Imagínese caminar cuatro horas al día en busca de agua potable porque la subida del nivel del mar ha hecho que las aguas subterráneas más cercanas a su hogar se vuelvan saladas. Imagine ponerse de parto y que la lleven en un cesto a un hospital que se encuentra a varios kilómetros de distancia porque unas inundaciones repentinas y cada vez más frecuentes han arrasado las carreteras. O imagine que sus hijos se tienen que marchar de casa —porque la agricultura tradicional ya no es viable debido a la sequía y la erosión de la tierra— para trabajar 12 horas al día, siete días a la semana, como conductores de tuk tuk o en una fábrica de ropa para ganar lo suficiente para ayudar a su familia a sobrevivir. La gente no abandona su hogar porque busque un estilo de vida similar al que disfrutan muchas sociedades del Norte Global; a menudo las personas se ven obligadas a separarse de sus seres queridos y de sus hogares por pura supervivencia.
A lo largo del siglo pasado, las naciones ricas se beneficiaron considerablemente de la generación de gases de efecto invernadero y de la explotación de los ecosistemas, mientras que otras en todo el mundo —por lo general pobres y vulnerables— sufrían las consecuencias. Aunque la colonización de las tierras haya cesado en el Sur Global, aún ocurre que haya quien se apropie de ellas y que se exploten los recursos naturales en un lugar en el que la mano de obra y las tierras se mantienen baratas como incentivo para los inversores extranjeros y donde apenas se aplican medidas de protección ambiental y social. En este sentido, los Gobiernos del Sur Global también tienen su parte de responsabilidad. Las industrias monopolísticas copan los mercados y establecen las reglas, mientras que las empresas que pertenecen a las comunidades o los pequeños productores luchan contra una competencia desleal. Quienes tienen que soportar la carga de los costes directos e indirectos de la explotación histórica y actual suelen quedar a su suerte ante los efectos devastadores del cambio climático. Y, lo que es peor, una vez que se ven forzados a migrar cuentan con poca o ninguna protección.
Los retos, y la respuesta de la comunidad
Según el Centro de Seguimiento de los Desplazados Internos (IDMC), los riesgos naturales provocaron aproximadamente 24,8 millones de nuevos desplazamientos en 2019 y afectaron a todos los continentes habitados. El IDMC cita también unos pronósticos para 2050 que oscilan entre los 100 y los 1000 millones de migrantes por cuestiones climáticas[1]. Muchos países del sur de Asia, del Sudeste Asiático y del Pacífico se enfrentan a graves retos relacionados con el cambio climático. Las zonas costeras, por ejemplo, se ven amenazadas por el aumento de la frecuencia y la potencia de los temporales, los ciclones y el aumento del nivel del mar (lo que contribuye a que se incremente la salinidad). La población ha empezado a convertir sus arrozales en estanques de camarones tolerantes a la sal, pero esta medida de adaptación conlleva consecuencias drásticas. Donde antes había oportunidades laborales remuneradas en la agricultura y la posibilidad de dedicarse a la agricultura de subsistencia, ahora hay poderosos propietarios de empresas camaroneras, con capital extranjero, que comercializan sus productos en los mercados internacionales y marginan a los agricultores sin tierras.
En Indonesia, desde el año 2000, los pescadores de varias zonas de la costa septentrional de Java han experimentado los efectos de la subida del nivel del mar provocando que sus poblados queden sumergidos y una caída en sus capturas. Sus barcos pesqueros solían contar con una tripulación de tres a cinco miembros, pero esa caída obliga a los pescadores a reducir el tamaño de su tripulación. Masnuah, una mujer de 46 años que vive en el distrito de Demak, se hizo a la mar por primera vez para acompañar a su marido, cuando antes se habría considerado vergonzoso que un pescador le pidiera a su esposa que le ayudara en su trabajo. Ahora preside la asociación de pescadoras indonesias Indonesian Fishermen Women’s Association (PPNI)[2]. Gracias a su labor defendiendo esta causa, la pesca se ha convertido en una actividad aceptable para las mujeres. Al principio les costó organizarse porque muchos, especialmente los ancianos del poblado y las figuras religiosas, estaban convencidos de que formar parte de la PPNI iba en contra de lo que significaba ser mujer.
La PPNI comprende ahora 16 colectivos que van del norte de Sumatra a Timor Occidental y que defienden los derechos de las pescadoras. Hasta 2017, solo los hombres podían obtener un seguro —para pagar tratamientos médicos y en caso de perder la vida—, pero ahora las mujeres pueden disfrutar de las mismas coberturas. La PPNI también contribuye a fortalecer la economía pesquera a través de diversos proyectos, como la formación en la elaboración de productos pesqueros. La labor de defensa de la causa que hacen organizaciones como la PPNI es importante porque las mujeres que trabajan en los sectores de la pesca y la acuicultura suelen contar con salarios más bajos, menor reconocimiento, menor protección social y económica, y empleos precarios e invisibles. Estos factores, junto con el hecho de que las mujeres en contextos vulnerables a menudo se ven más afectadas por los efectos del cambio climático que los hombres, se suman a la precariedad de sus medios de vida y, por lo tanto, a la probabilidad de que se vean obligadas a trasladarse a otro lugar.
Kodriyah, una joven indonesia de 17 años, ha visto cómo disminuía la población de su localidad durante los últimos diez años, desde las 200 familias hasta que, en la actualidad, solo ha quedado la suya. Para llegar al centro en el que estudian, Kodriyah y su hermano de cinco años viajan en un pequeño bote, remando cinco kilómetros hasta la zona de tierra firme más cercana para luego continuar en bicicleta y en autobús. La planta baja de su casa está ahora permanentemente cubierta de agua, lo que ha obligado a su familia a construir una plataforma en su propio hogar para mantenerlo seco. Para reducir el impacto del aumento del nivel del mar, su familia está plantando manglares y para eso reciben ayuda ocasional de una organización liderada por estudiantes. Su madre, Pasijah, contribuye a los ingresos familiares vendiendo plantones de manglar. Kodriyah espera que el Gobierno pueda ayudarles emprendiendo una campaña generalizada de plantación de manglares y construyendo una presa para que su pueblo pueda salvarse.
Medidas de adaptación como estas pueden ayudar, pero no impedirán que las personas migren cuando pierdan sus tierras y sus hogares en múltiples ocasiones. Según la Organización Internacional para las Migraciones, hasta el 70 % de los residentes de las barriadas de Daca, la capital de Bangladés, se trasladaron allí como consecuencia de los problemas ambientales. Se estima que Bangladés alberga seis millones de migrantes, lo que hace que el cambio climático y las causas ambientales sean los principales detonantes de la migración interna, aunque poca es la ayuda que se está dando a aquellos que han sido desplazados.
La ONG bangladesí Coastal Association for Social Transformation Trust (COAST) está reforzando su trabajo sobre las medidas de adaptación al clima y ha estado presionando para que el Gobierno desarrolle una política nacional para el desplazamiento. El Gobierno ha aceptado en principio desarrollar dicha política y las ONG le han remitido un borrador.
Entre las respuestas de la comunidad local se incluye que no solo se trabaje en las medidas de adaptación, sino también en las de mitigación. Por ejemplo, el Comité Nacional de Bangladés para la Protección del Petróleo, el Gas, los Recursos Minerales, la Energía y los Puertos (NCBD) está luchando contra las causas fundamentales del cambio climático. El NCBD se formó en 1998 con el fin de fomentar la capacidad de las comunidades locales para oponer resistencia a los acuerdos que dañan el medio ambiente, que van en contra de los intereses de la población local y que menoscaban el desarrollo sostenible del país. Esta amplia alianza de partidos políticos y organizaciones de, entre otros, estudiantes, campesinos, trabajadores, mujeres, pueblos indígenas, artistas, maestros, escritores, expertos y periodistas ha hecho campaña sobre estos temas durante más de 22 años. También están luchando para proteger la vulnerable región de Sundarbans (incluyendo su manglar protegido por la UNESCO) de la puesta en marcha de una central termoeléctrica (que funcionaría con carbón), ya que el área es muy importante para proteger las zonas costeras de los efectos del cambio climático.
El poder del trabajo en red y la Iniciativa de Manila
Hay mucho que aprender de las ONG y los movimientos de apoyo a los afectados y desplazados por el cambio climático. En septiembre de 2019, la fundación Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) organizó una Conferencia Internacional de Solidaridad sobre los Derechos de los Migrantes por Cuestiones Climáticas en Manila, Filipinas. La conferencia acogió más de 70 invitados de más de 20 países, y reunió a estudiosos y actores de la sociedad civil con el objetivo de aprender unos de otros, mostrar solidaridad y establecer alianzas para reforzar el poder de sus redes en la lucha contra la injusticia climática y para promover los derechos de los desplazados por los efectos del cambio climático.
Los participantes compartieron sus historias personales, hallazgos científicos y lo aprendido por sus organizaciones (cada uno con sus propios ejemplos de soluciones localizadas), además de las respuestas de sus Gobiernos. Reunir a las personas que, en la actualidad, lideran las conversaciones sobre el clima, el desarrollo y la migración en sus respectivos países ayudó a unirlos y a demostrar que esta es una lucha con muchos frentes. Fueron tres las ONG que organizaron conjuntamente la conferencia: Kalikasan, la International Migrants Alliance y el Asian Peoples’ Movement on Debt and Development (APMDD); el APMDD es también miembro de la Demand Climate Justice Network, una de las principales redes internacionales del Sur Global que trabaja en el tema de la justicia climática.
La justicia climática puede, por supuesto, entenderse y enfocarse de múltiples maneras, con muchos matices diferentes, pero existe un consenso acerca de que abordar los aspectos sociales, económicos, ambientales y políticos de la crisis climática requiere más que unas pocas medidas de adaptación y mitigación. La acción climática no necesariamente lleva a la justicia climática.
En primer lugar, se debería exigir a los países más ricos del Norte Global que paguen una indemnización por el cambio climático. Para ello, no solo será necesario aportar financiación para la adaptación y la mitigación, sino también asumir la responsabilidad de la deuda ecológica histórica que tienen, y garantizar que la financiación climática y la tecnología para el clima se asignen y utilicen de manera equitativa, democrática y apropiada. La política de “sus responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y sus capacidades respectivas” es un principio consagrado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 que reconoce las diferentes capacidades y las distintas responsabilidades de cada país para abordar el cambio climático. En 2013, más de 20 años después de las negociaciones internacionales sobre el clima, el Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños relacionados con las Repercusiones del Cambio Climático estableció que las repercusiones del cambio climático no podían abordarse únicamente mediante la adaptación. A este respecto, el desplazamiento causado por los efectos del cambio climático siempre supone una pérdida y, por tanto, exige una indemnización, elemento crucial en el discurso de la justicia climática.
“Al no abordar la justicia climática como una cuestión central y al centrarse más en la adaptación, esa era una forma de contener las tendencias migratorias o el desplazamiento dentro de la propia región sin que ello supusiera una carga de responsabilidad para el Norte”. Meghna Guhathakurta, Research Initiative Bangladesh
En segundo lugar, es necesario que la comunidad internacional reconozca jurídicamente que los desplazados por los efectos del cambio climático son un colectivo que necesita protección especial. Eso significa, en primer lugar, que hay que garantizarles el derecho a trasladarse a otros lugares si su vida está en peligro; y, en segundo lugar, que una vez se hayan trasladado se les deben garantizar otros derechos como, por ejemplo, la asistencia médica, la protección jurídica y la educación. Los sistemas de seguridad social serían, por supuesto, un pilar importante de protección para los que se vean obligados a trasladarse a otro lugar. Esperemos que la declaración que hizo el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en enero de 2020, que decía que “los países no deberían deportar a aquellas las personas que se enfrenten a unas condiciones derivadas del cambio climático que constituyan una violación de su derecho a la vida” ejerza presión sobre los demás países para que modifiquen sus políticas de inmigración para permitir a aquellos desplazados por los efectos del cambio climático solicitar asilo.
“Queremos que nuestra gente tenga la opción de migrar con dignidad si llega el momento en que sea inevitable hacerlo”. Anote Tong, presidente de Kiribati (durante el 67º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU en 2012).
En tercer lugar, es necesario que se produzcan cambios fundamentales en el sistema, incorporando elementos como el Nuevo Pacto Verde y un acuerdo internacional sobre el clima que radique en la ciencia, la equidad y la justicia. Para algunos países, esto implicaría una reducción radical del consumo, el fin de los combustibles fósiles, la justa asunción de los costes ambientales y sociales, e incentivos para apoyar la producción local y regional.
A la luz de las deliberaciones acerca de lo anterior, uno de los principales resultados de la conferencia celebrada en septiembre de 2019 en Manila es la Iniciativa de Manila sobre los Derechos de los Migrantes por Cuestiones Climáticas. Esta representa la visión de futuro de los participantes en la conferencia y sus peticiones de mejora, y hace un llamamiento a la sociedad civil y a los encargados de la formulación de políticas para que se adhieran a la iniciativa[3].
“Esperamos que [la Iniciativa de Manila] desempeñe un papel importante en el fortalecimiento de nuestra voz a nivel internacional, porque las cuestiones relativas al desplazamiento están perdiendo ahora impulso tanto en las negociaciones mundiales sobre el clima como en los procesos de derechos humanos de las Naciones Unidas”. Aminul Hoque, COAST, participante en la conferencia
Laura Geiger laura.geiger@rosalux.org
Directora, Programa de Diálogo sobre Justicia Climática, Rosa Luxemburg Stiftung Manila www.rosalux.org
La autora quiere agradecer a Meghna Guhathakurta (RIB) y Aminul Hoque (COAST) por sus entrevistas, y a Pius Ginting (AEER) por su ayuda en la realización de las entrevistas con Masnuah (PPNI) y Kodriyah.
[1] IDMC (2019) “Climate Change, Migration Patterns and Vulnerability: The case of Ndem, Senegal” www.internal-displacement.org/expert-opinion/climate-change-migration-patterns-and-vulnerability-the-case-of-ndem-senegal
[2] Acrónimo del nombre de la organización en lengua indonesia.
[3] Iniciativa de Manila y vídeo The Move producido por Rosa Luxemburg Stiftung Manila para el Foro sobre Migración por Cuestiones Climáticas, disponible en https://climatemigrationforum.net