En la última década, la ciudad de Medellín en Colombia ha recibido más de 300 000 personas desplazadas por la violencia. Cuando no queda otra opción que desplazarse, el proceso de asentamiento es en sí mismo un proceso primario de acción colectiva en las ciudades. La presencia de muchas casas y familias va generando comunidad y exige dotarse de servicios básicos colectivos e instalaciones. Esto ha llevado en Medellín a la consolidación de procesos organizativos sociales y comunitarios
Estas prácticas, desde un punto de vista social y político son parte del reclamo por el Derecho a la Ciudad[1] en los lugares de llegada. Esos asentamientos colectivos se convierten en nuevos “sectores” de barrios ya existentes y reconocidos formalmente en la división político-administrativa municipal. Algunos llegan a adquirir un estatus de formalidad en el ordenamiento territorial oficial. Otros son perseguidos y erradicados. La lucha por este reconocimiento también es parte de la memoria de estas poblaciones desplazadas y el nombre que le dieron al asentamiento se convierte en el nombre oficial, que a veces corresponde al nombre su lugar de origen y otras es un nombre nuevo, lo que refleja un nuevo comienzo para la comunidad.
En este proceso de adopción de Medellín como su nuevo hogar, la población desplazada ha encontrado formas de crear estructuras organizativas o de participar de organizaciones comunitarias existentes. Satisfaciendo sus necesidades consiguen el propósito de las comunidades e interactúan con el Estado, ya que conforman organizaciones cuyo objetivo principal es reivindicar, proteger y exigir garantías a los derechos de la población desplazada.
Esta acción colectiva también ha conducido a la participación en la vida política y a la incidencia en escenarios administrativos de la ciudad. Puede haber distintas vías para hacer esto: acciones de resistencia ante órdenes de desalojo; a través de acciones de demanda, ocupando iglesias o entidades públicas o haciendo solicitudes formales; haciendo marchas y plantones; y estableciendo conexiones con otras ONG, sindicatos y asociaciones de campesinos.
En 2005 se formó una alianza entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales —incluyendo las formadas por personas desplazadas— que finalmente condujo a la creación de una mesa, un comité y una unidad técnica para las "víctimas" desplazadas en Medellín.
Por todos estos medios, la población desplazada ha generado relaciones con una importante cantidad de actores sociales e institucionales. Entre ellos la Universidad de Antioquia, que les dio acceso a asistencia médica y psicológica, y asesoramiento político y jurídico. Estudiantes y profesores de diversos pregrados universitarios han realizado trabajos de acompañamiento con las comunidades vulnerables y de población víctima. El Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, por ejemplo, realiza estudios nutricionales de la población, mientras que el trabajo conjunto de la comunidad con estudiantes y profesores de los pregrados de Ciencia Política y Derecho condujo a la interposición de una acción popular exigiendo al Estado acciones para proveer agua potable a la comunidad de la Vereda Granizal en el Municipio de Bello, y la construcción y gestión de un Plan de Desarrollo Comunitario para su población, que es en su mayor parte desplazada.
Jonathan Alejandro Murcia jonathan.murcia@udea.edu.co
Investigador asociado al Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia
James Gilberto Granada Vahos james.granada@udea.edu.co
Profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia