La falta de seguridad para acceder a las tierras tras el conflicto amenaza con producir nuevos desplazamientos en el norte de Uganda

Para muchas de las personas que se encuentran en el norte de Uganda, el acceso a las tierras y a los inmuebles sigue siendo un problema sin resolver que amenaza la paz y los retornos sostenibles.

Las negociaciones de paz entre el Gobierno de Uganda y el Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) abrieron paso a un período de relativa paz en el norte de Uganda a partir de 2008. A pesar de que el líder del Ejército de Resistencia del Señor Joseph Kony no ha firmado el Acuerdo Final de Paz, la mejora en la seguridad ha supuesto que las personas desplazadas internas puedan acceder ahora a sus tierras para el cultivo y la ganadería y empezar a reconstruir sus hogares. Sin embargo, la situación continúa siendo delicada para algunos retornados y para ciertos sectores de población vulnerables como los mayores, los menores no acompañados, las viudas y las personas con discapacidad, cuyas necesidades y derechos se han pasado por alto.

Aunque los programas de ayuda humanitaria están siendo reemplazados por programas de recuperación y desarrollo, para algunos pueblos de antiguos desplazados en las regiones acholi y langu los beneficios del retorno siguen siendo vagos. Con un descontrolado acaparamiento de las tierras por parte de políticos, funcionarios, la comunidad empresarial y local, y los inversores nacionales compitiendo por el “botín de guerra”, el impacto de la falta de seguridad para acceder a las tierras amenaza con que los retornados vuelvan a desplazarse.

Antes de la insurgencia del Ejército de Resistencia del Señor, los conflictos por tierras no eran frecuentes en el norte de Uganda; donde se producían, solían tratarse de riñas menores entre particulares que se peleaban por una parcela o mantenían una disputa sobre las lindes de sus terrenos. A medida que la insurgencia del Ejército de Resistencia del Señor progresó hacia una etapa más turbulenta desde 1996 hasta principios de 2000, el Gobierno de Uganda obligó a miles de personas a trasladarse a campos de desplazados –también conocidos como “pueblos protegidos”– con el fin de proteger sus vidas y sus pertenencias de los ataques de dicha organización. El impacto de la política de alojamiento forzado en campamentos promovida por el Gobierno dio lugar a que grandes parcelas de tierra cultivable quedaran libres y desocupadas y, por tanto, susceptibles de ser ocupadas y acaparadas.

La recurrencia de los conflictos y los desplazamientos se está convirtiendo en habitual en la región de los Grandes Lagos. Los conflictos por tierras en el norte de Uganda exigen que se vuelva a examinar la gestión del proceso de retorno al completo, en especial si tenemos en cuenta en qué medida la creciente atención hacia aspectos fundamentales relacionados con la seguridad, como la apropiación de las tierras, podría reducir el número de potenciales desplazamientos nuevos o recurrentes. El Gobierno y todas las organizaciones implicadas en el retorno deben considerar cuestiones como: ¿qué impacto tienen los conflictos relacionados con las tierras sobre el potencial de resurgimiento del conflicto?, ¿qué implicación podrían tener los conflictos relacionados con las tierras en un nuevo desplazamiento por parte de los retornados?, ¿quién es responsable de garantizar la seguridad de los retornados y de que se les devuelvan sus bienes y sus tierras?

El Artículo 11, cláusula 1 de la Convención para la Protección y Asistencia de las Personas Desplazadas Internas en África de la Unión Africana (Convención de Kampala, 2009), bajo el epígrafe «Obligaciones de los Estados Parte relativas al Retorno Sostenible, la Integración Local o la Reubicación» exige a los Estados Parte que “busquen soluciones duraderas al problema del desplazamiento mediante la promoción y la creación de condiciones satisfactorias para el retorno voluntario, la integración local o la reubicación sobre una base sostenible y en circunstancias de seguridad y dignidad”[1]. Pero desde que se inició la transición hacia la paz, algunas partes del norte de Uganda han experimentado una pérdida considerable de vidas por culpa de la violencia, y se han destruido muchos hogares y propiedades. También se han perdido propiedades a través de desahucios promovidos por agencias gubernamentales, particulares e inversores. Inevitablemente, esto ha menoscabado entre los retornados la autoestima y la confianza en los demás: ingredientes muy necesarios en el proceso de recuperación tras un conflicto. En esencia, el descuido de las cuestiones de tierras y propiedad ha amenazado la doctrina central de los procesos de recuperación y reconstrucción tras el conflicto, tan necesarias para promover un entorno que lleve a una reintegración y un desarrollo en condiciones de seguridad.  

Resulta de vital importancia que las reformas respecto a las tierras que se lleven a cabo una vez finalizado el conflicto centren su atención en reducir las tensiones y las disputas y en promover el uso productivo a nivel socioeconómico de las tierras. Esto incluye centrarse en las cuestiones de acceso, apropiación y uso de tierras para ayudar a prevenir nuevos desplazamientos futuros. Y lo que es más importante: las poblaciones desplazadas deberán estar implicadas en todos los aspectos de los procesos de retorno.

 

Levis Onegi (levisonegi@gmail.com) es investigador asociado en el African Centre for Migration and Society (Centro Africano para la Migración y la Sociedad), Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica. El presente artículo está basado en un estudio llevado a cabo por el Refugee Law Project (Proyecto de Ley sobre Refugiados) en la Universidad de Makerere, Uganda, donde el autor lideró al equipo de investigación. Sin embargo, este artículo ha sido redactado a título personal.

 

Véase también:

Refugee Law Project “Why being able to return home should be part of transitional justice”, School of Law, Makerere University, Working Paper No 2, March 2010 (Proyecto de Ley sobre Refugiados “Por qué poder volver a casa debería ser parte de la justicia transitoria”, Escuela de Derecho, Universidad de Makerere, Documento Nº 2, marzo de 2010). www.beyondjuba.org/BJP1/working_papers/BJP.WP2.pdf

PNUD “Returning to uncertainty: Addressing vulnerabilities in northern Uganda” (Vuelta a la incertidumbre: abordar las vulnerabilidades en el norte de Uganda), www.fafo.no/nyhet/return2uncertanity.pdf

 

 

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