Los oportunamente olvidados derechos humanos de los rohinyá

Mientras que el pueblo apátrida de los rohingya, en Birmania, se enfrenta a su confinamiento en campos de desplazados y dentro de sus casas y comunidades, en lo que a efectos prácticos es una segregación, sus derechos humanos están siendo ignorados por completo por los países dispuestos a apoyar la reforma en Birmania o a devolver a los refugiados que han huido de sus costas.

No es una mera coincidencia que la actual crisis en el Estado de Rakhine, en Birmania, se haya desarrollado en un contexto general en el que Birmania se encuentra en medio de un proceso de reforma democrática muy aclamado –aunque todavía frágil– cuyo inicio estuvo marcado por las elecciones de 2010. La fatal combinación de racismo generalizado y un gobierno ex militar intolerante que busca el apoyo nacional y la legitimidad democrática ha demostrado ser letal para los derechos del pueblo apátrida de los rohingya, en Birmania.

La Ley de Ciudadanía de 1982 de Myanmar, que al ignorar la solicitud de ciudadanía del pueblo rohingya lo convirtió en apátrida, ha constituido la base legal de un trato arbitrario y discriminatorio contra esta comunidad y les ha hecho estar sujetos a una serie de controles y políticas draconianas.1 Se estima que los actos de violencia a gran escala que tuvieron lugar en junio de 2012 contra los rohingya –una minoría étnica musulmana y apátrida de aproximadamente un millón de personas– causaron miles de muertes, el desplazamiento forzado de más de 100.000 personas, y la quema y destrucción de viviendas y propiedades en el estado de Rakhine.2 Mientras escribimos el presente artículo continúan produciéndose estallidos de violencia, arrestos arbitrarios de hombres rohingya cuyo paradero sigue desconocido, y actos de tortura y muertes en prisión.

Desde junio se ha segregado en gran medida a los rohingya del resto de la población con el fin de crear zonas “libres de musulmanes”. A algunos se les ha “quemado” mediante la destrucción de sus hogares y propiedades. A otros, las tropas del Gobierno los han trasladado a campos de desplazados internos. Sólo las poblaciones musulmanas han sido trasladadas por las fuerzas de seguridad. Por lo que su desplazamiento es más una medida discriminatoria que protectora. Aquellos que no fueron desplazados han sido apartados de sus trabajos y encuentran dificultades para acceder a alimentos y a los servicios básicos. En octubre se produjeron más brotes de violencia cuyo objetivo eran los rohingya y otras minorías musulmanas del Estado de Rakhine, que dieron lugar a la destrucción completa o parcial de otras zonas musulmanas y al desplazamiento de otras 36.000 personas.3 Apartados de sus trabajos y fuentes de ingresos, incapaces de acceder a los mercados, hospitales y escuelas y sin acceso a la ayuda humanitaria, cientos de miles de rohingya se enfrentan a una catástrofe.4 El Gobierno mantiene un estrecho control sobre las agencias internacionales que trabajan en el Estado de Rakhine, a las que deja poco espacio para que se impliquen en la defensa pública de los derechos de la población afectada, y mucho menos para que aumenten la concienciación sobre los derechos humanos.

Los recientes acontecimientos que se han producido en el Estado de Rakhine no deberían verse como casos aislados; las fuerzas de seguridad birmanas tienen en su contra un largo historial de discriminación y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La observación que hizo el presidente Thein Sein en julio de 2012 en la que la “única solución”5 a los problemas del Estado de Rakhine era enviar a los rohingya apátridas a terceros países o mantenerlos recluidos en campamentos gestionados por ACNUR, provocó indignación entre la comunidad internacional de derechos humanos. A pesar de ello, 110.000 Rohingya6 siguen viviendo en condiciones sórdidas en campos de desplazados y no se les ha informado de que se les vaya a permitir regresar a sus comunidades de origen o que se les vaya a ayudar a hacerlo, ni que vayan a poder reanudar sus vidas y vivir como antes.

Los países en los que se han refugiado los rohingya a lo largo de los años se han apresurado a condenar la avalancha de violencia y persecución, pero no se han dado tanta prisa en reconocer los derechos de los refugiados apátridas rohingya dentro de sus propios territorios. Bangladesh, por ejemplo, ha hecho retroceder a miles de los Rohingya recién llegados y ha bloqueado la asistencia humanitaria a los cerca de 300.000 refugiados no reconocidos de esta etnia que viven en el país. El debate sobre las “soluciones regionales” se ha centrado durante mucho tiempo sólo en resolver el problema del retorno de los rohingya a Birmania. Los países de acogida demostrarían mejor su compromiso de proteger a los rohingya si también estuviesen dispuestos a trabajar juntos para proteger los derechos de esta comunidad dentro de sus propias fronteras.

La condena de los países occidentales ha pasado a un segundo plano respecto a la petición de que se amplíen las reformas en Birmania. Occidente ha premiado al Gobierno birmano por los pasos que ha dado hacia la reforma democrática reduciendo las sanciones e incrementando la inversión en el país. Pero el que la comunidad internacional no haya empleado su influencia sobre el Estado birmano para garantizar la protección de los rohingya y otros pueblos birmanos vulnerables y para que se reconozcan sus derechos podría tener serias consecuencias para la democracia y la estabilidad en Birmania.

Bajo el mensaje de mantener el orden y la estabilidad contra las (percibidas) amenazas a la seguridad nacional –en este caso los musulmanes rohingya extremistas y la reacción de la llamada violencia “comunitaria” contra ellos– el Gobierno pretende legitimar el continuo papel central del ejército en la política. Perdido en este discurso está el hecho de que tal vez sean el ejército y las fuerzas de seguridad quienes llevan perpetrando infracciones de los derechos humanos contra los rohingya durante décadas, y quienes más necesitan ser reformados.

 

Natalie Brinham (natalie.brinham@equalrightstrust.org) es consultora de la organización Equal Rights Trust. www.equalrightstrust.org


1 Véase RMF 30, número sobre “Los desplazados de Birmania”. www.fmreview.org/burma

2 Véase Equal Rights Trust, “Burning Homes, Sinking Lives: A Situation Report on Violence against Rohingya in Myanmar and their refoulement from Bangladesh” (Quemar casas, hundir vidas: informe sobre la situación de la violencia contra los Rohingya en Myanmar y su devolución desde Bangladesh), junio de 2012. http://tinyurl.com/ERT-June2012

3 Ver las imágenes por satélite de Human Rights Watch en www.hrw.org/news/2012/11/17/burma-satellite-images-show- widespread-attacks-rohingya Ver también www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Rohingya_Emergency_Report.pdf (2 Nov 2012)

4 Burmese Rohingya Organisation (Organización Rohingya Birmana) – UK (BRO-UK), comunicado de prensa, octubre de 2012.

5 Véase “UNHCR seeks true community reconciliation in Rakhine State”(ACNUR busca una verdadera reconciliación en la comunidad del Estado de Rakhine), noticiario Myanmar Times, 16 de julio 2012 www.mmtimes.com/2012/news/635/news63506.html

6 Alrededor de finales de noviembre de 2012.

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