Combatir la dependencia y promover la protección infantil en Ruanda

Depender constantemente de una ayuda que aumenta y disminuye a lo largo del tiempo y que procede en gran medida de fuentes externas puede producir la sensación de no tener poder alguno, además de menoscabar las iniciativas basadas en las familias y en la comunidad para proteger a los menores. 

El campo de Gihembe, en Ruanda, se estableció en 1997 para acoger a las grandes cifras de refugiados procedentes de la República Democrática del Congo (RDC). En la actualidad alberga a 14 295 personas[i], casi la mitad menores de 18 años. Para los habitantes del campo de Gihembe sus vidas dependen de la ayuda de los demás.

Los refugiados que viven en el campo tienen toque de queda y —en un país en el que la disponibilidad de tierras está agotada hasta para sus ciudadanos— las opciones para ejercer la agricultura son limitadas. Durante unos estudios realizados en 2013[ii] se preguntó a los residentes sobre el impacto que esta falta de opciones laborales había tenido en sus relaciones y en los roles dentro de la familia en lo que respecta a la protección de los menores, y cómo se percibían esas relaciones y roles. Los padres se sienten incapaces de cubrir las necesidades básicas de sus familias —alimentos, ropa, alojamiento, educación— y los niños son testigos de esta falta de empoderamiento. La imposibilidad de los padres de pagar las tasas del colegio junto a la falta de buenos métodos de resolución de problemas hace que los niños recurran a prácticas perniciosas para satisfacer sus necesidades como robar, prostituirse y desempeñar trabajos peligrosos. Los cuidadores en el campo señalaron los embarazos adolescentes, la delincuencia juvenil y la falta de acceso a la educación como las amenazas más comunes para el bienestar de los menores. Por su parte, los menores apuntaron a la violencia doméstica, los enfrentamientos con las autoridades y el abuso de sustancias como los principales perjuicios a los que estaban expuestos. Los menores y sus cuidadores coincidían en que las raciones de alimentos insuficientes y la falta actividades para subsistir eran los principales detonantes de estos riesgos.

Cuando las familias se percatan de que sus hijos participan en actividades peligrosas, algunos familiares intentan explicarles las consecuencias negativas de sus actos. Esto funciona en determinados casos pero muchos refugiados afirman que, a medida que continúa su situación de desplazamiento, las familias se sienten con menos poder.

“No sabemos qué podemos hacer [por los niños]. El problema es que les han minado la moral, por lo que es muy difícil ayudarles. ”

El estrés del desplazamiento prolongado también cambia las estructuras familiares y las prácticas de los cuidados. En los casos más extremos, un marido abandona a su familia, o una madre abandona a su hijo tras haber llegado a la conclusión de que el menor estará mejor solo. Lo más común es que los cuidadores vendan o alquilen la tarjeta de racionamiento que ACNUR les da para sus hijos, un acto que los trabajadores de la agencia de protección de menores considera una vulneración de los derechos del menor. Sin embargo, algunos padres lo hacen de buena fe para satisfacer otras necesidades de sus hijos que consideran que son más prioritarias, como pagar las tasas escolares, comprarles ropa u otros artículos.

“Cuando una niña llega a los 14 años necesita ropa, ropa interior y compresas. ... Vendo la ración para poder comprarle esas cosas. Tengo tantos hijos que, como comprenderás, no puedo satisfacer todas sus necesidades. Así que salen a buscar dinero de una manera u otra y, a veces, vuelven con embarazos o se infectan de VIH”.

Los mecanismos de protección de menores basados en la comunidad

Nuestro estudio señaló numerosos recursos iniciados por la comunidad a los que los residentes podían acudir y de hecho lo hicieron. Estos mecanismos representaban una combinación de iniciativas de cuando vivían en la República Democrática del Congo y nuevas iniciativas que habían sido establecidas durante su vida en el campamento en Ruanda. Pero, en general, se percibía que las iniciativas lideradas por la comunidad eran mucho más débiles en los campamentos que en las comunidades de origen de los residentes en República Democrática del Congo.

