Los intentos de prevenir los desplazamientos en los territorios palestinos ocupados

Cada vez más, la prevención se erige como la estrategia de la comunidad humanitaria a la hora de abordar los desplazamientos forzados en los territorios palestinos ocupados y también para responder a las necesidades de emergencia inmediatas de las familias desplazadas o que corren el riesgo de serlo.

Aunque la prevención de los desplazamientos forzados gana valor como estrategia entre la comunidad humanitaria a la hora de abordar las situaciones de desplazamiento, las acciones y políticas israelíes en los territorios palestinos ocupados siguen provocando de manera directa o indirecta el desplazamiento forzado de palestinos. Estas políticas se aplican con la intención de adquirir tierras, redefinir las fronteras demográficas y despojar a los palestinos de su propiedad. Tanto los expertos de las Naciones Unidas como las ONG han condenado las repetidas y recurrentes acciones israelíes que directa o indirectamente han provocado desplazamientos forzados en los territorios palestinos ocupados.

Aunque no disponemos de cifras globales sobre el desplazamiento en los territorios palestinos ocupados, las recopiladas por las ONG nacionales e internacionales y las Naciones Unidas indican que desde 1967 más de 270.000 personas se han desplazado a lo largo de estos territorios, incluidos los desplazados temporales, y más de la mitad de los desplazamientos se han producido en los últimos cinco años. En la Franja de Gaza sigue habiendo 15.700 personas desplazadas como consecuencia de la operación militar israelí “Plomo Fundido” que se llevó a cabo desde diciembre de 2008 hasta enero de 2009.

El Representante de las Naciones Unidas del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos enumeró en 2009 las causas principales del desplazamiento interno en los territorios palestinos ocupados como: operaciones de incursión y despeje de militares; desalojos; apropiación de tierras; demolición de viviendas; construcción de asentamientos e infraestructuras relacionadas; la construcción de la llamada “barrera de separación” o “Muro”; la violencia de los colonos; y la revocación de los derechos de residencia en Jerusalén Oriental.[1]

Se cree que junto a las comunidades enteras desplazadas del Valle del Jordán en el Muro de Cisjordania, hay casi 93.000 personas en Jerusalén Oriental que corren el riesgo de sufrir desplazamientos. Varios sectores de población palestinos se encuentran entre los más expuestos a este riesgo: las comunidades rurales en el Valle del Jordán, las colectividades cercanas o afectadas por el Muro y las infraestructuras y asentamientos israelíes; los residentes en Jerusalén Oriental que viven en lugares sujetos a órdenes de evacuación o de demolición de viviendas; los palestinos en peligro de que se les revoque el permiso de residencia o de que se les restrinjan los derechos de reunificación familiar; y los habitantes de Gaza que viven en la zona neutral o cerca de ella a lo largo de la frontera con Israel y que está sujeta a incursiones por parte de los israelíes o a que se amplíe esta zona.

La capacidad de recuperación y la vulnerabilidad

Cada día nos encontramos con que la gente desea permanecer en su tierra, tanto en zonas urbanas como en las comunidades rurales de cualquier territorio. Las comunidades palestinas y las familias a título individual han intentado prevenir o mitigar los efectos de las políticas israelíes que desembocan en desplazamientos. La tenacidad de las personas que se quedan –reflejada en el concepto de sumud o “constancia”– se explica por el deseo personal de conservar su hogar, sus tierras y al mismo tiempo no repetir el destino de los refugiados palestinos, cuya actual situación supone un cruel recordatorio de las consecuencias del desplazamiento y del despojo.

Para muchos la elección no sólo viene dada por el deseo de conservar sus propias tierras sino también por la falta de activos, propiedades o medios de vida, lo que limita la capacidad de las familias de trasladarse a otros lugares. En el contexto de los territorios palestinos ocupados, para muchos de ellos existen pocas alternativas, si es que hay alguna.

Las comunidades han luchado por salir adelante a pesar de los intentos de desalojarlas, a veces movilizando sus limitados recursos para construir infraestructuras que finalmente acaban en peligro de demolición. Veintenas de pueblos y barrios de Jerusalén Oriental han invertido tiempo y recursos para llevar a cabo planes de desarrollo alternativos para sus comunidades. Éstos son remitidos a las autoridades israelíes pero rara vez se ha llegado a aprobar alguno de estos planes. En efecto, durante más de 40 años se han congelado los planes de desarrollo en los territorios palestinos ocupados.

Las estrategias para prevenir el desplazamiento en los territorios palestinos ocupados se encuentran enmarañadas en el tejido de la vida cotidiana. En este contexto, la sociedad civil palestina –mediante actos a título particular, movilización social y activismo– ha estado a la vanguardia de los intentos de prevenir el desplazamiento.

A lo largo del Muro de Cisjordania y de Jerusalén Oriental las comunidades palestinas y los activistas palestinos, israelíes e internacionales han llevado a cabo protestas contra las políticas israelíes. Miles de familias palestinas impugnaron órdenes de demolición, de uso indebido de las tierras, de revocación del permiso de residencia y de denegación de la reunificación familiar ante tribunales israelíes con grandes costes económicos y durante largos períodos de tiempo. No es raro que un litigio dure años, en algunos casos casi una década, y que a menudo conlleven grandes gastos personales.

