Colombia: el proceso de paz y las soluciones para los migrantes forzados

Si, como parece probable, Colombia alcanza un acuerdo de paz para poner fin a su largo conflicto interno, este nuevo pacto puede generar las condiciones políticas y jurídicas para solucionar el fenómeno de la migración forzada de sus ciudadanos.

Buscar soluciones duraderas a los conflictos es quizás uno de los retos más arduos y apasionantes para las sociedades modernas. Colombia se encuentra hoy ad portas de finalizar una etapa de violencia que ha dejado –además de los muertos y desaparecidos–  6 millones de desplazados internos y 400 000 refugiados.

Los diálogos de paz que sostienen el gobierno colombiano y las FARC-EP,  principal grupo insurgente de ese país, en La Habana, Cuba, han arrojado acuerdos que incluyen medidas concretas en relación con los migrantes forzados. Su elemento central es el denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

La Verdad. Se configurará una Comisión de la Verdad con tres objetivos fundamentales: “ayudar al esclarecimiento de lo ocurrido, ofreciendo una explicación de la complejidad del conflicto que promueva un entendimiento compartido en la sociedad”; “promover el reconocimiento de las víctimas como personas que vieron vulnerados sus derechos y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país” y “promover la convivencia en los territorios, creando un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de las diferencias y la construcción de una cultura del respeto y la tolerancia democrática”.

El acuerdo también dispone que la Comisión debe estudiar las distintas formas en las que la guerra ha afectado a determinados colectivos como mujeres, niños, discapacitados, indígenas, afrocolombianos, población LGTBI, sindicalistas o comerciantes. También se estipula que la Comisión debe encargarse del esclarecimiento del desplazamiento y del despojo de tierras, fenómenos que estuvieron en el propio origen de la confrontación.

La Justicia. Los objetivos de este apartado son cinco: “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno”. El eje central deben ser el derecho de las víctimas y la gravedad de las violaciones por ellas sufridas. El documento señala que las consecuencias de estas violaciones son más graves cuando se trata de personas que pertenecen a grupos vulnerables, como es el caso de los desplazados y los refugiados.

Aunque el contenido del acuerdo prevé que el Estado puede amnistiar e indultar delitos políticos, queda claro que los responsables de desplazamiento forzado, de delitos de lesa humanidad y de graves crímenes de guerra no serán objeto de amnistía ni indulto.

La reparación. El objetivo de estas medidas es que todos aquellos que hayan causado daños en ocasión de la confrontación contribuyan a subsanarlos. Así tanto los grupos rebeldes como el Gobierno Nacional se comprometen a llevar a cabo acciones individuales y colectivas de reparación, medidas materiales y simbólicas para reparar los daños en el tejido social. Estos esfuerzos deben estar especialmente dirigidos a movimientos políticos, organizaciones de mujeres y gremios afectados por el conflicto.

En el caso de la reparación por desplazamiento, el acuerdo establece que “el Gobierno Nacional pondrá en marcha programas de retorno y reubicación de personas en situación de desplazamiento” así como “planes de retorno acompañado y asistido para víctimas en el exterior (…) en condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad”.  Los planes de retorno y reubicación se harán prioritariamente en zonas donde se apliquen los Programas de Desarrollo y en coordinación con el proceso de restitución de tierras. Además, el retorno y las reubicaciones deberán articularse con los planes de vivienda rural y aguas, medidas de generación de ingresos, fomento de la economía y programas de limpieza y descontaminación de restos de armamento.

El gobierno involucrará a los individuos y las comunidades en el diseño de las medidas de seguridad y reforzará el programa de defensores con el fin de proteger y promover los derechos humanos y complementar los procesos de restitución de tierras, retorno y reubicación.

Como referencia específica a la situación de migrantes forzados fuera del país, el acuerdo dice que “se fortalecerá el programa de reconocimiento y reparación de víctimas en el exterior, incluyendo refugiados y exiliados victimizados con ocasión del conflicto, mediante la puesta en marcha de planes de «retorno acompañado y asistido»”. Para facilitar su vuelta al país, el acuerdo generará “ las condiciones para la construcción de su proyecto de vida, incluyendo una oferta institucional específica para garantizar el acceso a los derechos básicos: empleo, salud, vivienda y educación a todos los niveles”. También subraya que “se dará prioridad al retorno a los lugares de donde fueron expulsadas, respetando la voluntad de la víctima”.

Del acuerdo a su aplicación

Los acuerdos de La Habana (que requerirán de refrendación por parte del pueblo colombiano en el transcurso del año 2016) se configuran como un ambicioso instrumento político, no solo para poner fin a la confrontación armada sino para revertir el modelo de desarrollo inequitativo y alcanzar soluciones duraderas a la migración forzada de colombianos incluidos  el desplazamiento interno y el exilio político. Sin embargo, estas medidas requieren que la sociedad colombiana, en su conjunto conozca y haga cumplir los diferentes elementos de los acuerdos. Para que esto ocurra, el Gobierno Nacional deberá crear una estrategia pedagógica para acercar a todos los colombianos (incluidos exiliados, refugiados y migrantes) al proceso.

Hasta ahora la participación de desplazados y exiliados en el diseño de la paz se ha dado en varios escenarios. Antes de la conformación del propio Proceso de Paz estos contribuyeron por medio de distintas acciones realizadas dentro y fuera del país a posicionar un discurso en contra de la guerra y a favor de la solución concertada del conflicto. Una vez iniciados los Diálogos, el papel de los exiliados ha sido fundamental para la difusión a nivel internacional de los avances a través de foros, encuentros, congresos y concentraciones. Han hecho llegar a la mesa las conclusiones de estos eventos, algunas de las cuales aparecen en los acuerdos ya rubricados. Han recabado importantes apoyos internacionales al proceso, tanto de organizaciones de la sociedad civil como de personalidades políticas y de la cultura. Incluso en los momentos más álgidos, cuando parecía que las partes estaban a punto de abandonar las conversaciones, exiliados y refugiados se movilizaron para exigir la continuidad de los diálogos y señalaron la importancia de acordar un cese al fuego bilateral para garantizar su continuidad.

Hoy, cuando se han sorteado la mayor parte de obstáculos, parece haberse llegado a una instancia de no retorno. En estas circunstancias son varias las tareas que les esperan a los migrantes forzados. La más urgente es promover una participación activa e informada en el proceso de refrendación de los acuerdos que se llevará a cabo por medio del denominado Plebiscito por la Paz. Los partidarios de la paz ya han emprendido campañas a lo largo del país y en el exterior a favor del Sí. Esta  consulta se realizará mínimo treinta días y máximo cuarenta y cinco días a partir de la firma del acuerdo final.

El Gobierno Nacional por su parte deberá garantizar la seguridad de quienes intentan difundir el contenido de los diálogos y de los acuerdos. Éste incurriría en un grave error si no se compromete en el procedimiento de socialización, dejándolo a  la merced de los grupos de poder que hoy ostentan el monopolio de la información. A pesar de los compromisos adoptados por el ejecutivo para disolver a los paramilitares, estos siguen operando en varias zonas del país, razón por la cual ha sido necesaria la redacción de un Acuerdo sobre garantías de seguridad que estipula que para la construcción de la paz es imprescindible luchar contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o políticos, incluyendo las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo.

Una vez ratificados los acuerdos, su implementación requerirá de la participación activa a nivel nacional y de la observación de la comunidad internacional. La magnitud de las reformas demanda que el Acuerdo Final no puede ser un documento exclusivamente declarativo, sino que debe tener un valor jurídico-normativo incontrastable, de modo que todo su contenido adquiera un carácter de obligatoriedad y deba ser aceptado y cumplido por todos los ciudadanos. Solo de esta manera se podrá generar las condiciones políticas y jurídicas para poner fin al conflicto y para hallar soluciones eficaces y duraderas a la migración forzada de colombianos.

Jeisson Oswaldo Martínez Leguízamo jeisson.martinez@um.es

Doctorando de la Universidad de Murcia-España

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