La erradicación de la apatridia en América

Con la adopción de la Declaración y Plan de Acción de Brasil en 2014[1], 28 países y tres territorios latinoamericanos y del Caribe se comprometieron a erradicar la apatridia en la región siguiendo los lineamientos del Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia del ACNUR[2]. Con este propósito, los países acordaron evitar que se originen nuevos casos de apatridia en la región, que todas las personas apátridas adquieran o recuperen su nacionalidad, y que las personas en riesgo de apatridia logren superar las barreras legales o prácticas a las que se enfrentan para probar que efectivamente son nacionales de un determinado país. También acordaron que hasta que las personas apátridas puedan obtener una nacionalidad, deben ser protegidas. Por consiguiente, si bien el Plan de Acción de Brasil reconoce que el enfoque central detrás de la idea de erradicar la apatridia es una de las soluciones, propone a los Estados adoptar medidas en tres ámbitos: prevención, protección y resolución.

Progresos en la región desde 2014

Prevención: Con relación a la prevención de la apatridia, el Plan de Acción de Brasil propone a los Estados que se adhieran a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961[3], armonicen su normativa sobre nacionalidad con los estándares internacionales y faciliten la inscripción de nacimientos. En la actualidad, de los 35 Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos, sólo 16 son Estados Partes en la Convención de 1961. Tres de ellos —Argentina, Belice y Perú— se han convertido en partes en la Convención desde 2014, mientras que Haití ha decidido recientemente adherirse a la Convención (y se convertirá en el 17º Estado Miembro). Mientras tanto, Colombia y Chile reformaron reglamentos para limitar el alcance de las excepciones constitucionales al principio de ius soli[4], reduciendo así la posibilidad de casos de apatridia en sus territorios, y Panamá flexibilizó su práctica de registros para facilitar la inscripción de nacimientos de los hijos de padres panameños nacidos en Costa Rica.

Protección: Para proteger a las personas apátridas, el Plan de Acción de Brasil propone a los Estados que se adhieran a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, adopten marcos normativos internos de protección y establezcan procedimientos de determinación de la apatridia. Hasta la fecha, 19 de los 35 países miembros de la OEA son Estados Partes en la Convención de 1954. De éstos, después de 2014, El Salvador se adhirió a la Convención y México retiró su reserva al artículo 31 sobre la expulsión de apátridas. Asimismo, el parlamento en Haití aprobó la adhesión, y la presidenta Bachelet de Chile se comprometió a avanzar hacia la adhesión a ambos convenios de apatridia. En cuanto a los procedimientos de determinación de la apatridia, la Corte Interamericana emitió una opinión consultiva en la que se señala que, en un contexto migratorio, los Estados deben determinar la nacionalidad o la apatridia de cualquier niño en su territorio. A este fin, deben establecer o fortalecer procedimientos apropiados, reconociendo las necesidades diferenciadas de niños, niñas y adolescentes.

En 2016, Costa Rica adoptó un decreto que regula la protección integral de las personas apátridas. Por otra parte, la Ley Orgánica de Movilidad Humana del Ecuador y la ley de migración de Brasil, ambas adoptadas en 2017, regulan los derechos de las personas apátridas y exigen que se establezcan procedimientos de determinación de la apatridia. Además, Argentina, El Salvador, Panamá, Paraguay y Uruguay están elaborando regulaciones para abordar el tema, mientras que Colombia, Guatemala y Perú han expresado su interés en hacerlo.

Resolución: En relación con la confirmación de la nacionalidad, Chile (a través de su proyecto “Chile reconoce”[5]), Costa Rica y Panamá (a través del proyecto “Chiriticos”[6]) han implementado proyectos para verificar o revisar el registro de nacimientos y asegurar el registro y acceso adecuados a la documentación que acredite la nacionalidad. Por otro lado, los nuevos marcos normativos de Bolivia, Brasil y Ecuador facilitan la naturalización de las personas apátridas, mientras que Argentina, El Salvador y Paraguay están redactando leyes similares.