Las comunidades palestinas y los activistas se enfrentan a la intimidación, arrestos y violencia. Para la mayoría de los que simplemente pretenden permanecer en su hogar los costes son muy altos y no pueden calcularse fácilmente. Los granjeros que se encuentran en la zona neutral de Gaza o cerca de los asentamientos en el Valle del Jordán corren riesgos sólo para acceder a sus tierras. Las familias palestinas que impugnan los intentos de desalojar o demoler sus hogares pueden llegar a enfrentarse a situaciones de intimidación y violencia por parte de los colonos israelíes, y a la incertidumbre (a veces durante años) acerca de los casos que tienen abiertos en los tribunales israelíes.

 El impacto –social, financiero y psicológico– sobre el bienestar de los individuos, las familias y sus hijos es acumulativo. Experimentan situaciones de vulnerabilidad, traumas y ansiedad al hacer balance entre los riesgos a los que se enfrentan y la necesidad de mantener sus propiedades y posesiones. Las presiones de la sociedad palestina pueden añadirse también a las dificultades a las que hacen frente las familias que son incapaces de permanecer en tan precarias situaciones o que, por razones justificadas, no quieren hacerlo. El estigma por ceder ante las políticas o acciones israelíes puede ser muy importante.

Minimizar los riesgos y promover la prevención

La comunidad humanitaria, incluidas las ONG palestinas e israelíes, busca cada vez más ayudar a estas comunidades en peligro para minimizar los riesgos de desplazamiento ofreciéndoles asistencia humanitaria de naturaleza preventiva. Esto incluye la provisión de ayuda de emergencia a familias cuyas casas podrían estar en riesgo de demolición; asistencia laboral para facilitar a las comunidades rurales el acceso a tierras y a otros medios de vida; acciones legales por parte de –o en nombre de– las víctimas de órdenes de desahucio o demolición; y apelaciones contra la revocación de los derechos de residencia, unidad familiar y acceso.

Diversas agencias israelíes, palestinas e internacionales aportan una presencia protectora en zonas en peligro de sufrir la violencia de los colonos israelíes, así como control de los accesos en los puestos de control que se encuentran a lo largo del Muro de Cisjordania y a las puertas del Muro. Los activistas y las asociaciones internacionales, israelíes, palestinas y de las Naciones Unidas también se han dedicado a concienciar a la comunidad internacional sobre la situación de los desplazamientos forzados y, por extensión, han actuado en defensa de los desplazados y de aquellos en riesgo de serlo.

Pero seguirán produciéndose desplazamientos mientras que las presiones y los costes de la permanencia en el hogar y la oposición a las políticas invasoras israelíes sean altos. Los civiles que protestan contra las demoliciones o los desahucios mientras se llevan a cabo se arriesgan a ser multados, acosados y arrestados. Se han producido incidentes en el Muro de Cisjordania en el que palestinos y otras personas han sido asesinadas mientras trataban de evitar demoliciones de viviendas.

Sin ánimo de negar el valor de la asistencia proporcionada por las diversas agencias nacionales, internacionales y de la ONU, las comunidades afectadas o en riesgo de sufrir desplazamientos han destacado el fracaso de los Estados de la comunidad internacional a la hora de abordar la situación en zonas que se encuentran bajo la jurisdicción israelí, y que dicho fracaso les hace cómplices del desplazamiento forzado. Aunque la comunidad internacional ha condenado en repetidas ocasiones las políticas y acciones israelíes que han originado más desplazamientos forzados, no ha hecho rendir cuentas a Israel por las acciones que ha cometido y que sigue cometiendo.

La comunidad humanitaria ha desempeñado un importante papel –y lo sigue haciendo– a la hora de atenuar el nivel de desplazamientos. Sin embargo, su impacto para poner fin a los desplazamientos forzados es limitado. Los continuos desplazamientos elevan la cuestión sobre la capacidades de la comunidad humanitaria para evitarlos frente al objetivo por parte de un aparato estatal de expulsar a la gente de sus tierras. La respuesta de la comunidad humanitaria no debería distraerles de la necesidad de garantizar la defensa del derecho internacional humanitario y de los Derechos Humanos, y que se eviten nuevos desplazamientos.

Esto reitera las repetidas apelaciones interpuestas por defensores internacionales, palestinos e israelíes que han destacado la necesidad de que la comunidad internacional respalde los esfuerzos de prevención palestinos y humanitarios, y la necesidad de tratar con el Estado israelí de forma que se le haga rendir cuentas ante el derecho internacional.

 

Karim Khalil (karim.khalil@nrc.ch) es analista del Observatorio de Desplazamiento Interno. www.internal-displacement.org



[1] Informe de los Relatores sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, marzo de 2009. http://tinyurl.com/UNHRC-Sp-03-09

 

 

 

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