Un estudio de la Comisión Europea realizado en 2011 demuestra que, aunque la mayoría de los Estados miembro de la UE que participaron en dicho estudio realizan un seguimiento de las fases previas a la deportación, sólo el 13% realiza un seguimiento de lo que ocurre después.[1] El seguimiento tras la deportación puede proteger a los individuos y revelar fallos en los sistemas de asilo nacionales. En el estudio Safe Return (Retorno Seguro) realizado en 2008 por la Comisión Independiente de Asilo (IAC, por sus siglas en inglés), la Agencia de Fronteras del Reino Unido (UKBA, por sus siglas en inglés) declaró que: “No realizamos un seguimiento activo o rutinario de los individuos retornados tras su expulsión: creemos que el mejor modo de evitar el maltrato es asegurarnos de no retornar a aquellos que de verdad están en peligro, no realizando un seguimiento después de que hayan sido retornados”. Sin embargo, el estudio demuestra que una cuarta parte de los fallos negativos relativos a solicitudes de asilo son anulados cuando se apela contra ellos[2].
El seguimiento tras la deportación sacaría a la luz aquellos casos en los que solicitantes con un temor fundado a ser perseguidos hubiesen sido rechazados y retornados por error. Además, los informes publicados acerca de la violación de los derechos humanos tras la deportación también podrían ser utilizados por los abogados para litigios estratégicos con el fin de sentar precedentes y por los activistas y organizaciones que presionan para que se mejoren los procedimientos de asilo. Y lo que es más importante, las organizaciones de los países receptores que realizasen un seguimiento de los solicitantes de asilo rechazados podrían ofrecerles una mejor asistencia y tal vez salvar vidas.
Según las recomendaciones del estudio de la UE, los encargados de realizar el seguimiento deberían:
· observar las interacciones entre los funcionarios y los retornados.
· tener permitido comunicarse con los deportados.
· comprobar las condiciones del lugar de detención y de las zonas de espera.
· comprobar los expedientes de los retornados.
· comunicar sus hallazgos y sacar a la luz cualquier tipo de maltrato.
El estudio estipuló que el 61% de los Estados miembro que participaron en él disponían de un sistema establecido o estaban planeando poner uno en marcha y que muchos de ellos “contienen elementos equivalentes en gran medida con los estándares [las recomendaciones definidas anteriormente]”.
Sin embargo, en ausencia de mecanismos sistemáticos de seguimiento tras la deportación respaldados por el Estado, las organizaciones civiles de carácter social de los países que deportan y de los que son receptores han asumido esa responsabilidad. El Grupo de Apoyo a los Detenidos de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos es una de esas organizaciones, creada en 2006 para visitar y dar apoyo a los detenidos y con el fin de presionar para que se aboliera el uso de la detención de inmigrantes[3]. Un ejemplo de su trabajo para mantener el contacto con los solicitantes de asilo deportados fue el de un cliente deportado en un vuelo chárter desde el Reino Unido hasta el sudeste asiático. El cliente pertenecía a una minoría religiosa y había sufrido ataques en su país de origen en repetidas ocasiones. Solicitó asilo en el Reino Unido pero se le denegó. Dado que durante el proceso de apelación se encontraba detenido y no contaba con representación legal alguna, no pudo aportar los documentos ni las pruebas que corroboraran su demanda. Al cliente se le denegó por tanto el asilo y se procedió a su expulsión del país. Cuando llegó a su país de origen volvió a ser atacado y vivía con miedo de que atacaran también a su familia. Se vio obligado a abandonar su país de nuevo.
Aunque el Grupo de Apoyo a los Detenidos pudo seguir en contacto con el cliente por esta vez, no siempre es el caso. Como explica su portavoz, seguir en contacto con la persona puede resultar complicado: “Los teléfonos que [los deportados] tenían cuando estaban detenidos les habían sido confiscados o no disponían de saldo o crédito para telefonear una vez en su país de origen. Muchos no están adecuadamente preparados para su deportación ya que no se esperan que realmente suceda. Las notas con números de teléfono y direcciones de correo electrónico garabateadas se pierden y nunca volvemos a saber de ellos, ni tenemos forma de retomar el contacto”.
