Prevenir el “re-desplazamiento” mediante una reintegración genuina en Burundi

El desplazamiento a menudo forma parte de un proceso cíclico de conflicto y desplazamiento. Por lo que evitarlo no sólo consiste en prevenir nuevos desplazamientos sino en garantizar que la gente no reincida.

Tan pronto como un conflicto está lo suficientemente resuelto como para permitir el retorno (voluntario o forzado), y ya se ha hecho entrega del paquete de retorno a aquellos que se han apuntado de forma voluntaria al programa de repatriación, se considera que la crisis ha finalizado, se redirige la financiación (es decir, se reduce) y la reintegración queda fuera del foco de atención. El problema de este proceso es que donde se presta poca atención al extremadamente complejo, frágil y tenso proceso de reintegración, la posibilidad de que se produzcan nuevas tensiones, conflictos y finalmente nuevos desplazamientos aumenta.

Burundi es un buen ejemplo. El país está llevando a cabo la larga y dolorosa tarea de reconstruirse tras décadas de violencia, agitación política y desplazamientos. Aunque varias decenas de miles de personas continúan en el exilio, más de medio millón de burundeses desplazados han regresado en los últimos años, algunos de ellos tras más de tres décadas en el exilio. Los actores externos ven este retorno como un éxito, incluso ACNUR lo ha descrito como “una de las operaciones más exitosas del continente africano”[1].

El que tanta gente haya podido regresar resulta extremadamente alentador y representa optimismo por el futuro del país. Pero a pesar de que muchas cosas han ido bien en el proceso de retorno, también se han producido algunos errores graves a lo largo del mismo. Estos errores también se han hecho evidentes tanto en Burundi como en los países limítrofes, en especial en Tanzania, donde miles de refugiados aún se resisten al retorno. La reintegración efectiva de los que han sido desplazados probablemente sea el mayor reto al que se enfrenta el país y una prioridad si se quieren evitar futuros desplazamientos.

La reintegración es notoriamente difícil de cuantificar. Pero está claro que una medida clave para un retorno sostenible es que todos los burundeses sean capaces de ejercer sus derechos como ciudadanos de una manera genuina y significativa, especialmente para que aquellos que han vivido en el exilio puedan reintegrarse en la sociedad burundesa.

No hay en ningún sitio prueba más evidente de que se cumple la legalidad que el acceso equitativo a las tierras por parte de los refugiados. En Burundi, la inmensa mayoría de la población ha hecho de la producción agrícola su medio de subsistencia. Por tanto, no resulta sorprendente que la principal cuestión respecto al retorno sea la capacidad de los retornados de reclamar sus tierras, que han estado siendo utilizadas por quienes no huyeron del país en las últimas décadas. En ese contexto el tema de las tierras se convierte en una cuestión de justicia, reconciliación y paz sostenible además de ser la forma de ganarse el sustento. Y aquí es donde un fallo clave del proceso se hace evidente: las tierras se han tratado primero como un producto económico que podría resolverse mejor con asistencia humanitaria que con una fuerte asistencia política. Por supuesto que constituye un recurso económico –la gente necesita tierras para cultivar sus cosechas con el fin de alimentar a sus familias– pero para los retornados que han permanecidos alienados por el Estado durante décadas, el acceso a la tierra constituye un importante indicador de la reintegración y de la readmisión de los ciudadanos activos, y de su inclusión. Y por eso la comprensión de la ciudadanía para los retornados está principalmente supeditada a la justa y efectiva devolución de las tierras –y en especial de las tierras de la familia– suponiendo la desaparición de las causas de una huida que quebró sus lazos con la ciudadanía.

Pero a día de hoy vemos que muchos no han sido capaces de recuperar sus tierras, en especial cuando están ocupadas y sus actuales inquilinos no pueden dejarlas. Cuando los retornados han intentado reclamarlas por la vía judicial, a menudo se han encontrado con que la legislación no les respalda. Y aun cuando sí lo hace, temen por su seguridad por las represalias que pudieran tomar los actuales ocupantes de estas tierras, especialmente cuando dicho ocupante es poderoso o influyente. Para aquellos que no pueden recuperar sus terrenos, las opciones para acceder a tierras alternativas son limitadas, y muchos han sido recolocados en lo que se conoce como “pueblos de paz”, que incorporan a los retornados y a otros grupos vulnerables que necesitan tierras y donde se les asignan espacios para que construyan sus casas y granjas. Aunque, por lo general, esta medida se ve como una mejora en comparación con las desesperadas condiciones en las que la gente ha estado viviendo en los campamentos de tránsito, lo cierto es que es muy impopular. Quedan importantes cuestiones acerca de si, al poner a estas personas apartadas y aisladas, se están ofreciendo realmente oportunidades adecuadas para que estas personas se reintegren en el tejido social de Burundi y se persuada a los ciudadanos que todavía viven en el exilio para que regresen a casa.

Aunque no se trata del único reto, una distribución equitativa de las tierras en Burundi resulta vital para que el actual proceso de construcción de la paz tenga éxito y constituye un importante indicador del potencial para que esta paz sea duradera. A raíz de esta medida, ver el retorno y la reintegración en Burundi como un éxito sería ignorar los serios problemas que se están gestando. Decenas de miles de refugiados burundeses que viven en el campo de Mtabila, en la frontera con Tanzania, se siguen resistiendo a la repatriación a pesar de las terribles condiciones de vida y a la retirada de muchos de los servicios del campo, lo que pone seriamente en duda el supuesto éxito del proceso de retorno.

Mientras que el acceso a las tierras se siga considerando como un proceso humanitario primario en lugar de uno político, será más que posible que el retorno en masa desestabilice el país. Por ello resulta de vital importancia que las agencias gubernamentales, los legisladores y los actores humanitarios presten la atención adecuada a la necesidad de abordar las exigencias actuales sobre las tierras de un modo que sea a la vez equitativo y factible. Deben garantizar que se invierte el tiempo y los recursos adecuados en un proceso de reintegración que es a la vez complejo y frágil. Y es por eso que prevenir el desplazamiento en este contexto consiste en garantizar que la reintegración se base en un marco más amplio de reconstrucción nacional y en acabar con los desplazamientos previos de forma que se interrumpan los ciclos de conflicto y desplazamiento.

Lucy Hovil (lucy@hovil.co.uk) es investigadora senior en la International Refugee Rights Initiative (www.refugee-rights.org) y directora editorial del diario internacional International Journal of Transitional Justice. www.ijtj.oxfordjournals.org

 

El presente artículo ha sido extraído de un estudio realizado en Burundi en 2009. Véase International Refugee Rights Initiative, el Consejo de Investigaciones sobre Ciencias Sociales y REMA Ministries “Two People Can’t Share the Same Pair of Shoes: Citizenship, Land and the Return of Refugees to Burundi” (“Dos personas no pueden compartir el mismo par de zapatos: ciudadanía, tierras y retorno de los refugiados a Burundi”), Documento de trabajo nº 2 sobre La Ciudadanía y el Desplazamiento en la Región de los Grandes Lagos, noviembre de 2009[2].

 

 

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