Minando el desarrollo: desalojos forzados en Bangladesh

Los proyectos de desarrollo siguen siendo una de las causas principales de desplazamiento en todo el mundo. Los desalojos suelen ser involuntarios. El proyecto de una mina de carbón en Bangladesh deja patentes las potenciales infracciones de los derechos humanos que se producen durante el desarrollo de tales proyectos, así como la necesidad de unas políticas de salvaguarda más sólidas que defiendan los derechos de las personas , el poder de la protesta local y que eviten el desplazamiento.

Se estima que más de 250 millones de personas en todo el mundo fueron desplazadas en nombre del desarrollo a lo largo de los últimos veinte años, y el número de afectados sigue creciendo a pesar de la proliferación de instrumentos internacionales para la defensa de los derechos humanos que estipulan que los desalojos forzados pueden producirse únicamente bajo circunstancias “excepcionales” en las que el desplazamiento sea “inevitable” y “con el único propósito de promover el bienestar general”. La ejecución de los desalojos forzados implica atroces violaciones de derechos humanos fundamentales que continúan llevándose a cabo con relativa impunidad. Sin embargo, diversos movimientos ciudadanos locales de todo el mundo están asumiendo un enfoque basado en los derechos para plantar cara a los proyectos que amenazan con desalojarles forzosamente y con destruir sus hogares y sus medios de vida con la excusa del desarrollo.

En el noroeste de Bangladesh, uno de estos movimientos ha paralizado con éxito durante seis años la excavación de una inmensa mina de carbón a cielo abierto, conocida como Phulbari Coal Project. La empresa, con sede en el Reino Unido, Global Coal Management Resources (GCM) reclama que el proyecto propuesto “producirá beneficios sustanciales” para el país, la población de Bangladesh y la comunidad local. Los opositores al proyecto citan términos contractuales que permitirán a la mercantil exportar el 100% del carbón extraído, imponer la ausencia de tasas de exportación y permitir que la mercantil disfrute de una bonificación que durante nueve años le exima del pago de impuestos, y de una tasa de explotación fija del 6%.

Existen discrepancias acerca del número de personas que serían desalojadas a causa del proyecto. En el anteproyecto de GCM titulado “Plan de reasentamiento” se establece la pretensión de desplazar a aproximadamente 50.000 personas. Por contra, un comité de expertos designado por el Gobierno de Bangladesh concluyó que el proyecto afectaría de inmediato a aproximadamente 130.000 personas y a largo plazo desplazaría a unas 220.000 a medida que las operaciones mineras vaciaran sus pozos y canales de riego. La National Indigenous Union (Unión Nacional de Indígenas) de Bangladesh estima que la mina desalojaría y/o empobrecería a 50.000 indígenas pertenecientes a 23 grupos tribales diferentes.

El proyecto destruiría 14.660 acres, de los que el 80% constituyen terrenos agrícolas fértiles. Debido a su elevación y su ubicación, Phulbari es una de las pocas regiones agrícolas que está protegida de las inundaciones que regularmente aniquilan las cosechas en el resto de Bangladesh.

A pesar de que el 80% de las familias que serán objeto de desalojo se dedican a la agricultura y la ganadería de subsistencia o se trata de pueblos indígenas cuyo modo de vida se basa en el trabajo de la tierra, el Plan de Reasentamiento establece que sus terrenos agrícolas no serán repuestos: “La mayoría de las familias –señala– se quedarán sin tierras”. Al no poder proporcionarles otras tierras como remplazo, se infringen los Principios y directrices básicos de las Naciones Unidas sobre los desalojos y desplazamientos a consecuencia del desarrollo[1] que exigen una compensación en forma de terrenos por las tierras perdidas, y muestra una intencionada falta de atención hacia el grueso de las investigaciones que demuestran que las compensaciones exclusivamente monetarias empobrecen a la gente que antes se ganaba la vida a través de sus tierras.

