La colaboración con organizaciones criminales en Colombia: un obstáculo para la recuperación económica

Aquellos que pretendan respaldar el desarrollo económico de las personas desplazadas internas en Colombia necesitarán entender cómo y por qué muchos desplazados internos colaboran con grupos armados y organizaciones criminales.

Hasta la fecha, el gobierno colombiano ha registrado más de 7 300 000 víctimas de desplazamiento forzado como consecuencia de los numerosos años de conflicto de la nación[1]. Dado que se sabe que el desplazamiento forzado provoca elevados niveles de pobreza extrema (que afecta al 85 % de los desplazados que se han trasladado del medio rural al urbano[2]), el desarrollo económico es una prioridad. Entre los numerosos factores que suponen un escollo para la recuperación económica de las víctimas del conflicto colombiano, uno que a menudo no se tiene suficientemente en cuenta es la incidencia de la colaboración de las personas desplazadas internas con los grupos armados y las organizaciones criminales.

Estos grupos armados —organizaciones guerrilleras, grupos paramilitares, cárteles de la droga, mafias y bandas locales— tienen un enorme impacto sobre la economía local de las comunidades desplazadas. La colaboración con los grupos armados puede menoscabar considerablemente los esfuerzos de terceros por fomentar el desarrollo económico mediante la creación de nuevas actividades de generación de ingresos y el desarrollo de empleos formales. Por lo tanto, es de vital importancia que las personas que participan en el desarrollo económico de los desplazados internos colombianos comprendan cómo y especialmente por qué estos colaboran con los grupos armados y las organizaciones criminales.

Numerosos son los obstáculos que impiden el estudio de este fenómeno, en especial el riesgo de que tanto el investigador como la población objeto de estudio sufran represalias. Además, las personas desplazadas se asientan en lugares muy diversos y a veces remotos, por lo que el estudio de investigación debe poder llegar hasta ellas. Para llevar a cabo este estudio, el autor entrevistó a 15 líderes comunitarios y trabajadores de ONG en tres grandes ciudades (Medellín, Bogotá y Cartagena), dos municipios (Tierralta y Puerto Libertador, en Córdoba) y dos pequeñas comunidades rurales (en las regiones de Córdoba y Cauca).

Formas de colaboración

Dado su aislamiento y vulnerabilidad económica, y la falta de presencia gubernamental y policial, se considera que los asentamientos de desplazados internos favorecen el crimen organizado. Se sabe que los desplazados internos colaboran con grupos delictivos tanto directa como indirectamente; algunos participan directamente en las actividades ilegales de dichos grupos, sobre todo en lo que respecta al tráfico de drogas y la extorsión de dinero en concepto de protección (las llamadas “vacunas”), mientras que otros ayudan a los grupos, por ejemplo, proporcionándoles suministros o transportando gasolina para sus cultivos ilícitos.

En determinadas comunidades los grupos armados controlan el suministro de agua y la venta de alimentos básicos como huevos y arepas (un alimento básico colombiano, hecho de masa de maíz). También controlan el transporte dentro y fuera de la comunidad. En tales condiciones, los vendedores locales, los chóferes y cualquier persona que necesite agua se verán arrastrados hacia diversos grados de complicidad o sumisión ante los grupos delictivos.

Razones para colaborar

Es esencial entender por qué los desplazados internos colaboran. Si no entendemos eso, los esfuerzos de desarrollo económico pueden fracasar y los organismos pueden ponerse a sí mismos y a quienes tratan de ayudar en peligro si se percibe que sus actividades suponen una amenaza para los agentes ilegales. Las razones por las que los desplazados internos son cómplices o participan directamente en las actividades de los grupos armados son mucho más complejas de lo que muchos creen.

Una de las razones es la sensación de que no hay oportunidades económicas. Los entrevistados declararon que, al menos en el caso de algunos desplazados internos, contar con una forma alternativa de mantener a su familia los disuadiría de participar en actividades delictivas productivas. Los entrevistados también destacan el incentivo de conseguir “dinero fácil”. María Esperanza[3] (trabajadora social de una organización religiosa para el desarrollo comunitario en Bogotá) resume la dinámica de la siguiente manera:

"Las comunidades marginadas, excluidas y segregadas son un entorno excelente para ocultar el crimen organizado. El tráfico de drogas y el hecho de que estas comunidades tengan esas necesidades, especialmente económicas, y la cultura del dinero fácil hacen muy probable que [los desplazados internos] recurran a negocios ilícitos”.

La cultura del “dinero fácil” es sin duda el resultado de una combinación de factores, entre los que probablemente destacan la influencia de los cárteles de la droga y la dinámica de dependencia creada por la ayuda gubernamental y no gubernamental[4]. Pero cuando se combina esa cultura con la realidad de los bajos salarios o los bajos márgenes de beneficio de gran parte de la producción agrícola, se empieza a ver por qué la colusión con una organización criminal se vuelve atractiva. Como dijo Jorge Miguel (pastor y líder de una organización de desarrollo comunitario que trabaja con desplazados internos):

“La justificación es que... [puesto que] 2 kg de coca valen alrededor de 4 600 000 pesos, entonces me voy a dedicar a cultivar coca y no maíz. Lo justifican porque el precio del maíz a menudo está por los suelos y los agricultores... casi siempre pierden”.