Lecciones aprendidas

El proceso de Cartagena +30 que llevó a la Declaración y Plan de Acción de Brasil permitió a los Estados reconocer que la apatridia es una cuestión de derechos humanos no sólo en el mundo sino también en la región, y que su erradicación generalmente requiere una inversión baja de recursos. Cartagena +30 favoreció que los Estados se apropiaran de la meta de erradicar la apatridia y promovió la adopción de acciones orientadas a lograr este objetivo.

Las personas apátridas pueden jugar un rol clave en la sensibilización de los funcionarios estatales y la difusión del problema en la sociedad. Tras la adopción del Plan de Acción de Brasil, los cursos de capacitación y reuniones regionales organizados por el ACNUR tuvieron mayor impacto gracias a la participación de personas apátridas —como Maha Mamo, una refugiada apátrida en Brasil[7]— para explicar el impacto humanitario de la apatridia y por qué son necesarias soluciones tales como la naturalización. Además, dado que la apatridia es una cuestión relativamente nueva para muchos funcionarios, que tradicionalmente se habían centrado únicamente en temas de asilo y protección de los refugiados, lo "novedoso" de la apatridia resultó ser un punto de entrada para hablar sobre el tema y sensibilizar.

Los proyectos binacionales pueden lograr no sólo una reducción de la apatridia, sino también un fortalecimiento de la cooperación entre los países. Las relaciones tradicionalmente cordiales entre Costa Rica y Panamá favorecieron la implementación del proyecto llamado Chiriticos que buscaba determinar la nacionalidad de las personas migrantes radicadas temporalmente en zonas fronterizas y de sus descendientes nacidos en Costa Rica. En la ejecución del proyecto, se fortaleció la cooperación entre los dos Estados, mediante el intercambio de información, el trabajo en el terreno y la cooperación bilateral.

Mejorar el acceso de las personas apátridas a la naturalización contribuyó a una mejora similar en el acceso a esta solución para los refugiados no apátridas. El artículo 32 de la Convención de 1954 y el artículo 34 de la Convención de 1951 establecen un mismo estándar de tratamiento para las personas apátridas no refugiadas y para las personas refugiadas no apátridas en lo referido a la naturalización. Los Estados deberían esforzarse por facilitar la naturalización en ambos casos. Aunque ha sido más sencillo para los Estados comprender y empatizar con la idea de facilitar la naturalización de las personas apátridas, países como Argentina y Paraguay están desarrollando legislaciones sobre protección de personas apátridas que también incluyen facilidades para la naturalización de los refugiados no apátridas, mientras que Bolivia ya aprobó una resolución a ese fin. Así, el objetivo de erradicar la apatridia ha tenido un “efecto derrame” que puede beneficiar a los refugiados.

Desafíos pendientes

Tres años después de la adopción del Plan de Acción de Brasil, se evidencian importantes avances en la erradicación de la apatridia. Asimismo, se han aprendido importantes lecciones que serán de utilidad en la implementación continuada del Plan de Acción de Brasil a nivel nacional.

En términos de desafíos, debe notarse que, a pesar de la adhesión de Belice a la Convención de 1961, y la reciente aprobación de ambas convenciones sobre apatridia por el parlamento de Haití, el número de países del Caribe que son Estados Partes en las convenciones continúa siendo bajo.  De igual modo, en las Américas, es en el Caribe donde aún existen leyes de nacionalidad que discriminan por razones de género, donde se encuentran la mayor cantidad de personas en riesgos de apatridia y donde hay miles de personas que han sido privadas arbitrariamente de su nacionalidad. En 2020, el ACNUR llevará a cabo otra evaluación de la implementación del Plan de Acción de Brasil. Para que las Américas se convierta en la primera región en el mundo que logre acabar con la apatridia —como espera el ACNUR[8]— será necesario redoblar los esfuerzos en estos países del Caribe en los próximos tres años.