Desde finales de 2018, han ido llegando a México varias caravanas de migrantes y solicitantes de asilo. Estas concentraciones de grupos de personas que viajan juntas están compuestas principalmente por gente procedente de Honduras, El Salvador y Guatemala cuyo objetivo es llegar a EE. UU. Los distintos conjuntos de caravanas corrieron diferentes suertes a su llegada a México. Las que lo hicieron, a finales de 2018, tuvieron que vérselas con unas autoridades mexicanas que al principio eran reacias a permitirles transitar libremente por el país, aunque finalmente acabaron cediendo. A las que llegaron a principios de 2019 se las dotó de documentos migratorios temporales que les permitían quedarse en el país o transitar libremente por él durante el periodo de un año. Pero las siguientes caravanas —incluidas las que se conformaron en la ciudad de Tapachula, en el sur de México, en octubre de 2019, y la que partió de Honduras, en enero de 2020— han sido firmemente reprimidas.
La forma en que estas caravanas fueron gestionadas por el Gobierno mexicano sugiere preguntas clave acerca de las razones por las que se formaron y de las respuestas que el Estado les dio. Aunque esta nueva forma de movilidad supone principalmente una alternativa para cruzar fronteras y territorios sin tener que acudir a traficantes de personas (en México conocidos como “coyotes”), el Gobierno mexicano sostuvo que entre los organizadores de las caravanas había traficantes y que esas actividades suponían un grave peligro para sus integrantes. En México, el tráfico ilícito puede conllevar penas de prisión de entre ocho y dieciséis años, además de cuantiosas sanciones económicas. El Gobierno vinculó la llegada de esas caravanas con la guerra que mantiene contra los traficantes de personas en su afán de conseguir legitimar su control sobre las mismas y contenerlas y, al mismo tiempo, consiguió criminalizar este tipo de movilidad, a los que participaban de ella y a los activistas que las apoyaban y acompañaban.
La criminalización de las caravanas y de sus defensores
A lo largo del primer semestre de 2019, algunos de los principales representantes del Gobierno realizaron varias declaraciones en las que daban a entender que, al menos en parte, las caravanas habían sido organizadas por traficantes de personas. Entre ellas, una nota de prensa en la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunciaba que se habían congelado las cuentas bancarias de varias personas por movimientos que hacían sospechar que tenían que ver con operaciones de tráfico de personas; con unos argumentos pobres apuntó a que estas mismas personas estaban promoviendo las caravanas ilegalmente. Estas declaraciones y otras similares favorecieron que se asociara el concepto de caravanas de migrantes y solicitantes de asilo a actos ilegales.
Asimismo, también se criminalizó a los defensores de los derechos humanos de los migrantes. Varios representantes del Gobierno mexicano insinuaron que los activistas que apoyaban las caravanas estaban vinculados al tráfico ilícito de personas y señalaron concretamente a la organización Pueblos Sin Fronteras. Dos destacados defensores de los derechos de los migrantes en México fueron arrestados acusados de tráfico ilícito de personas en el transcurso de las negociaciones sobre la movilidad de los migrantes debido a su activismo y al papel que habían desempeñado como defensores de los derechos humanos.
Las caravanas como alternativa al coyotaje
En contraste con la visión negativa que los Gobiernos tienen del coyotaje, los migrantes procedentes de regiones donde los salarios son bajos recurren a sus servicios como estrategia de supervivencia. Los datos de una encuesta sobre migración llevada a cabo en la frontera sur de México confirman que acudir a los coyotes ha sido una estrategia muy extendida entre personas hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas que transitan el territorio mexicano para llegar a EE. UU.[1] Sin embargo, los datos sugieren que, en comparación con los guatemaltecos y salvadoreños, hay menos población hondureña que tenga dinero suficiente para contratar los servicios de coyotaje. Estas personas cruzan el país solas, en pequeños grupos o en caravanas, empleando una combinación de diferentes estrategias que les permiten viajar a pesar de que sus recursos económicos sean escasos o nulos. Entre dichas estrategias estaría desplazarse a pie o en trenes de carga, apoyarse en la red de solidaridad que se teje a lo largo de las rutas migratorias y cuya piedra angular son los albergues, o desempeñar trabajos ocasionales por el camino. Como alternativa a los servicios que ofrecen los coyotes, las caravanas suponen un medio más seguro para viajar y ofrecen a los migrantes —en gran medida— protección, información y ayuda, con independencia de los recursos económicos de las personas[2].
La criminalización de los migrantes, de los solicitantes de asilo y de sus defensores se puede observar también en muchos otros países como EE. UU., España y Marruecos, y podemos extraer las siguientes lecciones para todos los Estados. En primer lugar, no se ha de emplear el discurso de la lucha contra el tráfico ilícito para legitimar las políticas de control migratorio. En segundo lugar, no hay que criminalizar la movilidad de migrantes y refugiados (en este caso en forma de caravanas) por su supuesta relación con el tráfico ilícito. Y, finalmente, no se debe criminalizar a los defensores de los derechos humanos (ni en el discurso ni en la práctica), sino más bien permitirles que desarrollen sus labores humanitarias sin ser hostigados por ninguna autoridad ni por grupos criminales.
Eduardo Torre Cantalapiedra etorre@colef.mx
Investigador, Cátedras Conacyt-El Colegio de la Frontera Norte
http://investigadores.colef.mx/cvu.aspx?idinv=375438
[1] EMIF (2020) “Encuestas sobre Migración en la Frontera Sur de México, 2019” www.colef.mx/emif/
[2] Torre Cantalapiedra E y Mariscal Nava D M (2020) “Batallando con fronteras: estrategias migratorias en tránsito de participantes en caravanas de migrantes”, Estudios Fronterizos, vol. 21, 1–23 https://doi.org/10.21670/ref.2005047