Ten cuidado con lo que deseas

¿La promoción de normas liberales puede tener un impacto involuntario y perjudicial en el modo en que los Estados enfrentan los desafíos de la inmigración irregular?

El Centro Residencial T. Don Hutto no es un hogar para adultos mayores, como su nombre podría dar a entender. Es un centro privado de detención migratoria con fines de lucro cerca de Austin, Texas, que confina a las mujeres migrantes indocumentadas en espera de la deportación por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. Hasta el año 2009, Hutto era conocido por ser uno de los dos centros de los EE.UU. que detenían a familias enteras. Hutto, que lleva el nombre de un pionero de la privatización de las cárceles, se encuentra en una antigua prisión que fue convertida en 2006 en un centro de detención familiar a instancias del Congreso.

Antes de 2006, las familias migrantes aprehendidas solían ser puestas en libertad en espera de la resolución de sus casos migratorios, o los miembros de la familia eran ubicados en instalaciones separadas; los niños eran puestos bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, mientras que los padres eran confinados en centros de detención para hombres o mujeres. Según un testimonio, cuando “el Congreso descubrió esto, tomó medidas inmediatas para rectificar la situación con el fin de garantizar que las prácticas del ICE estaban en consonancia con la tradición de los EE.UU. de promover los valores familiares.”[1] En resumen, la detención de familias en Hutto estaba destinada a proteger un importante derecho humano – el derecho a la vida familiar.

Sin embargo, casi súbitamente Hutto desató un acalorado debate sobre el tratamiento de niños y familias migrantes indocumentados. En 2007,  la Unión Americana de Libertades Civiles llevó a término con éxito una demanda que había interpuesto contra el ICE, que sostenía que las condiciones en el interior del centro de detención violaban las normas sobre el tratamiento de los menores bajo custodia migratoria federal. Dos años más tarde, en 2009, el gobierno de Obama anunció que ponía fin oficialmente a la detención de niños y familias en Hutto, y convirtió el centro en una instalación de detención sólo para mujeres adultas. Para el año 2010, la instalación se había sometido a un intenso cambio de imagen, convirtiéndose en un elemento central de los esfuerzos del gobierno para poner una cara más amable de la detención – transformada de ridícula cárcel de niños a un centro de detención supuestamente amigable para mujeres migrantes.

A principios de 2011, un funcionario del ACNUR describió el Centro Familiar del Condado de Berks – un centro de detención con un engañoso nombre que actualmente es el único lugar en los EE.UU., donde hay familias detenidas – como la encarnación “de las mejores prácticas para un modelo de detención migratoria verdaderamente civilizado.” El funcionario explicó que “el ACNUR cree firmemente que la gran mayoría de los solicitantes de asilo no deben ser detenidos”, pero que, en caso de que las familias sean detenidas, Berks es el modelo a seguir. Está claro que es importante aplaudir las mejoras en el tratamiento de los detenidos,  pero ¿es una buena idea que la principal agencia de la comunidad internacional en la protección de los solicitantes de asilo dé su visto bueno a los esfuerzos para detenerlos?

Dos características fundamentales de la detención migratoria contemporánea son su consolidación institucional gradual en el Estado-nación (como se observa en el cambio de las cárceles a los centros de detención especializados) y su expansión global. Estos acontecimientos parecen estar impulsados ​​por dos procesos: en primer lugar, la difusión de sistemas normativos dirigidos a proteger a los no nacionales y en segundo lugar, la externalización de las prácticas de interdicción de los Estados centrales del sistema internacional hacia la periferia. Como resultado, estamos asistiendo a la aparición de sistemas especializados de detención migratoria, incluso en países donde existe poca evidencia sobre esfuerzos sistemáticos para detener a individuos en los últimos diez o quince años.

Los actores de derechos humanos con frecuencia enfocan sus iniciativas en materia de detención, promoviendo el trato adecuado de los detenidos y aplaudiendo los esfuerzos de los Estados diferenciando entre el encarcelamiento penal y la detención administrativa de los migrantes irregulares y solicitantes de asilo. Sin embargo, es motivo de preocupación que el surgimiento de sistemas especializados de detención migratoria pueda llevar al aumento del uso de la detención.

