Tras huir del genocidio en Myanmar en 2013, me quedé atrapado en Indonesia. Tenía la esperanza de buscar refugio en Australia, pero me confinaron en una habitación de hotel durante tres meses y luego fui trasladado a un centro de internamiento donde estuve detenido durante casi dos años. Sigo considerándome más afortunado que la mayoría de los refugiados que suelen permanecer detenidos más de cinco años. Llevo los últimos ocho viviendo en Indonesia sin acceso a derechos fundamentales.
Indonesia no se ha adherido a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. A falta de unos mecanismos nacionales de protección efectivos, a los solicitantes de asilo y refugiados se les considera ilegales. No hay ninguna ley que les proteja de la detención indefinida, los malos tratos por parte de los funcionarios y la corrupción. Aun cuando los solicitantes de asilo son reconocidos como refugiados por ACNUR, no hay garantía de libertad o seguridad. Si tienen la suerte de salir de los centros de internamiento, se les traslada a viviendas comunitarias respaldadas por la OIM. En 2015, fui liberado y se me trasladó a una vivienda comunitaria donde pensé que sería libre, pero lo que encontré fue un sufrimiento constante sin derechos fundamentales ni certeza alguna sobre mi futuro.
En el alojamiento de la OIM hay unos carteles en la pared donde se describen las normas y restricciones que deben cumplir los refugiados. Se aplica un estricto toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas, y no se puede visitar a amigos ni recibir invitados. Nuestros movimientos están restringidos y no se nos permite viajar a más de 20 km de distancia de nuestro alojamiento. Debemos informar de todos nuestros movimientos a los guardias de seguridad y se nos prohíbe tener vehículos. ¡Incluso el amor está prohibido! Se nos prohíbe casarnos fuera de nuestra comunidad o iniciar una relación con una persona indonesia. Algunos refugiados se casan con lugareñas, pero se les deniega el certificado de matrimonio; no se les permite irse a vivir a casa de su esposa, ni tampoco llevársela a vivir a su propio alojamiento.
“¿Por qué supone un problema vivir con mi familia? ¿No soy humano? Dicen que aquí estamos seguros y somos libres, pero ¿por qué me impiden trabajar para dar de comer a mis hijos?”, se pregunta Nur Islam, un refugiado rohinyá con cuatro hijos que está casado con una lugareña y lleva ocho años viviendo en Indonesia.
No se nos permite trabajar. Ni siquiera podemos formarnos. En 2016, intenté matricularme en la Universidad Hasanuddin (en Makassar, South Sulawesi), pero fui rechazado pese a contar con todas las titulaciones necesarias. El decano me dijo que los organismos de inmigración no aceptaban mi condición de refugiado.
No tengo derecho a la propiedad. Nuestros carnets de refugiado no se aceptan en entidades como los bancos, así que no podemos abrir una cuenta bancaria. También se nos deniega el acceso a los servicios sanitarios nacionales. Las personas que residen en viviendas comunitarias solo reciben asistencia médica limitada, y muchos han fallecido debido a retrasos en la medicación y el tratamiento. El insomnio es muy común, y también la ansiedad y la depresión.
Los ciudadanos indonesios son ampliamente conocidos como personas tolerantes, pero apenas han alzado sus voces en apoyo a los refugiados. Cuando en 2019 protestamos frente a la oficina de ACNUR contra el trato cruel por parte de los funcionarios de inmigración en Makassar, la población local se quejó a la policía de que les estábamos molestando. Veintiocho de mis amigos fueron encarcelados en régimen de aislamiento y a muchos les golpearon. Me amenazaron con detenerme y me hicieron la vida tan difícil —debido a mi labor de periodista, que utilizo para defender los derechos de los refugiados— que en 2020 tuve que huir de Makassar a Yakarta.
Lo que pedimos
Muchos de los refugiados en Indonesia —como yo— tenían originalmente la intención de solicitar asilo en Australia, pero este país nos ha cerrado las puertas (aunque financia a la OIM para que nos ofrezca billetes de avión gratuitos y 2000 dólares si aceptamos repatriarnos). Se nos presiona desde todos los frentes para que aceptemos la llamada “repatriación voluntaria”, a pesar de la guerra y la persecución que aún persisten en los países de los que huimos. En el alojamiento de la OIM, un cartel colgado en la pared dice que la cuota de reasentamiento es muy limitada, y que la OIM ayudará a quienes estén dispuestos a regresar a su país. ACNUR también nos dice que nos vayamos a casa, ya que probablemente nunca seamos reasentados[1].
El Gobierno no considera que los refugiados sean una prioridad. Indonesia nos niega la posibilidad de integrarnos a nivel local, pero le preocupan demasiado las responsabilidades y los costes en que incurriría si firmara la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, así que se limita a delegar nuestro cuidado en organismos internacionales como ACNUR y la OIM.
Una de las razones alegadas para la reticencia de Indonesia a firmar la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados es su falta de recursos para implementar las medidas de protección correspondientes. Si los ciudadanos no gozan de pleno acceso a la sanidad y la educación, está claro que los “no ciudadanos” no deberían recibir ningún privilegio[2]. Sin embargo, en una enmienda a su ley n.º 39 de 1999, Indonesia ha reconocido el derecho a solicitar asilo y es parte de las principales convenciones internacionales de derechos humanos, y además ha adoptado las normas de derechos humanos en su legislación nacional. Por lo tanto, las leyes internacionales y nacionales le obligan a avalar estos derechos. La disposición más importante para la protección de los solicitantes de asilo y refugiados es el reconocimiento de que todas las personas tienen el mismo derecho al disfrute de los derechos recogidos en estas convenciones, sin discriminación. Aunque Indonesia respeta el principio de no devolución, supuestamente han sido muchas las ocasiones en que ha remolcado de vuelta al mar una embarcación de migrantes rohinyá que se encontraba varada[3].
Lo primero que podría hacer el Gobierno indonesio para reducir nuestro sufrimiento es levantar todas las restricciones. Una buena iniciativa política sería expedir Permisos de Estancia Temporal para Refugiados para los que se encuentran en tránsito con vías a ser reasentados, lo que nos permitiría trabajar legalmente. Esta política no solo mejoraría nuestra salud y dignidad, sino que también nos permitiría pagar impuestos a las arcas públicas. Y lo que es más importante, podríamos contribuir a la economía local con nuestro trabajo, talento y lealtad, y así crear comunidad y trabajar con todos los indonesios en pos de un futuro mejor. También pedimos a Indonesia que utilice su influencia para solicitar a Australia que aumente su cuota anual de admisión de refugiados procedentes de este país.
Nosotros, como refugiados atrapados en Indonesia, buscamos que la comunidad internacional intervenga para conseguir una solución y un futuro seguro.
JN Joniad jnjohn3d@gmail.com @JN_Joniad
Periodista rohinyá
[1] https://jakartaglobe.id/context/refugees-go-home-or-wait-years-for-resettlement
[2] Missbach A (2016) Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia