El sistema de aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos ve la disuasión como el medio más sostenible para mantener el control de las poblaciones migratorias, independientemente de los factores de atracción y expulsión. Dentro de este marco, los migrantes forzados podrían enfrentarse a la persecución criminal federal, a penas de prisión y a la deportación si están en Estados Unidos sin autorización. Aunque el único propósito de la detención de inmigrantes es garantizar que se cumplen los procedimientos de los tribunales de inmigración y las órdenes judiciales, su abuso demuestra que la filosofía de la disuasión ha calado hondo en el sistema concretándose en mecanismos más restrictivos y aparentemente punitivos para hacer que se cumplan las leyes. A pesar de que la disuasión tiene poco valor en el contexto de los migrantes forzados que huyen de sus países de origen por supervivencia o que ansían reunificar a sus familias, el Gobierno estadounidense no distingue entre los forzados y el resto de migrantes a la hora de decidir sobre su detención.
La detención de menores
Desde 2002, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha sido la responsable de cuidar y custodiar a los menores no acompañados detenidos por las agencias encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes de inmigración. Esos menores habían permanecido previamente detenidos en centros de detención para adultos y no se les había tratado según los estándares de bienestar social que les correspondían. Ahora se les aloja en centros de detención de inmigrantes específicos para menores en donde se evalúa su riesgo de fuga o de daños a la comunidad si se les dejara libres, así como su necesidad de protección. Estas evaluaciones guían las decisiones de la ORR de mantener a los menores detenidos o derivarlos a una alternativa basada en la comunidad –como hacen con la mayoría de los menores–, que puede consistir en dejarlos con una familia de acogida o entregárselos a un mecenas, normalmente un familiar. Se estima que el 70% son entregados a un familiar u otra persona que se haga cargo, como un amigo de la familia, y alrededor del 20% entran en un sistema de acogida gestionado por una red de ONG.
Aunque el trato de los menores custodiados por la ORR ha contribuido enormemente hacia un mayor reconocimiento de las alternativas a la detención basadas en la comunidad, los nuevos modelos omiten la necesidad de crear competencias para los servicios basados en la comunidad. El programa de “Servicios posteriores a la liberación”, financiado por la ORR e implementado por las ONG pretende facilitar al menor y a su cuidador –entre otros– el acceso a servicios jurídicos, médicos, de salud mental y educativos. Por desgracia, sólo al 20% de los menores que son entregados a un familiar u otro tutor se les asigna un trabajador social que les facilite el acceso a estos servicios “transversales”, y también carecen de servicios y asesoramiento legal gratuito o a bajo coste. Muchos menores luchan por adaptarse a su nuevo estilo de vida y a sus circunstancias familiares en Estados Unidos; sus consecuencias tienen un coste a largo plazo –como los abusos, la mendicidad o la delincuencia– que suele exceder el que las comunidades pagarían por adelantado por los servicios transversales y las alternativas a la detención que promovieran la protección y la unidad familiar y mejoraran los resultados de cumplimiento e integración.
Con escasa financiación, las nuevas políticas implementadas desde abril de 2013 permiten la entrega inmediata de menores a un padre o tutor legal sin necesidad de comprobar las huellas dactilares de la persona o verificar que disponga de unos ingresos estables, un domicilio o esté capacitada y dispuesta a cuidar del menor. Este mismo impulso a entregar a los menores también implica una presión adicional para el personal encargado de la detención y de la gestión de los casos, al reducir el tiempo disponible para llevar a cabo recomendaciones de vital importancia para el cuidado del menor.
La detención de adultos
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) –el organismo encargado de gestionar la custodia de los adultos– informó de un aumento histórico que ascendía a 429.000 individuos detenidos con propósitos migratorios en 2011, con un coste de casi 166 dólares estadounidenses por persona y día. El Gobierno mantiene 34.000 camas para la detención de adultos por días. Esta confianza excesiva en la detención ha avivado una industria de las prisiones privadas con ánimo de lucro, que ahora presiona a los legisladores para que mantengan estrictas leyes de inmigración con que poder llenar más camas de detenidos.