Un ejemplo de ello es Europa. A diferencia de los EEUU, la mayoría de los países europeos dejaron hace tiempo de usar las cárceles con fines de detención migratoria, en parte debido a la presión de los organismos que promueven los derechos como el Consejo Europeo. La reciente Directiva sobre Retorno de la UE prevé que los Estados miembros deben utilizar centros especializados de internamiento para las personas que esperan la deportación. Pero el proceso de pasar de sistemas de detención  informal a los formales, que ha ocurrido en las últimas dos décadas, ha sido paralelo al crecimiento de la detención migratoria en esta región.

Externalización

Al mismo tiempo que las operaciones de detención se vuelven cada vez más especializadas en los países de destino, estos Estados están tratando de exportar a otros países sus esfuerzos por impedir la migración indocumentada, que plantea interrogantes sobre la evasión de su responsabilidad de cumplir las normas internacionales. Un ejemplo de ello es la nación africana de Mauritania, que en 2006 abrió su primer centro de detención especializado para migrantes irregulares en la ciudad portuaria de Nuadibú con la asistencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La participación de España en la creación de un centro de detención ha generado interrogantes sobre qué autoridad controla la instalación y quién garantiza los derechos de los detenidos. Aunque el centro es administrado oficialmente por el Servicio de Seguridad Nacional de Mauritania, las autoridades mauritanas declararon “clara y enfáticamente”  en octubre de 2008 que las autoridades mauritanas realizan sus trabajos a petición expresa del gobierno español.[2]

Como demuestra el caso de Mauritania, los esfuerzos de los países centrales para desviar las presiones migratorias están dando lugar a la externalización de los controles a los Estados que no son considerados destinos principales de migrantes y donde el Estado de derecho es débil. Esto plantea interrogantes acerca de la culpabilidad de las democracias liberales occidentales a) en los abusos que los detenidos sufren cuando son interceptados antes de llegar a sus destinos y b) evadiendo – mediante la externalización de las prácticas de detención – la necesidad de cumplir las normas internacionales relativas al derecho de un Estado de detener y deportar, como el derecho a la libertad y la prohibición de la devolución.

Los Estados liberales con frecuencia revelan una perceptible molestia cuando confinan a personas que no están involucradas en procesos penales, especialmente personas protegidas por normas adicionales, como las contenidas en la Convención sobre Refugiados de la ONU. Los Estados disfrazan la práctica mediante el uso de terminología engañosa – llamando a los centros de detención “casas de huéspedes” (Turquía), “albergues protegidos” (Hungría) o “centros de acogida” (Italia). Con frecuencia limitan el acceso a las estadísticas sobre detención. Aplican selectivamente sólo aquellas normas de derechos humanos que no ponen en duda el soberano derecho a detener y deportar. Exportan presiones de detención al exterior a fin de evitar responsabilidades derivadas de las normas como la admisión de solicitantes de asilo. Y tratan de caracterizar a muchas de las personas sometidas a este tipo de detención de modo que incite temores en la población y, por lo tanto, se justifique el confinamiento de los migrantes.

Los defensores de los derechos de los migrantes deben considerar restarle importancia a los discursos que se centran sólo en la mejora de la situación de los no ciudadanos bajo custodia del Estado y volver a enfocarse en el tabú de privar a alguien de su libertad sin cargos. En lugar de estimular a los Estados a crear instituciones especiales – o procedimientos operativos estándar – para mantener a los migrantes bajo su custodia, los defensores deben trabajar para garantizar que las limitaciones a la libertad sean la excepción a la regla.

Michael Flynn michael.flynn@graduateinstitute.ch es el fundador de Global Detention Project que hace parte del Programa para el Estudio de la Migración Global del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra. www.globaldetentionproject.org

 


[1] Comisión para Mujeres Refugiadas y Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados de servicio, Encierro de los valores familiares: La detención de familias inmigrantes, febrero de 2007, pág. 1-2. http://tinyurl.com/WRC-LRIS-lockingup-2007

[2] European Social Watch, ‘España: La externalización de las políticas de migración y asilo: El centro de detención de Nuadibú’, 2009  http://tinyurl.com/ESW-Spain-2009

 

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