Mientras toda la estructura de maquinaria de ayuda se desplegaba en la última emergencia mundial, se hacía evidente que no estaba diseñada para abordar las necesidades de una población desplazada procedente de un país en el que disponían de unos ingresos medios.
Aunque la mayoría de los refugiados se encuentran alojados en casas de acogida y en alojamientos de alquiler, en el campo de Zaatari en Jordania (actualmente el mayor campo de refugiados del mundo) es donde se ve más claramente que se “controla” a la población siria. Reúne todo lo malo de los campos. El Gobierno jordano confina a la población, toma posesión de sus documentos de identidad, y no les permite libertad de movimiento para trasladarse a otras zonas del país. Los organismos de ayuda colaboran para contener la crisis por medio de la provisión de ayuda. Tanto unos como otros se quedan perplejos cuando los frustrados residentes de los campos les tiran piedras. Hablamos de una población con recursos en la que predominan las personas con estudios y con un historial de migración regional y vinculaciones a lo largo de Oriente Medio. Les está costando ser “agradecidos” por tener que hacer hacer cola para recibir una rebanada de pan y un paquete de comida mientras se encuentran atrapados en un campo polvoriento entre Siria y Jordania.
Hay unos pocos ejemplos de organizaciones con soluciones que buscan problemas que resolver. En el Líbano, la mayor carga para la población es el aumento exponencial de los alquileres, lo que empeora su situación al reducir sus oportunidades laborales. Por lo general, no hay problemas a la hora de conseguir alimentos pero aun así reciben vales de compra (27 dólares al mes) del PMA que cubren sólo una parte del consumo real de alimentos de unas personas que están acostumbradas a gastar al mes mucho más sólo en productos básicos. Lejos de ser una intervención vital, el vale es sólo una de tantas otras “estrategias de resolución de problemas” –recursos que pueden aprovechar– y no es de extrañar que hasta el 40% de estos vales se vendan en vez de canjearse. La disminución de los recursos de los hogares en esta etapa de la crisis no constituye una crisis nutricional o de alimentos, sino financiera. Decir que el vale mensual de 27 dólares compensa otros costes es un tópico que no justifica una empresa tan costosa, cuya administración consume recursos humanos y financieros.
La gente hace cola al menos dos veces al mes para conseguir sus vales en los almacenes o estadios de fútbol de los centros urbanos, donde se reparte una combinación de “artículos no alimenticios” (procedentes de ACNUR), vales para canjear por comida (del PMA) y otros obsequios de los Estados del Golfo y de particulares filántropos. El proceso de registro se diseña de forma meticulosa para evitar fraudes, lo que conlleva un enorme coste de tiempo y dinero. El receptor lleva entonces el vale a una tienda designada para tal efecto en la que el personal de la agencia “monitoriza” el mostrador para asegurarse de que el vale se gasta sólo en alimentos nutricionales, no en pasta de dientes, champú o chocolate. Si la tienda contraviene con demasiada frecuencia las normas, recibe una penalización o es retirada de lo que los comerciantes reconocen que es un programa bastante lucrativo.
Inevitablemente los vales en papel han atraído su propia microeconomía. Las cuentas son sencillas: el receptor vende el vale por 20 dólares al ciudadano medio (normalmente nada más salir del lugar de distribución), éste se lo vende a un comerciante por 23 dólares, quien a su vez lo canjea por su valor original de 27 dólares. Éste es un gran negocio que representa un movimiento de unos 20 millones de dólares al mes que van cambiando de manos. En un intento de reducir este tipo de transacciones perniciosas, el vale se reemplazará en breve por una tarjeta electrónica que incluirá una partida proporcional para artículos no alimenticios. Todavía no sabemos cómo el ciudadano medio conseguirá capitalizar esta ayuda en forma de tarjeta de crédito, pero lo hará.
Mientras tanto, la ONU se está preparando para pasar de una distribución generalizada a una específica en la que se identificará a las familias “más vulnerables”. Pero son un objetivo en constante movimiento, que cambia a diario a medida que cada vez más personas son expulsadas del alojamiento en el que viven de alquiler y en el que no previeron quedarse más que un par de meses antes de regresar a sus hogares. Las familias de clase media que llegaron en cómodos coches se encuentran con que sus ahorros van disminuyendo rápidamente; de ahí, la aparente paradoja de una familia que llega en un Mercedes a recoger una caja de alimentos o un vale.
Seguramente no sea necesario pasar al caro y lioso método de diseñar vales específicos, paquetes de alimentos y de artículos no alimenticios, y establecer una logística de distribución en un país en el que abundan los suministros. Parece existir una ceguera dolosa por parte de los donantes y los organismos de ayuda atrapados en un estereotipo repetitivo de la asistencia a los refugiados. Sin las superfluas modalidades de la “industria” de la ayuda sobre el terreno, es muy probable que los refugiados sirios pudieran haber recibido al menos el doble de dinero con una sencilla entrega en efectivo en mano.
Jon Bennett Jon.Bennett@dsl.pipex.com es consultor independiente.