Deportación de sursudaneses desde Israel

La agresiva campaña de Israel de detención y deportación de solicitantes de asilo de Sudán del Sur contraviene el principio de no devolución y las normas internacionales sobre el retorno voluntario y digno.

 

El 17 de junio de 2012, un avión que llevaba a más de 120 ciudadanos de Sudán del Sur partió de Tel Aviv hacia Juba, la capital del nuevo Estado de Sudán del Sur. Este fue el primer vuelo de lo que el gobierno israelí llamó “Operación Retornar a Casa”. En los meses que siguieron, otros seis vuelos habrían transportado a un total de 1038 sursudaneses a Juba.[1]

Israel considera a Sudán como un Estado hostil. A su llegada a Israel, todos los ciudadanos sudaneses, incluyendo aquellos de Sudán del Sur, eran calificados como ciudadanos hostiles hasta el momento en que Sudán del Sur se convirtió en un Estado independiente. Sin embargo, hasta junio de 2012 las personas de cualquier parte de Sudán estaban amparadas por la política de “no expulsión”, que les permitía residir temporalmente en Israel. Su residencia era legal, pero sus solicitudes de asilo individuales no eran examinadas de conformidad con la Convención de 1951 de la cual Israel es signatario. Por tanto, aunque muchos sursudaneses llegaban a Israel con una tarjeta de registro como refugiados del ACNUR expedida en Egipto, Israel no los reconocía como refugiados, y su necesidad de protección en virtud de la Convención nunca fue reconocida oficialmente.

El 31 de enero de 2012, la Autoridad de Población, Migración y Fronteras publicó “Un llamado para las personas de Sudán del Sur que indicaba que “[A]hora que Sudán del Sur se ha convertido en un Estado independiente, es el momento que ustedes retornen a su tierra natal. [...] El Estado de Israel se compromete a ayudar a quienes deseen retornar voluntariamente en un futuro próximo.” Los repatriados voluntarios recibirían cada uno 1000 € como pago único, mientras que quienes no abandonaran voluntariamente Israel el 31 de marzo de 2012 serían arrestados y deportados.[2] También se anunció que los empleadores israelíes de personas de Sudán del Sur podrían ser sancionados; lo que resultó en el despido inmediato de muchos, dejando sin empleo a casi la totalidad de las comunidades de sursudaneses en Eilat y Arad y con cada vez menos posibilidades de pagar el alquiler y las facturas de servicios públicos.

A los ciudadanos de Sudán del Sur les quedaron tres opciones. Podían solicitar asilo, pero sin una posibilidad real de que sus solicitudes fueran procesadas; podían registrarse para el “retorno voluntario”; o podrían ser detenidos. Quienes ya se encontraban detenidos podían o bien inscribirse para el “retorno voluntario” o ​​permanecer detenidos. Cada “opción” contravenía la noción de retorno voluntario. Los ciudadanos sursudaneses perdieron su estatus en Israel; también perdieron sus empleos y no pudieron encontrar una alternativa laboral. La incertidumbre y el temor de ser detenidos empujaron a muchos a inscribirse para el “retorno voluntario”.

Arresto y detención

El 7 de junio de 2012, sólo dos días después de anunciar que los ciudadanos de Sudán del Sur tenían una semana para inscribirse al retorno voluntario, la policía de inmigración del área de Eilat arrestó a once sursudaneses y a un ciudadano de Sudán del Norte que iban a su trabajo. Al día siguiente, 105 sursudaneses, la mayoría de ellos vivía en Eilat, fueron arrestados. El tercer día la PIBA (Autoridad de Población, Inmigración y Fronteras de Israel) arrestó a 73 solicitantes de asilo africanos – no todos sursudaneses – en Tel Aviv, Eilat y otras ciudades. En las tres semanas siguientes, muchos sursudaneses fueron arrestados y detenidos.