Las familias acudían a parientes y líderes tribales para resolver los conflictos con sus hijos, incluso los que tenían que ver con la paternidad y el abuso de menores. También se consideraba que las escuelas e iglesias eran el nexo de los esfuerzos para proteger y cuidar a los niños. ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados) y el Gobierno ruandés ofrecen becas educativas hasta el nivel equivalente a tercero de educación secundaria tras seis años de educación primaria. Después, los estudiantes deben pagarse ellos mismos los estudios para poder acabarlos. Los padres crearon asociaciones de padres y profesores para fomentar la asistencia a la escuela, hacían voluntariado en centros de educación infantil e iglesias locales, y crearon la Hope School (Escuela de la Esperanza), un centro educativo para refugiados para que los estudiantes pudieran permitirse continuar en el sistema público. Se formaron equipos deportivos juveniles para mantener a los menores ocupados (aunque a menudo se consideraban apropiados solo para los chicos) y los miembros de la comunidad ejercían de trabajadores sociales para ayudar a las familiar y promover la asistencia de los niños a la escuela. Tanto adultos como adolescentes consideraron en gran medida que estas organizaciones e iniciativas eran positivas pero los líderes se quejaban de que a menudo carecían del material o el apoyo técnico que necesitaban para que fuesen efectivas.

“Aquí, en el campamento, empezaron las escuelas [infantiles]... dando clases en las iglesias y otros lugares. [Pero] carecían de ayuda y respaldo por parte de los benefactores... El proyecto de escuela infantil dentro del campo se desbarató, por lo que los niños empiezan la escuela a los seis años de edad mientras que durante el período anterior siempre están por ahí perdiendo el tiempo”.

La Hope School, una escuela secundaria fundada y dirigida por refugiados que habían disfrutado de la ayuda que antaño estaba disponible para estudiar la secundaria y la universidad, destacó en Gihembe como una iniciativa basada en la comunidad efectiva y sostenible. La escuela se financiaba gracias a las contribuciones de las familias —entre 1 US$ y 2 US$ al mes, que ganaban vendiendo porciones de sus raciones— para satisfacer las necesidades de los estudiantes que no podían pagar las tasas a partir de tercero de secundaria. El año en que entrevistamos a los residentes nos contaron que el 100 % de los niños que se presentaron a los exámenes nacionales en la Hope School los aprobaron, lo que era un gran orgullo para los estudiantes, los profesores y la comunidad. La organización del campamento que gestionaba la escuela planeaba ampliarla con algún material de apoyo que recibiría de ACNUR como escritorios y sillas. Sin embargo, la escuela seguía enfrentándose a retos como reunir las normas de edificación de escuelas en Ruanda, asegurarse de que el currículo se correspondiese con los estándares nacionales y cómo pagar a los docentes.

Las repercusiones negativas de los organismos exteriores

En una situación prolongada como la del campo de Gihembe, donde la población refugiada depende casi por completo de recursos externos para sobrevivir, este nivel de dependencia puede ser una amenaza para la propia capacidad de respuesta de la comunidad ante las amenazas a la protección de los menores. Estas repercusiones negativas se dan de tres modos principales: el primero es la retirada o reducción de los bienes o servicios. Cuando se acaba la financiación de los donantes, los servicios del campo se reducen, una realidad que tendrá graves efectos si la capacidad de recuperación de la familia y la comunidad no se ha reforzado de forma sistemática. Ver que estos recursos disminuyen y tener pocas alternativas son factores que empujan a los menores y a sus cuidadores a adoptar comportamientos peligrosos para poder resolver sus problemas.

“Como verás, aquí, en el campamento, nuestra educación viene respaldada por las ONG. Estas a veces cancelan sus programas cuando estamos a mitad de trimestre, por lo que nos vemos obligados a quedarnos fuera de la escuela durante todo el año. Tienes que esperar a que llegue cualquier otra [forma de] ayuda para [poder] empezar por donde lo dejaste”.

En segundo lugar, las relaciones entre padres e hijos a menudo se ven alteradas y debilitadas. Los niños pueden aprender a buscar la ayuda de las ONG antes que pensar en sus propias familias y comunidades como primer recurso, una tendencia que directamente menoscaba la efectividad de las estructuras tradicionales para proteger a los menores, que no solo aprenden que su familia no puede ayudarles sino que sus cuidadores también pueden llegar a interiorizar la noción de que no se encuentran en la mejor posición para proteger y cuidar a sus hijos. Otra madre exclamó:

“Dios solo puede actuar a través de las ONG para que nuestros hijos puedan acabar sus estudios”.

