Refugiados de las pandillas centroamericanas

El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran entre las naciones más frágiles del mundo, sin embargo, son ampliamente ignoradas por las agencias de refugiados que subestiman los abusos y poderes de control de las organizaciones criminales transnacionales, mientras sobrestiman la capacidad y voluntad de los gobiernos nacionales de proteger a sus ciudadanos

A pesar del constante flujo de miles de personas que huyen a las naciones vecinas, los datos del ACNUR en 2011 no muestran el desplazamiento interno en Centroamérica y sólo unos pocos miles de refugiados. Los tribunales de los Estados Unidos, donde la mayoría solicita asilo, se basan en informes desactualizados, inexactos o políticamente motivados que documentan más capacidad o voluntad del Estado de proteger a sus ciudadanos de la que existe. 74.449 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras han solicitado asilo en los EEUU desde 2007, pero sólo fueron reconocidas 2.250 solicitudes. Además, los EEUU deportaron entre 22.000 a 41.000 migrantes procedentes de cada una de estas tres naciones sólo en 2012.

El reconocimiento de la crisis centroamericana podría imponer menos responsabilidades a las naciones receptoras como México y los EEUU. Los saturados tribunales de inmigración pasan incontables horas en sus casos y sus apelaciones, cientos de nuevos centros de detención se han abierto para alojar a los migrantes mientras esperan su veredicto[1] y se gastan millones de dólares en su deportación. Por otro lado, si la crisis fuera reconocida, se podría ofrecer programas de reasentamiento a los necesitados, y las naciones receptoras podrían planificar la llegada de refugiados, la introducción en la sociedad y la ciudadanía productiva, como se hizo en la década de 1980. Y lo que es más importante, el reconocimiento de los factores institucionales en la región que contribuyen a la fragilidad del Estado fortalecería las solicitudes de asilo de centroamericanos.

Pandillas

En 1996, los EEUU comenzaron a deportar tanto a ciudadanos como a residentes que habían nacido fuera del país y habían sido condenados por un delito, muchos de los cuales hacían parte de las pandillas de los barrios urbanos más violentos de los EE.UU.; tan sólo entre 2000 y 2004, más de 20.000 de ellos fueron repatriados a las naciones de Centroamérica. Esta afluencia de pandilleros, que en general hablaban poco español y poseían limitadas pericias, llegó a países inestables que apenas se estaban recuperando de las guerras civiles de las décadas de 1970 y 1980. La delincuencia, la venta y consumo de drogas, y la violencia aumentaron rápidamente, y las bandas callejeras extendieron su red en toda la región.

Actualmente, las tres naciones están seriamente amenazadas por estas organizaciones criminales transnacionales (OCT), que poseen muchas más armas, dinero y poder que los ejércitos de cada nación. Se estima que entre el 40 y el 70% de los funcionarios gubernamentales de estos tres países también están en las nóminas de las OCT. Municipios enteros – y los bolsillos de los gobiernos federales – están controlados por las OCT que imparten educación y justicia a través de sobornos, balas, reclutamiento forzado de niños de tan sólo nueve años, violación y tortura. El Estado, comprometido como está por la corrupción y superado en número de armas por las OCT, está gravemente limitado en su capacidad de proteger a los ciudadanos del terror de las OCT.

Las OCT buscan infundir el temor de persecución grave y perjudicial para lograr su deseado control. Las personas que expresan el temor a tal persecución muy probablemente tienen fundados motivos para hacerlo, especialmente porque la capacidad o la voluntad de protección del Estado están gravemente comprometidas. Es de sorprenderse entonces, que los centroamericanos sean repatriados por la fuerza a sus países donde se enfrentan a la persecución de las OCT – una violación del principio de no devolución.

Recomendaciones

Para corregir las actuales fallas y reconocer que se las personas están siendo devueltas a la persecución, deben ser reconocidos cuatro hechos:

La fragilidad puede conducir a que el Estado no pueda o no quiera proporcionar protección[2]: Usando armas y dinero las OCT pueden ejercer un significativo control sobre dichos gobiernos a través de amenazas y sobornos, causando que el gobierno sea incapaz de proteger a sus ciudadanos porque los recursos son relativamente limitados; cuando el gobierno puede proporcionar protección, podría negarse a hacerlo debido a la corrupción generalizada. Sin embargo, los tribunales de asilo han sido generalmente negligentes al no reconocer a las OCT como actores no estatales capaces de infligir acciones que alcanzan el nivel de persecución. Se debe dar mayor importancia a la persecución que infligen los actores no estatales como las OCT, especialmente en Estados frágiles, donde éstas pueden ejercer con impunidad mayor capacidad y voluntad para castigar y proteger que el propio Estado. Algunas OCT operan a lo largo de estas naciones y de la región, lo que significa que rara vez existen alternativas de huida interna, a pesar de que los tribunales a veces especulan o asumen erróneamente lo contrario.

