La experiencia de permanecer en un centro de internamiento – o de “permanecer detenido”– tiene consecuencias negativas y duraderas para la salud mental y el bienestar de muchos de los hombres, mujeres y niños que solicitan asilo en Australia. Factores como la privación de libertad, el sentimiento de injusticia, el aislamiento de la comunidad, los crecientes sentimientos de desmoralización y desesperanza, el aumento de la duración del proceso de determinación de la condición de refugiado, el riesgo de deportación y los desconcertantes procedimientos legales han contribuido a crear problemas de salud mental a los detenidos y a que aumente su ansiedad y depresión[1]. Estas condiciones han provocado suicidios, autolesiones, protestas y desórdenes en el comportamiento.
También se ha descubierto que la detención tiene un efecto adverso concreto sobre la salud mental al exacerbar el impacto de traumas anteriores y constituye un trauma constante en sí misma, y que los menores no acompañados son especialmente susceptibles de sufrir problemas de salud mental o que afecten a su bienestar.
A principios de 2010, un grupo de defensores de los derechos humanos comenzó a buscar modelos adecuados de detención comunitaria para los menores no acompañados que solicitaban asilo. Se llevaron a cabo consultas con muchos de los principales interesados en acciones humanitarias y proveedores de servicios de juventud. Una vez que se llegó a un acuerdo sobre el modelo a aplicar y que se determinaron el alojamiento y los proveedores de servicios, se presentó una propuesta ante el Departamento de Inmigración y Ciudadanía (DIAC, por sus siglas en inglés) para que se cambiase el régimen de detenciones para los menores no acompañados. El Gobierno australiano se mostró receptivo ante las propuestas y ha transferido a un número importante de menores no acompañados y familias fuera de centros de internamiento cerrados desde que se hizo la primera declaración política en 2010. A los menores no acompañados se les traslada a casas de cuatro o cinco habitaciones, que pueden contener una zona de despacho y una habitación libre para que un trabajador social especializado en juventud pueda quedarse a pasar la noche.
Las urgentes y cada vez peores crisis de salud mental que se producen en los lugares de detención de inmigrantes llevaron al Departamento de Inmigración y Ciudadanía a aumentar el número de contratos con agencias seleccionadas para ofrecer alojamiento y apoyo a hombres adultos vulnerables que también se encontrasen detenidos. Desde marzo de 2012, el Servicio Jesuita a Refugiados y el Marist Youth Care han implementado un programa de detención comunitaria para hombres adultos vulnerables (el Vulnerable Adult Men Residence Determination Project o Proyecto de Determinación de la Residencia para Hombres Adultos Vulnerables). En un principio el proyecto incorporó un hostal y cinco viviendas que acogían a 40 hombres adultos con múltiples y complejas necesidades, entre ellas problemas de salud física y mental. Este servicio se extendió más tarde a familias y actualmente ofrece servicios de salud, prestaciones sociales, residencia y asistencia social intensiva a los solicitantes de asilo que quedan al cuidado de la comunidad. En agosto de 2013, el alojamiento disponible consistía en un hostal y ocho viviendas, y se les había proporcionado estos servicios a 83 clientes (hombres adultos vulnerables y familias).
A mediados de 2010 el Gobierno australiano cambió su política optando por un procesamiento fuera de las costas australianas en terceros países. Sin embargo, esta política fracasó a la vista de la negativa del Gobierno de Timor Oriental a cooperar y a un dictamen del Tribunal Superior que no permitía la transferencia de solicitantes de asilo a Malasia. Por eso, en octubre de 2011 se anunció que todos los solicitantes de asilo estarían sujetos a ser procesados dentro del territorio australiano. Tras un período de detención inicial para comprobar su identidad y su estado de salud, y por razones de seguridad, a la mayoría se les liberaba, se les permitía vivir entre la comunidad australiana y les eran entregados visados con permiso de trabajo. A aquellos que tras la evaluación eran considerados demasiado vulnerables como para vivir por su cuenta se les sometía a la detención comunitaria, lo que no les daba derecho al trabajo.
¿Por qué la detención comunitaria?
En Australia se han contratado organizaciones surgidas de la comunidad o en torno a la iglesia para que proporcionen servicios de detención comunitaria. Tras su liberación, a los solicitantes de asilo vulnerables, los menores no acompañados y las familias se les asignan estos servicios y se les proporcionan otros como vivienda, sanidad y prestaciones sociales así como ayuda intensiva por parte de trabajadores sociales. Aunque la detención comunitaria sea también una forma de detención, a los solicitantes de asilo no les controlan guardias como si se encontraran internados en centros. Tienen la oportunidad de moverse entre la comunidad, de participar en sus actividades y eventos sociales, y de experimentar algo de normalidad en sus vidas. Los clientes hablan sobre el aumento de su nivel de independencia que han experimentado a raíz de poder ir a hacer la compra ellos mismos, planificar y cocinar sus propios menús y organizar su propio transporte cuando acuden a una cita. Esto les da la posibilidad de mantener un contacto más estrecho con amigos, familiares y redes de apoyo. Las familias han declarado que a sus hijos les va mucho mejor desde que viven entre la comunidad respecto a cuando se encontraban internados.
La detención comunitaria cuesta menos que la gestión de centros de internamiento de alta seguridad (que incurren en grandes costes monetarios y de construcción así como en más costes intangibles provocados por problemas como el deterioro de la salud mental). Por contra, la detención comunitaria reduce los costes a todos estos niveles[2]. El procesamiento comunitario también reduce futuros problemas de financiación de los sistemas de salud y seguridad social, sistemas que los solicitantes de asilo que se encuentran en una situación de detención prolongada requerirán de forma inevitable.
“La detención comunitaria es diferente. Agradezco que no estemos escoltados por... guardias las 24 horas del día durante toda la semana. Tenemos más libertad”.
La detención comunitaria permite a la gente entender mejor cómo funciona la vida en Australia y disponer de mejores oportunidades para aprender inglés y hacer contactos dentro de la comunidad, aumentado las posibilidades de que durante el asentamiento se les acabe concediendo un visado permanente. Cuando no se les ha concedido el estatus de refugiado, aquellos que vivían en el seno de la comunidad se han mostrado más predispuestos a regresar a sus países de origen. Las tasas de suicidio y autolesiones son más bajas y las de evasión de la justicia son mínimas entre quienes residen entre la comunidad.
Retos
Con fecha de 31 de mayo de 2013, 2.820 solicitantes de asilo se habían puesto en situación de detención comunitaria y 8.521 habían sido internados en centros de detención de inmigrantes y en lugares de detención alternativos.[3] Aunque el programa de detención comunitaria ha sido extremadamente exitoso, no ha estado exento de complicaciones. Pese a que el programa está totalmente financiado por el Gobierno, siguen siendo escasos los servicios a los que las personas que se hallan bajo detención comunitaria les gustaría acceder y no pueden, como servicios para discapacitados y concesiones para viajar. Los solicitantes de asilo bajo detención comunitaria disponen de una asignación económica muy básica que deben utilizar para pagarse la comida, los viajes, los útiles y los gastos cotidianos. No se les permite trabajar y por eso dependen únicamente de esta pequeña asignación económica.
“Sí, no hay alambradas a nuestro alrededor y podemos movernos por la comunidad pero seguimos teniendo muchas restricciones de movimiento. Todavía tenemos toque de queda. El dinero es muy limitado y la espera para que se procese nuestro visado parece eterna. Nuestras vidas siguen estando en el limbo”. (Solicitante de asilo hazara que lleva un año bajo detención comunitaria).
Sin embargo, los clientes tienen permiso para realizar trabajos no remunerados en forma de voluntariado como medio de interacción con la comunidad autóctona, de establecer relaciones, de mejorar su capacidad de comunicarse en inglés y de obtener nuevas destrezas. Esto, en combinación con su experiencia en la detención comunitaria, puede ayudar a facilitarles una entrada más rápida en el mundo laboral una vez que se les conceda el visado.
Suele resultar difícil para organizaciones como el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) conseguir un alojamiento apropiado y proporcionar a esta gente la oferta de servicios necesaria. Además, los fallos en la comunicación pueden implicar, por ejemplo, que el flujo de solicitantes de asilo procedentes de la detención dentro de la comunidad no siempre sea constante y que los solicitantes de asilo deban permanecer detenidos más tiempo del necesario.
Recientemente el programa se ha complicado debido a un Nuevo Modelo de Cuidados introducido por el Gobierno a través de su Política de No Ventaja de 2012. Según esta política, los solicitantes de asilo que llegaron después del 13 de agosto de 2012 recibirán una asignación económica menor para poder vivir, no tienen derecho al trabajo, se enfrentan a un tiempo de espera de su solicitud de hasta cinco años y podrían llegar a ser trasladados sin previo aviso a cualquiera de los centros regionales de procesamiento en cualquier momento de su detención comunitaria.
Las agrupaciones basadas en los derechos humanos y la Iglesia necesitan seguir defendiendo en gran medida la mejora de los programas de detención comunitaria. Al contrario que la gente que se encuentra en centros de detención cerrados, los solicitantes de asilo y los refugiados que se hallan bajo detención comunitaria pueden vivir en un entorno relativamente normal a pesar de sus circunstancias anormales y personalizar el espacio en el que residen. Las detenciones comunitarias parecen ayudar a las personas a lidiar con el estrés asociado a los procesos de evaluación de la condición de refugiado, que suelen ser largos y a veces traumáticos. Cuando se cuenta con las oportunidades y el apoyo adecuado, constituyen un modelo mucho más humano y efectivo que la detención en centros cerrados.
Louise Stack louise.stack@jrs.org.au, Suma Pillai suma.pillai@jrs.org.au y Catherine Marshall catherine.marshall@jesuit.org.au trabajan para el Servicio Jesuita a Refugiados en Australia. www.jrs.org.au
[1]Silove D., McIntosh P., Becker R. ‘Risk of retraumatisation of asylum-seekers in Australia’ (“El peligro de volver a traumatizar a los solicitantes de asilo en Australia”), Australian and New Zealand Journal of Psychiatry (Revista de Psiquiatría de Australia y Nueva Zelanda), 1993, Vol. 27, Nº 4, pp606-612 http://informahealthcare.com/doi/full/10.3109/00048679309075823
[2] Presupuestos del Senado, Asuntos Legales y Constitucionales (13 de febrero de 2012)
[3] Un centro de detención de inmigrantes (IDF, por sus siglas en inglés) se ha construido para tal fin. Un lugar alternativo de detención (APOD, por sus siglas en inglés) puede ser similar a un hotel o un hospital y se emplea como centro de internamiento en el que los detenidos se encuentran custodiados.