumentos para detenerles (menos el soborno, que sigue siendo una opción viable para evitar la detención). El resultado es una confianza ciega en la detención como método, que atrapa en sus redes a solicitantes de asilo, refugiados, migrantes documentados y a otros que se encuentran de manera legal en el país. Posteriormente muchos de estos individuos serán deportados ilegalmente, algunos de vuelta a los peligros de los que habían huido.

Dentro de Lindela, la asunción de que todos los detenidos son ilegales y por tanto constituyen un peligro para la seguridad ha legitimado la violación rutinaria de los derechos de los detenidos y su desprotección jurídica. En uno de los casos, por ejemplo, para justificar su desobediencia del específico y absoluto límite de 120 días que impone la ley en los casos de detención de inmigrantes, el Ministerio del Interior (DHA, por sus siglas en inglés)[2] argumentó que había cumplido en la medida de lo “razonablemente posible” con la ley pero que consideraba que “el interés superior de velar por la justicia” legitimaban la posibilidad de seguir deteniendo al individuo indefinidamente, y que soltarle según lo que dicta la ley sería de hecho “perpetuar la ilegalidad” enviando el “mensaje equivocado” a los “extranjeros ilegales” que se encontraban en el país. El hecho de que el detenido en cuestión fuera un solicitante de asilo al que se había enviado erróneamente a Lindela tras haber sido liberado de cargos delictivos no relacionados resultó irrelevante para el Gobierno a la hora de decidir si llevaba a cabo su detención, que automáticamente etiquetó este caso como una cuestión de seguridad. El Ministerio admitió además que no había apelado a un Tribunal de Magistrados, como exige la ley, para solicitar una orden para prolongar su detención a más de treinta días porque como “entidad con carácter jurídico” que es, sus miembros estarían dispuestos a adherirse a los requisitos legales que el Ministerio del Interior considerase que tiene derecho a ignorar. En otras palabras, los intereses del Estado –definidos en términos de seguridad– justificaban que se desobedecieran disposiciones jurídicas con el fin de mantener una noción más amplia de la legalidad entendida mediante el control sobre los migrantes y su aplicación a través de la detención. En un período de 23 meses entre 2009 y 2010, la ONG de asistencia jurídica Lawyers for Human Rights (abogados para la defensa de los derechos humanos) llevó más de 100 casos representando a particulares que habían sido detenidos ilegalmente y, desde entonces, siguen presentando este tipo de casos casi semanalmente. A causa de sus competencias limitadas, estos casos tienden a representar sólo una fracción de todos los que se encuentran detenidos ilegalmente en Lindela.

El Ministerio del Interior sostiene que un individuo puede seguir siendo un extranjero ilegal después de haber solicitado asilo y que los mismos solicitantes pueden ser detenidos como extranjeros en situación de ilegalidad. Los funcionarios de inmigración también detienen a individuos en la frontera antes de que puedan solicitar asilo, así como a individuos que se hallan dentro del país y que manifiestan su intención de solicitar asilo. Estas prácticas contravienen directamente el régimen jurídico establecido por la Ley de Refugiados de Sudáfrica, que exige que a todos los individuos se les permita solicitar asilo, prohíbe la detención de los solicitantes de asilo como si fueran extranjeros en situación de ilegalidad, y sólo permite la detención de los solicitantes de acuerdo con una serie de circunstancias muy concretas, al mismo tiempo que establece un estricto conjunto de garantías procesales.

Clasificar la migración como una amenaza contra la seguridad ha generado la percepción de que las demandas jurídicas de los detenidos carecen de legitimidad, animando a los funcionarios de inmigración a denegar a los detenidos el acceso a sus derechos jurídicos de recurrir y solicitar una revisión de su caso.[3] El acceso a los derechos jurídicos está circunscrito en gran medida a la detención y los individuos pueden llegar a ser deportados ilegalmente sin un proceso de apelación o recurso y con grandes riesgos para su seguridad. Los casos revelaron la práctica de detener a solicitantes de asilo y refugiados documentados y denegarles de forma activa el acceso particular a los sistemas de protección jurídica dentro del marco de la solicitud de asilo.[4]

Costes adicionales y retrocesos.

Por otro lado, no hay muchos indicios que sugieran que dichas detenciones hayan sido efectivas a la hora de alcanzar sus objetivos. De hecho, podrían estar menoscabándolos. Dado que ya no pueden entrar al país de manera legal y conseguir documentación, muchos deportados vuelven después a Sudáfrica de forma ilegal o solicitan documentación usando un nombre falso, poniendo en entredicho la afirmación de que ha aumentado la seguridad relacionada con las deportaciones. En comentarios recientes que sugerían volver a evaluar las prácticas de detención y deportación, el ministro de Interior observó que su política fallida le estaba costando al país 70-90 millones de rands (7-9 millones de dólares estadounidenses) por año.

Las extendidas detenciones han originado también una cultura de corrupción, ya que muchos individuos –incluso aquellos que han sido detenidos de forma ilegal– no tienen más opción que sobornar para ser liberados y evitar la deportación. El poder obtener estos pagos supone un incentivo más para que los funcionarios denieguen a los detenidos el acceso a medios legales y gratuitos para conseguir su libertad. Quizás la principal consecuencia de la ley es la ciega confianza en el poder de la detención. El Ministerio del Interior defiende cada cierto tiempo las violaciones de la legalidad amparándose en la necesidad, en lo que supone una completa desobediencia de los dictámenes judiciales. Debido a que se considera que la seguridad prima sobre otros intereses, se sientan las bases para confíar aún más en la detención, lo que da lugar a la violación de derechos, corrupción y, finalmente, desobediencia de las leyes por parte del Gobierno, una situación que amenaza con menoscabar los pilares de la democracia constitucional.

Roni Amit roniamit@wits.ac.za es es investigador senior en el Centro Africano para la Migración y la Sociedad (ACMS, por sus siglas en inglés) www.migration.org.za