A pesar de la escasez de agua existente, GCM planea drenar hasta 800 millones de litros de agua al día en un intento de mantener las condiciones de sequedad de la mina. Dentro del impacto esperado se incluye una disminución de la capa freática de 15 a 25 metros a lo largo de más de nueve kilómetros, aparte del impacto medioambiental de la mina, lo que pondría en riesgo el acceso al agua para 220.000 personas. Por último, los planes para transportar el carbón a través de la reserva forestal de Sundarbans – el único gran bosque manglar que queda en el mundo, protegido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO – supone una amenaza para un ecosistema que es una fuente fundamental de alimentos y formas de sustento para las comunidades cercanas y acoge a al menos 58 especies raras y amenazadas.

En agosto de 2006 se iniciaron protestas masivas contra el Phulbari Coal Project. Después de que las tropas paramilitares abrieran fuego sobre unos 70.000 manifestantes, que se saldó con la vida de tres personas y con más de 100 heridos, los ciudadanos indignados llevaron a cabo una huelga de cuatro días en señal de protesta. GCM fue obligada a suspender sus operaciones y su personal abandonó el país bajo escolta armada después de que los manifestantes incendiaran las casas de las personas que se creía que estaban asociadas o apoyaban a la compañía.

La lucha ciudadana para detener el Phulbari Coal Project ha tenido éxito en el bloqueo de la mina durante más de seis años. En octubre de 2011 decenas de miles de personas se unieron para protestar en una marcha a lo largo de un trayecto de algo más de 402 kilómetros desde la capital, Daca, hasta Phulbari. Aquel mismo mes los opositores a la mina hicieron llegar sus preocupaciones a los Relatores Especiales de las Naciones Unidas[2] quienes llevaron a cabo varias acciones coordinadas a principios de 2012, entre ellas un comunicado de prensa conjunto de las Naciones Unidas en el que se solicitaba un alto inmediato del proyecto alegando que éste amenazaba derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la vivienda, al agua, a los alimentos y a la libertad contra la pobreza extrema. Los esfuerzos para reducir la pobreza, señalaron los Relatores Especiales, tienen más posibilidades de triunfar cuando las estrategias de desarrollo nacional incorporan y defienden principios basados en los derechos humanos.

Las organizaciones civiles de carácter social, los investigadores y los especialistas en desarrollo pueden contribuir a que avance un enfoque basado en los derechos para poner fin a los desplazamientos evitables:

 

  • Desafiando los modelos de desarrollo que consideran que el desalojo de personas vulnerables es acorde con el progreso, y desarrollando directrices claras que desacrediten los argumentos que aluden a que son necesarios para el interés público.
  • Exigiendo a las instituciones que financian proyectos destructivos que creen unas políticas de salvaguarda más sólidas, en las que cumplan con su obligación de evitar los desplazamientos, y que tengan en consideración únicamente aquellos proyectos que reúnan los criterios especificados en los principios y directrices básicos de las Naciones Unidas sobre los desalojos y desplazamientos a consecuencia del desarrollo, de acuerdo a una sólida evaluación de las opciones posibles para evitar el desalojo.
  • Apoyando los objetivos de desarrollo definidos a nivel local que valoren la conexión de las personas con sus hogares, sus tierras y sus comunidades, y que respalden sus derechos.

 

Kate Hoshour (kate@accountabilityproject.org) es investigadora adjunta senior en el International Accountability Project (Proyecto Internacional de Rendición de Cuentas) www.accountabilityproject.org/

 


[1] Reconocido por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en diciembre de 2007 www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/guidelines_en.pdf

[2] La oficina del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a los alimentos lideró la coordinación de trabajos a este respecto. Otros participantes de la oficina del Relator Especial de las Naciones Unidas fueron los que trabajan en cuestiones como: agua y saneamiento, libertad contra la extrema pobreza, vivienda adecuada, libertad de opinión y de expresión, libertad de reunión pacífica en asamblea y de asociación, y pueblos indígenas. 

 

 

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