Las evaluaciones individuales resultan críticas para determinar a quién se le debería aplicar la detención, a quién se le debería aplicar una alternativa a la detención y qué asistencia necesita un particular cuando se encuentra detenido o tiene que cumplir con las condiciones de su puesta en libertad. Estados Unidos nunca ha llevado a cabo dichas evaluaciones pero a principios de 2013, el Gobierno lanzó una nueva herramienta nacional para la evaluación y clasificación de los riesgos que, por primera vez, exigirá al ICE realizar evaluaciones individuales basadas en diversos factores, entre ellos un historial de traumas. Sin embargo, esa evaluación y clasificación se ha diseñado sólo para recomendar la detención o la puesta en libertad, pero no para determinar el tipo y nivel de servicios que un adulto necesita para moverse por los tribunales, cumplir con las condiciones de su puesta en libertad (en especial, la obligación de presentarse ante las autoridades) e integrarse en la comunidad. Esta falta de información seguirá menoscabando los resultados entre los migrantes forzados que no estén lo suficientemente conectados con los servicios transversales adecuados tras su puesta en libertad. Al igual que para los menores, las alternativas a la detención para adultos no están creando competencias para los servicios basados en la comunidad.
Alternativas basadas en la comunidad
Desde la década de los noventa, las ONG estadounidenses han defendido y puesto a prueba alternativas a la detención basadas en la comunidad. El modelo más reciente lo coordina el Servicio Luterano para Inmigrantes y Refugiados y lo han implementado más de 20 ONG locales en siete comunidades de todo el país. Su objetivo es crear unas infraestructuras de intervenciones basadas en la comunidad disponibles, accesibles, aceptables y de gran calidad para ayudarles a cumplir con las condiciones de la puesta en libertad (por ejemplo, la comparecencia en las vistas para su expulsión) de manera que resulten más rentables que la detención, a la vez que respetan los derechos humanos y mejora la integración, la salud y el bienestar de sus clientes.
Ha habido tres grandes retos en ello: realizar tanto recaudaciones como campañas de divulgación entre la comunidad para conseguir fondos y voluntarios que ayuden a prestar los servicios; recopilar datos para medir la repercusión de este enfoque basado en la comunidad que justifiquen las recomendaciones; y finalmente poner en contacto a los clientes con los escasos servicios jurídicos, médicos, de salud mental, de visita a familiares, vivienda, educación y empleo. Estos retos pudieron ser superados gracias al aumento de la financiación, en especial a la que provino del Gobierno estadounidense, quien actualmente no financia alternativas llevadas a cabo por la sociedad civil. Sin embargo, la voluntad política para cambiar hacia recursos alternativos a la detención se está debilitando por los esfuerzos en disuadir futuras migraciones, una increíble barrera para unas alternativas a la detención basadas en la comunidad que son efectivas, humanas y que están en pleno proceso de expansión.
Megan Bremer MBremer@lirs.org es directora interina del departamento de Acceso a la Justicia, Kimberly Haynes KHaynes@lirs.org es directora de servicios a menores, Nicholas Kang Nick_Kang@hks15.harvard.edu fue becario de investigación de programa (ahora en la Harvard Kennedy School), Michael D. Lynch MLynch@lirs.org es especialista en menores y Kerri Socha KSocha@lirs.org es coordinador del servicio de asignación de menores, todos en el Servicio Luterano para Inmigrantes y Refugiados de Estados Unidos. www.lirs.org
Véase Servicio Luterano para Inmigrantes y Refugiados Unlocking Liberty: A Way Forward for U.S. Immigration Detention Policy (El desbloqueo de la libertad: un camino hacia delante para la política de detención de inmigrantes de Estados Unidos), Octubre de 2011.