En la década de 1990 casi 250.000 personas, la mayoría de la comunidad pandit de Cachemira, fueron desplazadas por la violencia en el estado de Jammu y Cachemira en la India. Más de 20 años después, la cuestión para ellas es si las respuestas a su desplazamiento hasta ahora pueden formar la base para las soluciones a largo plazo para su desplazamiento prolongado. Por lo general, los términos “refugiado” y “desplazado interno” han sido tácitamente aceptados como una especie de indicador de vulnerabilidad. Debido a que los años de desplazamiento han destruido la paciencia, y las personas no están dispuestas o no pueden regresar a sus hogares, lo que se necesita no es una etiqueta de vulnerabilidad, sino un análisis situacional sobre lo que las personas desplazadas en realidad quieren y quienes son entre ellas las más vulnerables.
El desempleo, el subempleo y el deterioro de los ingresos siguen siendo problemáticos mucho tiempo después de su reubicación física. Pero, además de esto, las personas se marginaron, ya que perdieron su espacio cultural junto con sus casas, y sufrieron daños psicológicos, la pérdida de confianza y la pérdida de su estatus. Las redes informales de ayuda mutua, la asociación local y los acuerdos de servicios que son importantes para la supervivencia también se pierden cuando las personas están desplazadas. Existe muy poca información y análisis confiables sobre la situación de quienes regresaron a sus casas después de períodos de desplazamiento. Es importante entender si volver a casa en realidad representaría el final de la vulnerabilidad inducida por el desplazamiento o si los largos períodos de desplazamiento crearon patrones persistentes de vulnerabilidad. El paquete de asistencia y rehabilitación del gobierno no logra diferenciar las categorías de beneficiarios, y la asistencia y la rehabilitación tampoco han sido abordadas por separado, a pesar del hecho de que no todos los que necesitan asistencia necesitarán rehabilitación y viceversa, y no ha habido una evaluación del impacto de los paquetes proporcionados.
También existe la urgente necesidad de volver a realizar la identificación de perfiles ya que algunas personas que aún no están registradas pueden necesitar asistencia. Después de 23 años, la necesidad de encontrar soluciones más estables y a largo plazo que conduzcan a la supresión final de la asistencia es aconsejable, aunque la supresión de la asistencia no debe ser abrupta. Las autoridades nacionales tienen que establecer las condiciones propicias para un retorno seguro y digno o el asentamiento en otro lugar. Pero, con el fin de ser duraderas, las soluciones deben tener en cuenta la seguridad y protección a largo plazo, la compensación por los bienes perdidos, la reanudación de las condiciones socioeconómicas normales, y también un estatuto jurídico y sociopolítico seguro.
Los impactos específicos del desplazamiento se dividen en cuatro grandes categorías: la destrucción de los bienes, la negación del acceso a los bienes, el distanciamiento del entorno socioeconómico normal, y los impactos psicológicos y materiales de vivir en el limbo. Lo que también ha de tenerse en cuenta es la duración del desplazamiento –no sólo el tiempo cronológico, sino también el número de generaciones.
La vulnerabilidad permanente de los desplazados surge de un conjunto específico de factores, incluyendo la capacidad de recuperación de su capital económico y social de los impactos del desplazamiento y el impacto de las políticas y acciones específicas de los gobiernos de acogida y los organismos internacionales de asistencia. Las encuestas y evaluaciones existentes son en su gran mayoría demasiado generales para resaltar con claridad las diferentes sub-situaciones. Para determinar si se ha alcanzado una solución duradera, y en qué medida se ha hecho, es necesario examinar tanto los procesos mediante los cuales se encuentran las soluciones como las condiciones reales de los retornados y las personas que se han integrado localmente o se han asentado en otras partes del país.
La realidad es que estas poblaciones han vivido en un estado indeterminado desde hace mucho tiempo, y aunque los conflictos pueden permanecer congelados, las personas no. Existe la persistente suposición de que la inversión en soluciones sostenibles para la autosuficiencia de las personas desplazadas de alguna manera debilita los objetivos nacionales de facilitar finalmente un retorno a casa. Pero tal vez el regreso a casa no es la solución final ni la mejor; forzarlas a volver sería una clara violación de sus derechos humanos y no redundaría en su interés ni en el de las autoridades.
Mahima Thussu ar.mahima@gmail.com es Profesora Asistente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Manipal, Karnataka, India. www.manipal.edu/mit.html