Las familias fueron separadas, las mujeres y los niños fueron detenidos en Saharonim y Ketsiot y los hombres en Givon, un centro penitenciario de alto riesgo con una sección de detención para solicitantes de asilo. No estaba claro si los miembros de la familia irían en el mismo vuelo fuera del país. Dos mujeres manifestaron que les arrebataron a sus hijos, ambos menores de edad, y habían sido detenidos separados de sus familias. Incluso aquellos que se habían inscrito para el retorno voluntario antes de ser detenidos no se salvaron de detención: algunos fueron escoltados a sus casas por funcionarios de la PIBA el tiempo suficiente para empacar sus pertenencias, pero a la mayoría no se le dio tiempo para recoger los bienes personales. Una vez detenidos, no pudieron retirar dinero de sus cuentas bancarias ni cerrarlas, y no pudieron cobrar sus sueldos y beneficios finales en los lugares de trabajo donde algunos habían trabajado durante años.

La deportación “voluntaria” de los ciudadanos de Sudán del Sur fue parte de una política más amplia de disuasión y expulsión. En agosto de 2012, un mes después de que el séptimo avión hubiera trasladado a ciudadanos sursudaneses fuera de Israel, el Ministro del Interior, Eli Yishai, dijo que desde el 15 de octubre de 2012 también se llevaría a cabo la detención masiva de los ciudadanos de Sudán del Norte que se encontraran en Israel.

En los meses posteriores a las deportaciones, hubo informes de repatriados sursudaneses que alegaban que numerosas personas murieron poco después de su retorno a Sudán del Sur; los repatriados sudaneses afirmaron que habían sido detenidos tras su regreso y que sus pertenencias fueron confiscadas. Es difícil confirmar estos informes, pero su persistencia y frecuencia sugieren la necesidad de una investigación más a fondo de la situación de los retornados. En el primer semestre de 2013, las políticas de Israel de “retorno voluntario” y detención fueron recibidas con crecientes críticas. En febrero de 2013, el ACNUR solicitó una explicación al Estado de Israel por la política de deportación que violaba el principio de no devolución. La respuesta del gobierno llegó mediante un nuevo “Procedimiento de Retornos Voluntarios” para eritreos, en virtud del cual en julio de 2013 catorce eritreos fueron devueltos a Eritrea después de haberse inscrito – bajo presión – para el “retorno voluntario” mientras estaban detenidos. El retorno voluntario no se puede considerar voluntario si tiene lugar durante la detención y cuando no se tiene acceso a una justa política de asilo y, sobre todo, no se debe aplicar en el caso de países como Eritrea y Sudán donde los retornados enfrentan a un grave riesgo de persecución, o sin indagar si la situación en el recién independizado país de Sudán del Sur permite un retorno seguro. El actual ambiente político sugiere que el interés nacional está impulsando la agenda de políticas con respecto a los solicitantes de asilo, en lugar de dar cumplimiento a las normas internacionales.

Laurie Lijnders laurielijnders@gmail.com es antropóloga y activista de los derechos de los refugiados.

Esta investigación[3] se basa en el trabajo de Centro de Desarrollo para Refugiados Africanos www.ardc-israel.org y la Línea Directa de Asistencia a Trabajadores Migrantes www.hotline.org.il en Tel Aviv, además de entrevistas con ciudadanos de Sudán del Sur, abogados y activistas de derechos humanos en Israel, y repatriados a Sudán del Sur. El informe completo se encuentra en línea en www.ardc-israel.org/sites/default/files/do_not_send_us.pdf  (No está disponible en español).

 


[1] ONG y organismos gubernamentales estimaron que el número de sursudaneses era de 700 a 3000. Los representantes de la comunidad de sursudaneses afirmaron que eran en torno a 1100.

[2] Fueron interpuestos varios recursos pero finalmente el 7 de junio de 2012 la Corte falló a favor de la política y a los sursudaneses se les dio una semana para inscribirse al retorno voluntario.

[3] Financiada por la UE y la Embajada de los Países Bajos en Israel. La investigación fue llevada a cabo con la colaboración de Yael Aberdam, Sigal Rozen, Asaf Weitzen y Hadas Yaron-Mesgena y con la asistencia de Marie Kienast, Anna Maslyanskaya, Ben Wilson y David Jacobus.

 

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