El asentamiento de refugiados Nakivale en la frontera de Uganda con Ruanda es uno de los campos de refugiados más antiguos de África. Los ruandeses se exiliaron allí por primera vez tras la “Revolución Hutu” de 1957 y actualmente alberga grosso modo a 60.000 ruandeses, congoleños y somalíes junto con gente de muchas otras nacionalidades (a algunos de sus residentes les gusta decir que viven en “la verdadera Organización de la Unidad Africana”). Pero no es el gueto abarrotado que los medios suelen reflejar. Nakivale consiste en una confederación de pueblos que disponen de suficiente agricultura y ganadería para alimentarse y producir además un excedente para la venta fuera del campo. Y aunque se encuentra en medio de la nada, no está en absoluto aislado de la actividad cultural, social y económica. Allí hay mercados, varios cines y una gran cantidad de smartphones, lo que prueba que se saca partido a la nueva antena de telefonía móvil erigida en el centro del asentamiento.
Los sucesivos levantamientos, masacres y, por supuesto, el genocidio de 1994 y el ulterior período contribuyeron al desplazamiento de grandes oleadas de ruandeses hacia Uganda. Tras el genocidio y la llegada al poder del Frente Patriótico Ruandés, la mayoría de los casos desatendidos de ruandeses retornaron y fueron sustituidos de forma gradual por un nuevo cuadro compuesto de oficiales militares enfadados, activistas por los derechos humanos, periodistas que se habían topado con las nuevas y rígidas normas periodísticas, y aquellos que simplemente se habían topado con la política de tierras en Ruanda tras el genocidio, donde el repentino retorno de viejos casos desatendidos provocó muchos conflictos violentos acerca de quién poseía qué, en los que aquellos que perdían las disputas a menudo tenían que abandonar el país rápidamente.
Cesación
El Gobierno ruandés vigente sostiene que la actual Ruanda es pacífica, que los refugiados de Nakivale pueden regresar a sus hogares de forma segura, y que los únicos ruandeses que tienen algo que temer son quienes perpetraron el genocidio, que deberán regresar para enfrentarse a la justicia en los tribunales. El hecho de que el Gobierno de Uganda y ACNUR hayan acordado invocar la cláusula de cesación que establece, a grandes rasgos, que si las razones por las que la condición de refugiado le fue otorgada a una persona ya no son de aplicación, el refugiado “ya no podrá seguir negándose a ponerse a sí mismo bajo la protección del país cuya nacionalidad posee” ha provocado un debate bastante persuasivo.
Los ruandeses de los campos mismos han rechazado firmemente esta cláusula. Alegan que el Gobierno ruandés sigue siendo, entre otras cosas, dictatorial e intolerante con las opiniones divergentes a la suya. Durante la mayor parte de la última década han estado intentando convencer a los organismos internacionales, a los Gobiernos, a las ONG y a todo el mundo de que no se les debería obligar a regresar a casa. Creen que se enfrentan ahora a la deportación forzada, la violencia arbitraria, los asesinatos extrajudiciales o incluso a cosas peores.
Cuando entrevisté a estos ruandeses, hallé una enorme diferencia entre lo que el personal de ACNUR me había dicho en Kampala y Mbarara (la capital de la región) y lo que estos refugiados creían. El personal de ACNUR me había explicado pacientemente que el proceso se había retrasado hasta que dispusieran de la capacidad necesaria para llevar un control de los individuos con el fin de evitar errores, que los dispositivos de seguridad ya estaban en su lugar y que al Gobierno de Uganda no le interesaba llevar a cabo una serie de deportaciones forzadas políticamente embarazosas. Pero los ruandeses del campo no tenían ni idea de lo que ACNUR había hecho en su nombre, las garantías que había conseguido para ellos, o lo que estaba tratando de hacer, a pesar de sus smartphones y de su acceso a Internet. Alrededor del asentamiento se pueden encontrar numerosos carteles animando a la gente a usar el preservativo o una mosquitera para prevenir la malaria pero no anuncios de los servicios públicos relativos a la actual defensa que lleva a cabo ACNUR o a su trabajo intergubernamental. Hay unas instalaciones de ACNUR detrás de la alambrada y los muros de hormigón pero, aunque uno consiguiera traspasarlos, el personal que podría darle una respuesta informada se encuentra en Kampala o en Mbarara. En la web de ACNUR, no existe información alguna para los refugiados de Nakivale.
