La restitución de la propiedad en Colombia

La precariedad de la tenencia de tierras y de los derechos de propiedad han causado y exacerbado los desplazamientos en Colombia. En respuesta, el Gobierno ha establecido un marco jurídico para abordar el problema y, en última instancia, para prevenir que se produzcan más desplazamientos. La restitución de las relaciones entre los miembros de la comunidad y de la confianza institucional resultan de vital importancia para el éxito de este enfoque.

La historia del despojo de las tierras y de los desplazamientos en Colombia debe su origen a diversos motivos y ha dado lugar a una de las poblaciones con mayor número de desplazados del mundo. En primer lugar, los derechos de los propietarios se han debilitado debido a la venta de tierras, que ha hecho que los campesinos y las comunidades rurales sean coaccionados –por la fuerza, mala praxis o desinformación– para que vendan sus títulos de propiedad y desalojen sus tierras. La venta de tierras llevada a cabo de esta manera rara vez se realiza a valor real de mercado. En segundo lugar, una forma recurrente de llevar a cabo el despojo de las tierras ha sido la ocupación posterior a su abandono por parte de los propietarios como resultado del conflicto. Existe una tercera forma de despojo de las tierras por medio de transferencias forzadas ilegales de los títulos de propiedad, por individuos que se aprovechan de su posición en el Gobierno y que actúan en complicidad con las fuerzas armadas no estatales de la zona para subvertir la protección que ofrecen los órganos gubernamentales locales. Algunas de estas transferencias corruptas se llevaron a cabo mediante fraude judicial o procesal[1].

Los efectos de la apropiación y ocupación de tierras y de los desplazamientos forzados han sido significativos. El Departamento Nacional de Planeación de Colombia estima que los desplazamientos forzados han afectado a unos 700.000 hogares (más de tres millones de personas). Más de 3.200.000 hectáreas –el 5% del territorio agrícola de Colombia– han sido absorbidas por la apropiación de las tierras o abandonadas por personas que se han visto forzadas a abandonar la zona[2].

Las medidas del Gobierno para prevenir el despojo y el desplazamiento

El Gobierno colombiano ha desarrollado una serie de políticas para facilitar la restitución de las tierras y para reforzar los derechos de los propietarios con el fin de evitar que se produzcan más desplazamientos y permitir el retorno de aquellos que se vieron forzados a abandonar sus hogares. Desde 2003, el Gobierno ha implementado el Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada con el objetivo de ayudar a reducir el riesgo de empobrecimiento de las poblaciones desplazadas[3]. El proyecto ha trabajado en 21 regiones de Colombia para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de propiedad, estableciendo medidas de protección de los recursos. También ha promovido la formalización del derecho a la propiedad, incluido el reconocimiento oficial de los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas, y ha implementado procesos de gestión para la restitución de las tierras, tanto en situaciones de despojo como en aquellas en las que la violencia había forzado a las personas a abandonar sus hogares. El proyecto ha apoyado los procesos de otorgamiento de los títulos de propiedad en nueve regiones del país, y ha producido más de mil títulos que otorgan derechos oficiales a los granjeros que ocupaban las tierras, algunos de los cuales ya habían sido desplazados mientras que otros se encontraban en gran peligro de serlo.  

El actual Gobierno, liderado por el presidente Santos, ha incluido una política de restitución de las tierras en su Plan Nacional de Desarrollo 2010-14. Esta política reexamina los derechos de las poblaciones desplazadas, se centra en el acceso a la justicia para aquellos que han perdido sus propiedades por culpa de la violencia armada y sienta las bases para abordar otras cuestiones relacionadas con las infracciones de los derechos humanos y la justicia transitoria.

Según la Ley de víctimas y restitución de tierras 1.448 de 2011, la restitución de las tierras supone una parte fundamental de la estrategia para prevenir de forma proactiva los desplazamientos forzados en masa. El Gobierno de Santos espera atender 160.000 solicitudes de restitución durante el período 20011-2014: 1) promoviendo los derechos de los propietarios y resolviendo las disputas por tierras; 2) disuadiendo de la apropiación de las tierras y la ocupación en la sociedad rural colombiana, y 3) ofreciendo un mecanismo para compensar a las personas que fueron desplazadas forzosamente y desposeídas de sus tierras. Entre los pasos que se han dado para conseguir este objetivo están los siguientes:

·       Dejar de poner la carga de la prueba de la titularidad previa sobre la persona desposeída sino sobre el nuevo “propietario”.

·       Establecer un registro para investigar y declarar qué tierras fueron desalojadas y abandonadas por culpa del uso de la fuerza.

·       Introducir un nuevo procedimiento compuesto de dos partes para proporcionar la restitución de la tierra desalojada consistente en una unidad administrativa especial dedicada a la restitución de las tierras y un órgano judicial compuesto por especialistas en cuestiones de propiedad.

·       Establecer un programa de compensación que ofrezca una restitución de la tierra en especie cuando sea aplicable y una compensación monetaria cuando la tierra no esté directamente disponible (a través de un fondo también establecido por esta ley).

·       Implementar de forma gradual y progresiva los programas de esta ley, otorgando prioridad a cada uno de los 364 municipios según el alcance del desalojo de tierras.

Diversos donantes – entre ellos USAID, la ONU y agencias como la Organización Internacional para las Migraciones – se han involucrado en el apoyo a la implementación de la política de restitución de tierras ofreciendo asistencia técnica y financiera. La OIM ha estructurado proyectos piloto y ha ayudado a reforzar las competencias de las instituciones encargadas de implementar dicha política.

Finalmente, la Ley de víctimas y restitución de tierras ofrece un marco judicial para establecer la titularidad de las tierras y prevenir que se produzcan más desplazamientos. Por encima de los beneficios obvios de identificar aquellos lugares en que ha tenido lugar el desalojo de tierras y de proporcionar ayuda ofreciendo unas bases para la restitución, estos programas han revitalizado la confianza de la comunidad y han diseminado por todo el país el mensaje de que el Gobierno no tolerará los desplazamientos causados por las desposesión y la ocupación de las tierras. Estos programas, implementados mediante un enfoque basado en la comunidad, han ido más allá de la asistencia administrativa y judicial llegando hasta la curación cultural.

La Ley fue el resultado de un consenso nacional entre varios de los principales interesados en asuntos humanitarios como el Gobierno, el Congreso, los partidos políticos, las organizaciones de derechos humanos y las asociaciones de víctimas. Promueve un modelo que pretende romper el ciclo de persecución y, en su lugar, iniciar un proceso de empoderamiento. Entre las soluciones concebidas por esta ley se incluyen la promoción de la participación activa por parte de las víctimas en su diseño e implementación, el acompañamiento y la asistencia a las víctimas para que establezcan sus formas de ganarse la vida, y el apoyo a las redes de víctimas y a sus iniciativas. Según la ley, el respeto por la dignidad de las víctimas, por sus aspiraciones y sus historias deberá prevalecer durante el proceso de participación, lo que a su vez contribuye al empoderamiento y a crear confianza. Aunque el proceso todavía se está desplegando, la voluntad de permitir una participación amplia e igualitaria de los miembros de la comunidad constituye una buena plataforma para restablecer su confianza. La reconciliación entre los miembros de la comunidad y la fe pública en el proceso exigirá un compromiso continuo por parte de todos los interesados.

Un reto importante para la implementación de este proyecto es el creciente volumen de demandas. En noviembre de 2012 el Gobierno ha sido testigo de más de 25.000 demandas para un total de más de dos millones de hectáreas de tierra. No cabe duda alguna de que este proceso exigirá que se le dedique un importante número de recursos durante un largo período de tiempo. Pero el progreso se va haciendo notar poco a poco. En la comunidad de Mampuján, por ejemplo, la gente está empezando a sentir que tiene poder para actuar y reclamar su titularidad y se están impugnando las más de 2.000 decisiones judiciales anteriores contra sus demandas de titularidad de las tierras. Esto ha desembocado en la restitución de 14 propiedades. Estos resultados constituyen pequeñas pero significativas victorias para la gente que fue desposeída de sus tierras.

Eduardo Medina (emedina@iom.int) es coordinador del Programa de Migración y Ruralidad, Colombia, Organización Internacional para las Migraciones. www.iom.int

 


[1] Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Programa de Consultas en Recuperación de Tierras (CONRET). Bogotá DC, diciembre de 2008.

[2] Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio del Interior y de Justicia, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Política de tierras y territorios para población víctima del desplazamiento forzado, en riesgo de desplazamiento forzado y del despojo. Bogotá, a 30 de octubre de 2009.

[3] El Proyecto está patrocinado por el Banco Mundial, el Departamento colombiano para la Prosperidad Social (Acción Social), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, la Comisión Europea, ACNUR y USAID, con la asistencia técnica y administrativa de la OIM.

 

 

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