La libertad de movimiento de los refugiados afganos en Irán

Tras la revolución iraní de 1979 que dio paso a la República Islámica, el nuevo Gobierno mantuvo desde el principio una política de brazos abiertos hacia los refugiados afganos arraigada a los valores religiosos y los principios del Islam[1]. Como resultado, millones de refugiados afganos cruzaron las fronteras y se asentaron en Irán sin ningún tipo de restricción. Los refugiados afganos se integraron con bastante facilidad ya que compartían lengua y cultura con los autóctonos. Se introdujeron con éxito en el mercado laboral local aunque, debido a la naturaleza de los empleos que encontraban, una gran parte de ellos trabajaban en zonas alejadas mientras que sus familias residían en las ciudades. Resultaba inevitable, por tanto, que estos refugiados tuvieran que realizar trayectos para ir de su lugar de trabajo a su residencia y viceversa.

Los afganos en Irán no tenían dificultades para moverse con libertad de un lugar a otro hasta que en 2002 el Gobierno iraní decidió regularizar la situación de los afganos y lanzó un plan global conjunto con ACNUR para elaborar un registro[2]. A este plan preliminar le siguieron otras medidas complementarias, incluida la emisión de tarjetas de residencia temporales para estos refugiados. Aunque esas tarjetas emitidas por el Gobierno iraní regularizaban y legalizaban la situación de los afganos en Irán, también supusieron importantes restricciones en cuanto a su capacidad de movimiento dentro del país.

En 1976 Irán accedió a la Convención de 1951 y al Protocolo de 1967 pero puso reservas a cuatro artículos, entre ellos al Artículo 26 que otorga libertad de movimiento a los refugiados. Por consiguiente, el Gobierno iraní no se considera legalmente obligado por las provisiones de dicho artículo, cuya última parte exige que la parte contratante proporcione libertad de movimiento a los refugiados de acuerdo con cualquier ley que fuese de aplicación a extranjeros en las mismas circunstancias.

Sólo cuando se expidieron las primeras series de tarjetas de residencia en 2003, a los afganos y otros refugiados se les autorizó a moverse libremente dentro de la provincia de residencia designada. No obstante, para viajar a otras provincias, a los refugiados se les exigía que informasen a las autoridades y obtuvieran un Laissez-Passer (permiso de viaje) antes de viajar. Sin él, a los refugiados no se les permitiría salir de su provincia o ciudad de residencia. El incumplimiento de dicho requisito podría conducir a su arresto, detención e incluso deportación a discreción de las autoridades. Aunque la solicitud de un Laissez-Passer no constituye un obstáculo importante para los refugiados, podrían tener problemas debido al papeleo que conlleva y a las tasas de expedición.

A los refugiados afganos sólo se les permitía trabajar en sus zonas de residencia. No podían salir de las zonas de trabajo que se les había asignado sin haber obtenido previamente un Laisser-Passer. Algunas zonas de residencia designadas estaban tan limitadas que los afganos tenían problemas para encontrar trabajo allí. Además, los refugiados afganos sólo estaban autorizados a ser contratados para ciertos trabajos, una provisión que limitaba claramente sus opciones laborales.

Zonas de interdicción

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán declaró en 2007 algunas provincias –o algunas ciudades de provincias concretas– zonas de interdicción para los ciudadanos extranjeros, incluidos los refugiados. La base legal para esto fue el Artículo 13 de la Ley de Entrada y Residencia de Ciudadanos Extranjeros en Irán, que establecía que el Gobierno podía declarar zonas de interdicción por razones de “seguridad nacional”, “interés público” y “salud pública”[3]. En el momento en que se estaba implementando la nueva política, la mayoría de las zonas de interdicción se situaban en áreas fronterizas pero, con el paso del tiempo, se fueron expandiendo y ahora incluyen provincias y ciudades de todo el país.

De acuerdo con la política de zonas de interdicción, a los refugiados afganos no se les tiene permitido residir ni viajar por ellas. Tras la declaración y publicación de la lista de zonas de interdicción, a los refugiados se les dio una fecha límite para que decidieran si querían optar por la reubicación en otras zonas de Irán determinadas por el Gobierno o ser repatriados a Afganistán. Si los trasladaban a otra zona, seguirían disfrutando de algunos derechos básicos como educación, empleo, sanidad y vivienda en un entorno seguro. Sin embargo, la reubicación resultaba problemática para los refugiados afganos ya que solían llevar años viviendo en la misma zona y habían establecido lazos sociales y emocionales, y redes económicas[4].

A aquellos refugiados que no cumplían los requisitos de la política de zonas de interdicción no se les permitió obtener nuevas tarjetas de residencia temporales y, como consecuencia, se les consideraba ciudadanos extranjeros en situación irregular dentro del país. Y las fuerzas policiales estaban autorizadas a arrestarlos y deportarlos a Afganistán.

Reflexiones humanitarias

Aunque el establecimiento y la implementación de la política de zonas de interdicción están legalmente bien fundamentados, resulta preocupante desde una perspectiva humanitaria. A los refugiados se les concede un período de tiempo considerable para prepararse para su traslado pero su impacto sigue siendo grande. Y sobre todo teniendo en cuenta que dicha reubicación resulta costosa para los afganos, que se encuentran entre los más pobres y vulnerables de la sociedad iraní, y para los que la búsqueda de empleo en un nuevo entorno supone una dificultad más.

Con el fin de paliar el impacto socioeconómico de la reubicación de refugiados, deberían tenerse en consideración las siguientes medidas antes, durante y después de la misma:

·         Designar zonas para la reubicación que sean cercanas en distancia y factores socioculturales y ambientales al anterior lugar de residencia de los refugiados. Cuanto más cerca se halle el nuevo lugar de residencia, más bajos serán los costes de transporte y los gastos de traslado. El parecido sociocultural y ambiental facilitará la integración de los refugiados en su nueva zona de residencia, y eso resultará beneficioso para las comunidades de acogida y los refugiados.

·         Dados los importantes costes que la reubicación supone para los refugiados, el Gobierno iraní y las organizaciones internacionales podrían asistirles de manera conjunta en su traslado, ya sea mediante ayuda financiera directa u ofreciéndoles servicios logísticos.

·         No se debería subestimar la importancia de la reintegración en la nueva zona de residencia. Las ONG locales podrían ayudar a los refugiados en cuestiones como vivienda, empleo y la escolarización de los niños refugiados.

Farshid Farzin farzinfarshid@gmail.com y Safinaz Jadali safinaz.jadali@gmail.com son investigadores independientes y miembros de la plantilla de ACNUR en Irán. Las opiniones vertidas en el presente artículo reflejan el punto de vista de los autores y no necesariamente el de ACNUR.