Para los desplazados internos cuya complicidad se limita a funciones auxiliares, como el transporte, puede resultar más fácil justificar su colaboración ya que no están produciendo o vendiendo estupefacientes directamente.

No es de extrañar que el miedo sea una de las razones citadas con más frecuencia por las que los desplazados internos secunden o apoyen el trabajo de las organizaciones criminales en sus comunidades. Ese miedo no solo nace del peligro que representan los grupos armados, sino también de la sensación de que los desplazados internos han sido abandonados por el Gobierno y la Policía. En palabras de Susanna, una trabajadora social que dirige un proyecto de desarrollo con desplazados internos fuera de Medellín:

“Muchos tienen miedo... Sienten como... que lo mejor que pueden hacer es callarse. Pero hay otros a quienes esto les parece la opción de vida más fácil, especialmente dado el abandono por parte del Estado... no tienen a nadie que los proteja, no tienen a nadie que los escuche, o si alguien los escucha, serán denunciados [a los grupos delictivos]”.

La percepción de haber sido abandonado por el Estado se agrava por el hecho de que las asambleas vecinales locales suelan empujar a la gente a ceder ante las extorsiones de los grupos delictivos y a llevar a cabo sus peticiones, a veces incluso haciendo recaudaciones directamente para ellos.

Pero el miedo y la pobreza no son los únicos factores. Hasta cierto punto, los grupos delictivos mantienen el orden en muchas de estas comunidades marginadas y, en ausencia de representantes de la Policía y del Gobierno, funcionan como gobiernos locales y sancionan las infracciones de las normas comunitarias. Susanna explica que:

“La gente se ha acostumbrado a su presencia [del grupo delictivo] allí y la ha legitimado en cierto modo porque, cuando les pasa algo, van a buscarlos [a los miembros del grupo] para que puedan resolver las cosas, para que puedan desempeñar el papel de los jueces”.

Debido a que la mafia local y los grupos delictivos llenan el vacío de gobierno, la cooperación con ellos puede ser vista por los desplazados internos como más legítima de lo que un extraño podría apreciar.

Por último, los desplazados internos pueden optar por colaborar con un grupo delictivo o incluso por unirse a él como reacción contra la violencia que sufrieron a manos de otro grupo armado. De esta manera, se sienten más seguros y, de alguna forma, pueden extraer algún tipo de venganza. Angélica Pinilla Mususú asegura que:

“Si los paramilitares me expulsan, me convierto en enemigo de los paramilitares y me acerco a las guerrillas. [O] si son las guerrillas las que me expulsan, y yo soy una persona desplazada y una víctima, acabo formando parte de los grupos paramilitares, en busca de una justicia que el Estado no ha podido ofrecerme, en busca de una reparación que el Estado no ha podido darme”.

Implicaciones para las tareas de desarrollo

Todo esto subraya la realidad de que las agencias que se centran en el desarrollo económico de los desplazados internos en Colombia necesitan adoptar una mentalidad abierta respecto a crear alianzas y coordinar sus esfuerzos con organizaciones complementarias. Dado que las motivaciones económicas son sólo una pequeña parte de la razón por la que los desplazados internos acaban trabajando con entidades delictivas, los esfuerzos para alejarlos de esos grupos deben tener en cuenta otros factores. Probablemente esto esté fuera del alcance de la típica organización de desarrollo económico y, por lo tanto, sea necesaria la cooperación con organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones confesionales.

Dado que algunos de los factores analizados tienen que ver con la ausencia del Estado y con la debilidad del liderazgo de las comunidades locales, la atención al desarrollo económico también debería ir de la mano de una presencia gubernamental y policial más sólida en las comunidades, y con iniciativas para ayudar a aumentar la conciencia cívica y política de las comunidades. De manera similar, en la medida en que algunos factores tienen que ver con cuestiones éticas y psicológicas, la mejor manera de abordarlas es en cooperación con las comunidades religiosas locales y las organizaciones confesionales, así como con las ONG que ofrecen atención psicológica.

Aunque no cabe duda de que esta cooperación sería compleja, a la hora de fomentar la recuperación económica de los desplazados internos resulta de vital importancia tener en cuenta los factores no económicos que fomentan la cooperación con los grupos delictivos y obstaculizan un desarrollo económico legítimo.

Christopher M Hays cmhays@gmail.com

 

Profesor asociado de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, Medellín; director del proyecto ‘Integral missiology and the human flourishing of internally displaced persons in Colombia’ [Misionología integral y florecimiento humano de los desplazados internos en Colombia].[5]

 

[1] Registro Único de Víctimas (2018) Informe General www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394

[2] Carrillo A C (2009) “El desplazamiento interno en Colombia: consecuencias humanitarias, económicas y sociales en el medio urbano y desafíos actuales”, Revista Internacional de la Cruz Roja 91, no 875 https://www.icrc.org/es/international-review/article/el-desplazamiento-interno-en-colombia-consecuencias-humanitarias

[3] Se han cambiado todos los nombres.

[4] Véase Thoumi F E (1999) “Relación entre corrupción y narcotráfico: un análisis general y algunas referencias a Colombia”, Revista de economía de la Universidad del Rosario 2, no 1: 24, 28.

http://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/982

[5] Este proyecto fue posible gracias a una subvención de Templeton World Charity Foundation, Inc. Las opiniones expresadas aquí son las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Templeton World Charity Foundation, Inc o de la institución a la que pertenece el autor.

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