Las personas que huyen de crisis que no han recibido el reconocimiento internacional tienen derecho a que sus casos de asilo sean tomados seriamente: La huida al extranjero de los ciudadanos de estas naciones puede ser el mejor indicador de los extremos riesgos o persecución que han encontrado, a pesar de la falta de reconocimiento internacional de las crisis    con las que se enfrentan. Tal huida a gran escala también puede considerarse un indicador de la fragilidad del Estado. Sin embargo, el régimen de refugiados los castiga y permite que los tribunales los consideren simplemente como migrantes económicos rechazando sus solicitudes de asilo. Los casos de los solicitantes provenientes de situaciones de crisis que aún no han sido reconocidas deben ser considerados tan seriamente como aquellos provenientes de crisis con una gran presencia humanitaria o con reconocida inestabilidad.

Los niños que son objetivo de las OCT están en riesgo por su pertenencia a un “determinado grupo social” o su opinión política[3]: Las OCT en Centroamérica se ensañan específicamente con los niños para que se unan a sus filas o son asesinados si se rehúsan, facilitado por el hecho de que unos 100.000 jóvenes de la región ya son miembros de pandillas. La edad promedio de los pandilleros es sólo de 19 años. Solamente en los tres primeros meses de 2012, 920 niños fueron asesinados en Honduras y niñas de tan sólo nueve años fueron violadas por pandilleros en las tres naciones. La mayoría de los niños presencian habitualmente la comisión de asesinatos, algunos han perdido a sus padres debido a la violencia de las pandillas y algunos ya no asisten a la escuela porque las pandillas realizan ahí los reclutamientos. Los ex niños soldados en otros contextos, obligados a unirse a los ejércitos nacionales y guerrilleros han sido reconocidos como un determinado grupo social; el reclutamiento forzado de las pandillas transnacionales no es diferente. Quienes huyen para evitar ser reclutados por las pandillas ejercen una opinión política y probablemente enfrentarían la persecución inmediata si fueran devueltos. Devueltos o no, sus familias podrían sufrir represalias.

Puede utilizarse el estatuto de protección temporal para defender los principios de no devolución cuando no se puede establecer la persecución por los motivos aceptados: Los tribunales de asilo han declarado en repetidas ocasiones que el temor a la violencia generalizada no cumple con el estándar de persecución o retorno a la tortura, incluso cuando tal violencia puede haber enfocado sus perjudiciales efectos en ciertos grupos, especialmente en los niños, para quienes el entero rumbo de su vida posiblemente cambie. Las OCT convierten en objetivo a los repatriados debido a su presunto aumento de riqueza o su presunta información sobre las operaciones de las pandillas en los EEUU y México. El efecto es que los repatriados no están seguros y con frecuencia son perseguidos por actores estatales y no estatales. Los EEUUhan creado el Estatuto de Protección Temporal para los centroamericanos que han huido de desastres naturales como terremotos, inundaciones y huracanes en las dos últimas décadas, pero el problema más apremiante al que de hecho se enfrentan puede ser el convertirse en objetivo de la violencia a manos de las pandillas y de los gobiernos a su retorno.

Conclusión

Los Estados frágiles no reconocidos como El Salvador, Guatemala y Honduras resaltan, como mínimo, el retraso en el tiempo de respuesta de los círculos de refugiados y humanitarios y, en el peor de los casos, las influencias geopolíticas que determinan quién está autorizado a huir y dónde. Las OCT eligen específicamente naciones debilitadas donde pueden ejercer un mayor control. Podría decirse que las naciones que contribuyen a situaciones que generan la huida – por ejemplo a través de la gran demanda de los consumidores de drogas – deben ser responsables de la recepción de los ciudadanos que huyen.

 

Elizabeth G. Kennedy egailk56@gmail.com es estudiante de doctorado de la Universidad Estatal de San Diego y la Universidad de California, Santa Bárbara y dirige el Programa de Empoderamiento Juvenil en dos centros de detención de EEUU para menores no acompañados.

 



[2] Es importante destacar que para esta región las definiciones jurídicas de “persecución” y “refugiado” son ampliadas y ya se reconoce este punto en la Declaración de Cartagena de 1984, la Declaración de San José de 1994 y la Declaración y Plan de Acción de México de 2004.

[3] El acto de negarse a unirse a una pandilla, a pesar de la creciente presión, es cómo mínimo un acto de neutralidad y con frecuencia un acto radical de apoyo a la paz.

   

 

Renuncia de responsabilidad
Las opiniones vertidas en los artículos de RMF no reflejan necesariamente la opinión de los editores o del RSC.
Derecho de copia
Cualquier material de RMF impreso o disponible en línea puede ser reproducido libremente, siempre y cuando se cite la fuente y la página web. Véase www.fmreview.org/es/derechos-de-autor para más detalles.

facebook logo Twitter logo RSS logo

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview