Las mujeres indígenas desplazadas en Colombia

Dentro de los 49 millones de habitantes estimados en Colombia, el 1.5% corresponde a personas indígenas. Bajo la Constitución de 1991, las personas indígenas tienen derecho a ser propietarias de las tierras en donde practican su cultura. Dichos territorios están usualmente ubicados en partes aisladas del país, tienden a ser ricos en recursos naturales y por lo tanto son atractivos para los diferentes actores involucrados en el conflicto armado de Colombia. A lo largo de los años, un número creciente de indígenas ha sido desplazado por la violencia.

El mayor problema para la población indígena es la pérdida de su territorio. Las comunidades se dividen y las familias se separan. En muchos casos, las mujeres indígenas terminan solas y/o como cabeza de familia luego de perder a sus parejas. El temor a ser encontradas por sus victimarios hace que muchas de ellas huyan hacia las grandes ciudades en donde se ven forzadas a vivir en barrios marginales. Todas estas razones contribuyen a la “…desestructuración de comunidades enteras y el riesgo a desaparecer como pueblos distintos y diferentes."[1]

El caso de las mujeres Zenú

Los indígenas Zenú se encuentran ubicados en el norte de Colombia. Su principal actividad económica es la producción de artesanías y el intercambio de productos agrícolas con otros grupos indígenas. Dentro de la familia, las mujeres son responsables de la creación de una hortaliza conocida como ‘el patio’ en la que se mantienen vegetables, frutas, plantas medicinales y animales domésticos para el consumo de la familia. Desde la perspectiva de la comunidad, las mujeres ayudan a crear un reservorio de diversidad a través de sus hortalizas que, en algunos casos, han llegado a reportar “…28 especies de vegetales, 30 especies de frutas y más de 70 especies de plantas medicinales”[2]. Asimismo, las mujeres son responsables de la medicina tradicional y la tarea de tejer. De esta forma, las mujeres Zenú generan un gran impacto en la supervivencia de sus comunidades, con la tierra siendo crucial para ese rol.

En el contexto de desplazamiento, el rol de la mujer Zenú cambia abruptamente. En muchos casos, ellas enfrentan retos como la falta de vivienda, seguridad alimentaria, educación y empleo. Debido a que muchas mujeres Zenú cuentan con un nivel educativo primario, la mayoría de sus oportunidades laborales son poco remuneradas y temporales, además la gran mayoría de mujeres desplazadas y sus familias se ven forzadas a vivir en arriendo. La falta de tierra para crear “el patio” compromete la seguridad alimentaria de la familia, y la necesidad de las mujeres de trabajar fuera de su hogar afecta su capacidad para cuidar de sus hijos – exponiéndolos al riesgo de involucrarse en pandillas. De esta manera, el desplazamiento interno cambia drásticamente el rol de las mujeres Zenú y compromete la supervivencia de toda la comunidad.

Respuesta gubernamental inadecuada

La Ley 387 de 1997 de Colombia fue diseñada para prevenir el desplazamiento interno y asistir a aquellos que han sido desplazados. Cada uno de los 32 departamentos del país decide sobre su presupuesto anual para implementar los programas relevantes. Sin embargo, la falta de supervisión del gobierno ha llevado a variaciones en la implementación y por consiguiente en la asistencia brindada a la población desplazada. En el caso de los indígenas, el gobierno local ha fallado en comprender y cubrir sus necesidades específicas.

Para poder acceder a la asistencia gubernamental, los desplazados internos (IDP por sus siglas en inglés), deben registrarse en el Registro Único de Victimas de Colombia. Si el registro es exitoso, los desplazados tienen derecho a recibir la Ayuda Humanitaria de Emergencia con la cual se pretende cubrir las necesidades básicas inmediatas de dicha población; la segunda etapa concierne la estabilidad socioeconómica para lo cual están disponibles la asistencia de vivienda y programas de generación de ingresos. Los resultados obtenidos mediante entrevistas con mujeres Zenú de la comunidad de Pasacaballos en la ciudad de Cartagena, indican que el sistema de registro dificulta el acceso a la ayuda. Dichas dificultades surgen de circunstancias que involucran a mujeres registradas que al ser desplazadas más de una vez dejan de ser elegibles para obtener más ayuda.

Para aquellas mujeres que han obtenido ayuda, la ayuda ha sido insuficiente, de baja calidad o retrasada. Por ejemplo, algunas mujeres recibieron ayuda financiera para cubrir su arriendo dos años después de haberla solicitado. A otra mujer se le prometió ayuda financiera, pero recibió parte del pago en forma de comida (de baja calidad), cuatro sillas y un juego de cucharas. Después de varios años aún le deben 40 % de los fondos prometidos. Este tipo de ayuda representa un desperdicio de recursos para el gobierno teniendo en cuenta que no provee a las mujeres con las herramientas necesarias.

La mala organización de la asistencia del gobierno y la falta de comprensión de las necesidades reales de las mujeres indígenas desplazadas resultan dañinas tanto para la supervivencia a corto plazo de las mujeres Zenú y sus familias, como para la supervivencia a largo plazo de su comunidad y su cultura.