Las consecuencias del silencio
Esto acarrea cuatro problemas: el primero de ellos es que el silencio informativo de ACNUR es tierra fértil para que florezcan los rumores, la desinformación y la distorsión de los hechos. Por ejemplo, en las entrevistas me repetían que ACNUR había sido sobornado por el Gobierno de Ruanda para retrasar el reasentamiento de los refugiados en peligro en países seguros o para que ni siquiera los reasentaran. La verdad de todo esto es que se tarda más en reasentar a un refugiado ruandés porque muchos Estados exigen que la Corte Penal Internacional de Ruanda en Arusha (establecida para procesar a los organizadores del genocidio) aclare que ninguna de las personas a las que van a reasentar se encuentre en la lista de sospechosos. Esto tarda bastante. Pero a cualquier persona ruandesa que viva en un campo y trate de encontrar una explicación clara procedente de una fuente oficial sobre por qué sus vecinos congoleños están siento reasentados en occidente y ella no, no le valdrá para nada. Así, en vez de buscar una explicación, este vacío se llena con debates sobre conspiración, con miedo, suspicacia y paranoias.
El segundo, que este silencio afecta considerablemente a los intereses de los refugiados legítimos que merecen ser reasentados fuera de Uganda. El proceso, que incluye identificar un caso para su reasentamiento, verificando los hechos y asistiendo a los individuos o a las familias mediante los a menudo idiosincrásicos procesos de países específicos, es largo y estresante. Muchos de los problemas con el proceso no son exclusivos para los ruandeses. El hecho de entrevistar repetidamente a las víctimas de experiencias traumáticas y pedirles que relaten los detalles de los abusos que sufrieron hace más de una década y el utilizar cualquier contradicción en sus relatos como base para rechazar su solicitud conlleva evidentemente unos cuantos problemas. Pero en este caso, al no tener razón alguna para confiar en ACNUR, los refugiados ruandeses a menudo omiten detalles de sus entrevistas con esta organización que posteriormente debatirán en sus entrevistas con sus supuestos Gobiernos de acogida. Esto hace que haya disparidad entre las entrevistas de reasentamiento iniciales realizadas por ACNUR y las entrevistas posteriores con el Gobierno. Y como consecuencia, hay casos legítimos que se desmoronan por culpa de la inconsistencia de las historias de los refugiados.
En tercer problema es que la tarea de ACNUR se hace más difícil. La capacidad de este organismo para actuar eficazmente y para ayudar a la gente a la que desea asistir se ve incrementada en gran medida cuando las comunidades en las que trabaja entienden su labor, confían y están dispuestas a trabajar con él. De hecho, la comunicación es el primer paso para ir más allá del pensamiento individualista y empezar a pensar en el conjunto de problemas en los que ACNUR y los refugiados puedan colaborar.
El último y más sencillo: si se priva a los individuos de una gran parte de la información básica sobre su destino, se alimentará un profundo y generalizado sentimiento de desesperanza, abandono y marginación. Muchos individuos elocuentes e inteligentes han escrito cartas, peticiones y testimonios dirigidos a ACNUR, Amnistía y Human Rights Watch. Nadie les ha respondido nunca. A menudo estos individuos están al límite al sentir que no son más que un cargamento humano. Mantener a las personas informadas sobre su futuro va más allá de la mera utilidad, trata también sobre la dignidad y el respeto.
Unos sencillos pasos para mejorar las comunicaciones
Superar el mordaz legado de la desconfianza que ahora invade a los Nakivale resultará complicado, pero ACNUR podría dar algunos pasos sencillos en la dirección adecuada.
Nakivale se encuentra en línea. La gente que dispone de acceso a Internet imprime artículos para quienes no tienen. Las noticias pueden circular –y de hecho lo hacen– por todo el asentamiento con bastante rapidez. ACNUR podría solucionar rápidamente parte del gran déficit informativo que existe en Nakivale si dispusiera de una plataforma de noticias sencilla, clara y autoritativa en las lenguas habladas por los habitantes de los campos para proporcionarles información básica sobre lo que está ocurriendo. Aun en el caso de que sólo se comunicara en inglés o francés, la traducción se difundiría por los campos con bastante rapidez, aunque a veces no fuera fiable. Por ejemplo: ¿Cómo funciona la cesación? ¿Quién está exento? En caso de estar exentos, ¿cómo deberían demostrarlo? ¿Qué derechos se les garantiza actualmente en Uganda? ¿Con quién deberían hablar para cada cuestión? En caso de que crean que se les va a deportar de forma ilegal, ¿a quién deberían llamar?
Los mismos refugiados poseen muchas infraestructuras de comunicación. Algunos son propietarios de emisoras de radio en los campos. Estos “enchufes” podrían y deberían ser utilizados por ACNUR para promover sus mensajes dentro de dichos asentamientos.
Y por último, muchas de las infraestructuras necesarias ya existen. Algunos socios locales como Refugee Law Project mantienen excelentes relaciones con muchas comunidades de refugiados y podrían ejercer como un fácil y eficaz hilo conductor para difundir la información mediante el uso de los numerosos recursos que ya poseen.
Will Jones william.jones@qeh.ox.ac.uk trabaja como investigador en el Centro de Estudios para los Refugiados.