Catherine Ramos, de Justice First, viajó hasta la República Democrática del Congo para averiguar qué había sido de los solicitantes de asilo rechazados que habían sido deportados desde el Reino Unido. Su informe, Unsafe Return: Refoulement of Congolese Asylum Seekers, (Un retorno inseguro: la devolución de los solicitantes de asilo congoleños) documenta cómo los solicitantes de asilo congoleños que habían sido rechazados eran arrestados y torturados a su retorno. A menudo era el mero hecho de haber solicitado asilo lo que ponía a los deportados en peligro. A uno de ellos, los agentes de seguridad le dijeron que tenían que arrestarle “por principios” porque se había ido a otro país y supuestamente “había dicho que aquí [en la República Democrática del Congo] no respetamos los derechos humanos”[4].
“Cuando llegamos a Kinshasa fuimos detenidos por la policía y los funcionarios de inmigración. Nos encontrábamos en un estado precario tras un largo viaje lleno de sufrimiento. Nos llevaron a un lugar que se utilizaba para las detenciones. Los niños realmente no podían soportarlo, estaban deshidratados y se encontraban conmocionados”. (Retornado congoleño)
Algunas organizaciones de los países receptores intentan llevar a cabo un seguimiento de los solicitantes de asilo rechazados tras su deportación. El Refugee Law Project en Kampala acoge un programa para recibir y dar apoyo a los solicitantes de asilo rechazados y deportados. En Camerún, Rights for All intenta proporcionarles dicha asistencia pero ha tenido que hacer frente a dificultades. Su portavoz declaró que los últimos cuatro intentos de recoger a los deportados en el aeropuerto habían sido frustrados, ya que las autoridades camerunesas sencillamente habían negado que los deportados viajaran en los vuelos indicados por las organizaciones de los países que los habían deportado[5].
La Red de Seguimiento tras la Deportación
La Red de Seguimiento tras la Deportación (PDMN, por sus siglas en inglés) fue creada en 2012 por el Programa de Refugiados Fahamu para permitir a las organizaciones de los países que deportan y de los receptores mantenerse en contacto, y para mejorar el modo de compartir la información y de recopilar datos sobre las infracciones de los derechos humanos que se cometan tras la deportación.[6]
La Red de Seguimiento tras la Deportación se ha empleado recientemente para alertar al Refugee Law Project de Kampala de qué deportados llegaban al aeropuerto de Entebbe, lo que permitió a sus empleados ir al aeropuerto a recogerlos y ofrecerles asesoramiento jurídico y atención psicosocial. No obstante, la información sobre las deportaciones inminentes a menudo se comunica en el último minuto, lo que dificulta a las organizaciones de los países receptores el poder reaccionar a tiempo. Además, asistir a los solicitantes de asilo deportados en los países receptores puede conllevar riesgos para la seguridad de los miembros locales de la red.
Pero las pruebas recopiladas mediante el proceso de seguimiento pueden marcar una diferencia. La información sobre los abusos tras la deportación que se llevan a cabo en Eritrea hecha pública en 2009 a través de el informe de Amnistía Internacional “Eritrea: enviados a casa para ser detenidos y torturados” contribuyó a que todos los países europeos suspendieran las deportaciones a este Estado[7]. Y más recientemente el informe de Catherine Ramos motivó una misión de investigación por parte del servicio de información del país de origen de la Agencia de Fronteras del Reino Unido y sus resultados fueron utilizados por abogados que buscaban alegaciones contra las deportaciones.
El Proyecto Post-Deportación de Derechos Humanos llevado a cabo en el Boston College (Estados Unidos) está desarrollando una Convención sobre los Derechos de los Deportados, que contribuirá a la protección de todos los inmigrantes deportados, incluidos los solicitantes de asilo rechazados.[8] Se necesita un sistema de seguimiento independiente y sistemático para garantizar la protección de los refugiados en un sistema de adjudicación fallido y con menos personal y financiación del necesario. El seguimiento tras la deportación sigue dependiendo mientras tanto de particulares comprometidos y de pequeñas organizaciones civiles de carácter social.
Leana Podeszfa y Friederike Vetter son gestores de la Red de Seguimiento tras la Deportación y puede contactar con ellos a través de la dirección de correo electrónico failedasylumseekersdeportation@gmail.com
[1] Comisión Europea, Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad, “Un estudio comparativo de las mejores prácticas en materia de vigilancia de los retornos forzados”, noviembre de 2011 http://tinyurl.com/EC-forced-return-monitoring
[2] Consejo de Refugiados, ‘Between a rock and a hard place: the dilemma facing refused asylum seekers’ (“Entre una roca y un lugar duro: el dilema al que se enfrentan los solicitantes de asilo rechazados”), diciembre de 2012 http://tinyurl.com/RC-2012-rock-and-hard-place