Kenia acoge a un gran número de refugiados, personas desplazadas internamente (PDI), personas apátridas, migrantes económicos y víctimas de trata y tráfico de personas. El Consorcio para los Refugiados de Kenia (RCK, por sus siglas en inglés) dirige un plan de supervisión de la detención que se compone de diez observadores en los centros de detención ubicados en prisiones a lo largo de las principales rutas de migración y en los centros urbanos que acogen a solicitantes de asilo y otros migrantes. Estos observadores de la detención supervisan las violaciones de los derechos de los refugiados y los casos relacionados con el asilo en las cárceles, las delegaciones de policía y los tribunales de justicia y de esta forma desempeñan un papel fundamental de protección, en el cual no sólo crean un vínculo esencial con el sistema de justicia penal, sino que también pueden proporcionar intervención y asistencia inmediatas para los migrantes detenidos. Sólo en 2012, el RCK proporcionó representación legal a 727 solicitantes de asilo y refugiados detenidos en varios centros de detención en todo el país.
Uno de los retos de los flujos migratorios mixtos y la protección de refugiados en Kenia ha sido la falta de distinción, por parte de las fuerzas de policía y otros actores interesados, entre delincuentes, inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo. Todas estas categorías de personas son detenidas en las mismas cárceles y sometidas a las mismas normas de confinamiento; los solicitantes de asilo terminan siendo tratados como delincuentes, una cuestión que claramente va contra el carácter civil del concepto de asilo. Las condiciones de encarcelamiento exponen a los solicitantes de asilo y los refugiados a agresiones, abuso sexual, tortura, enfermedades, falta de asesoramiento, asistencia legal limitada y carencias en la alimentación. La situación con frecuencia se complica por la falta de servicios de traducción en las cárceles, lo que significa que los solicitantes de asilo no pueden hablar sobre los problemas que han enfrentado o reportar cualquier abuso a las autoridades.
Conforme a la Ley de Refugiados de Kenia de 2006, todos los solicitantes de asilo tienen un plazo de 30 días desde su ingreso a Kenia para dirigirse a las autoridades competentes en materia de refugiados más cercanas para registrarse como refugiados, sin importar cómo o dónde entraron en el país. La ley también establece que a cada refugiado se le garantice una audiencia imparcial y se le reconozca la posibilidad de defenderse ante un tribunal de justicia. Sin embargo, las autoridades de policía normalmente ignoran estos derechos y la mayoría de las veces los refugiados terminan siendo acusados – injustamente – porque los funcionarios de policía tienden a carecer de conocimientos adecuados sobre cómo tratar a los solicitantes de asilo y por las barreras del idioma y la escasez de intérpretes.
Los solicitantes de asilo se han vuelto más vulnerables como resultado de una directiva emitida el 18 de diciembre de 2012 por el Gobierno de Kenia, a través de su Departamento de Asuntos de Refugiados, que impone el traslado a los campamentos de todos los refugiados que viven en los centros urbanos[1]. En la directiva también se emitía una orden para detener el registro de todos los refugiados y solicitantes de asilo en las zonas urbanas y consecuentemente indicaba que todas las agencias, incluyendo al ACNUR, debían dejar de brindar servicios directos a los refugiados. Esto claramente produjo graves vacíos de protección, limitando el acceso de los refugiados a los servicios y exponiéndolos al arresto, la detención y la deportación. Cabe destacar que desde la publicación de la directiva, los casos de acoso a refugiados por parte de funcionarios de policía en Nairobi y otras zonas urbanas se han incrementado drásticamente. Se ha informado de casos de arrestos arbitrarios y detención ilegal de refugiados; además, las personas detenidas no son llamadas a comparecer ante un tribunal dentro del plazo constitucionalmente establecido de 24 horas desde su arresto, lo que constituye una negación de sus derechos.
Flujos migratorios mixtos y detención
Durante una de sus misiones de control de protección en la región costera, el RCK visitó la cárcel de Voi, en el condado de Taita Taveta, para dar seguimiento a casos de detención[2]. La región es una ruta de tránsito utilizada para la trata de personas de personas desde el Cuerno de África a través de Tanzania hasta Sudáfrica. En la cárcel, encontramos y entrevistamos a ocho ciudadanos etíopes que habían cumplido condenas de cuatro meses por estancia ilegal y estaban detenidos mientras esperaban ser deportados. También logramos entrevistar a los funcionarios y escuchar sus inquietudes, y pudimos conocer algunos de sus preocupaciones, en particular, que los solicitantes de asilo con frecuencia están mezclados con personas víctimas de trata y que las autoridades no siempre pueden distinguir entre los dos grupos y proporcionar la asistencia necesaria a los solicitantes de asilo. Esto se debe a que existe poco o ningún conocimiento respecto al asilo, de modo que cualquier persona sin un documento es considerada un inmigrante ilegal y es detenida. Esto se ve agravado por el escaso conocimiento y acceso que tienen los oficiales al Departamento de Asuntos de Refugiados, que podría interceder a favor de los solicitantes de asilo o investigarlos.
Otro motivo de preocupación es la falta de coordinación que caracteriza la deportación de migrantes en toda la región. Los funcionarios normalmente devuelven a los migrantes a los puntos de ingreso más cercanos, normalmente sin remitirlos a las autoridades competentes en los puestos de frontera. Eso expone a los migrantes al riesgo de ser condenados por diferentes razones y sufrir detenciones prolongadas por las autoridades en cada país al que son devueltos, lo que claramente constituye una violación de sus derechos.
Recomendaciones
Para responder a estos desafíos, se recomienda lo siguiente:
· Deben establecerse centros de recepción en las principales rutas migratorias o en los puntos de ingreso en las fronteras. Esto ayudaría a un rápido registro y evaluación de todos los migrantes, en particular de los solicitantes de asilo.
· Los organismos gubernamentales que se ocupan de detención y deportación deben colaborar de una forma más efectiva para reducir los casos de detención y la detención prolongada en espera de deportación.
· La detención sólo debe ser usada como medida de último recurso, luego de haber explorado todas las otras opciones viables[3].
· Las redes regionales e internacionales de la sociedad civil deben esforzarse más por compartir información sobre las buenas prácticas sobre el trabajo con refugiados y solicitantes de asilo sometidos a detención y/o deportación; los esfuerzos como aquellos de la Coalición Internacional contra la Detención (IDC, por su sigla en inglés) deberían ser apoyados y aprovechados para facilitar la aplicación efectiva de las leyes en materia de detención y deportación.
· Los gobiernos y órganos jurisdiccionales de la región deben colaborar para compartir información sobre las buenas prácticas y promoverlas, incluyendo el establecimiento de comisiones de control y los Relatores Especiales.
Lucy Kiama refcon@rckkenya.org es Directora Ejecutiva del Consorcio para los Refugiados de Kenia (RCK) y Dennis Likule dennis@rckkenya.org es Oficial de Programas asistente (Legal) en el RCK. www.rckkenya.org
[1] La orden se emitió a raíz de persistentes ataques con granadas en el suburbio de Eastleigh en Nairobi, habitado en su mayoría por refugiados somalíes y oromo.
[2] ‘Misión de control de fronteras para la protección de refugiados: Problemas en la costa. Un informe del Consorcio para los Refugiados de Kenia sobre una misión de control a Mombasa, Voi, Taveta, Kwale y Lunga Lunga’, noviembre de 2012. http://tinyurl.com/RCK-2012-Coast-monitoring
[3] Ver el artículo de Alice Edwards ‘La detención bajo escrutinio’, que se enfoca en las directrices del ACNUR. www.fmreview.org/detention/edwards