Y por último, una población que depende de la ayuda tiene poca influencia a la hora de determinar qué servicios se pondrán a su disposición, de forma que sus residentes se encuentran despojados de todo poder para resolver sus propios problemas. Se consideraba que las organizaciones de ayuda a los refugiados, a menudo también bajo presión, carecían de transparencia, un hecho que —junto con la falta de alternativas de los refugiados— llevó a las familias a sentirse despojadas de todo poder. Esos sentimientos crean una barrera de confianza entre los refugiados y las organizaciones enviadas para ayudarles que disuade a los primeros de contactar con las ONG y acaban poniendo en peligro a los menores. El ejemplo de abajo demuestra la experiencia de una refugiada con respecto a la presunta violación de su nieta y su consiguiente embarazo.

“Contacté con el presidente del campamento... Transfirió mi caso a la unidad de violencia de género[de los gestores del campamento] pero, al parecer, no les interesaba mucho. La unidad de violencia de género transfirió mi caso a AVSI [una ONG internacional] y AVSI transfirió el caso a la policía… La policía nos dijo que no podían hacer nada porque no había pruebas pero que cuando la niña diera a luz, podrían hacer un test de ADN para confirmar la identidad del padre y así hacer que pagara por lo que había hecho. AVSI vino cuando nació mi nieto pero todavía estamos a la espera. No hemos oído nada todavía. Pensamos que son corruptos o que no les importa nuestro problema”.

Conclusión

En una situación en la que los programas oficiales se encuentran en cambio constante, dar prioridad a mecanismos de protección endógenos puede ser un modo más efectivo y más aceptable de minimizar el daño a la vez que se devuelve a los cuidadores el poder de proteger a los menores. Una de las formas que los profesionales tienen para hacer esto es satisfacer las necesidades de las iniciativas lideradas por los refugiados y trabajar para aumentar el orgullo de la comunidad y combatir así el sentimiento de que no tienen poder en absoluto.

Cuando sea posible, los esfuerzos liderados por las organizaciones que asisten a los refugiados deberían centrarse en las familias de los menores más que en saltarlas para ayudar directamente a los menores. Aunque determinados servicios (como aquellos para los menores que sufren abusos) pueden centrase en ellos directamente, la provisión de asistencia relacionada con la educación, los alimentos y el alojamiento debe empezar desde el punto de vista de la familia. Un enfoque basado en la familia que respalde a los refugiados podría reforzar la idea en los menores de que sus familias y vecinos puedan atender sus necesidades, animarles a que busquen ayuda en su comunidad antes de recurrir a fuentes externas, y empoderar a los cuidadores para que se enfrenten juntos y por sí mismos a los retos de protección de los menores.

 

Saeed Rahman saeed.rahman0@gmail.com Asistente de investigación de posgrado.

Simran Chaudhri simran.chaudhri@gmail.com Asistente de investigación.

Lindsay Stark ls2302@cumc.columbia.edu Directora, CPC Learning Network; profesora adjunta.

Mark Canavera mc3718@cumc.columbia.edu Director adjunto. CPC Learning Network, Department of Population and Family Health [Departamento de Población y Salud Familiar], Universidad de Columbia, Escuela Mailman de Salud Pública www.cpcnetwork.org



[i] A finales de marzo de 2016, Ruanda albergaba a un total de 74 530 refugiados procedentes de la República Democrática del Congo.

[ii] Por la organización CPC Learning Network en colaboración con los organismos HealthNet TPO, TPO Uganda y AVSI. Véase Prickett I, Moya I, Muhorakeye L, Canavera M and Stark L (2013) Community-Based Child Protection Mechanisms in Refugee Camps in Rwanda: An Ethnographic Study [Mecanismos de protección infantil basados en la comunidad en campos de refugiados en Ruanda: un estudio etnográfico] www.cpcnetwork.org/resource/community-based-child-protection-mechanisms-in-refugee-camps-in-rwanda-an-ethnographic-study/

http://bit.ly/CPCNetwork-2013-Rwanda; Véase también AVSI e InfoAid (2013) Child Protection KAP Survey in Rwandan Refugee Camps [Encuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) para la protección de menores en los campos de refugiados de Ruanda].

www.avsi.org/wp-content/uploads/2013/07/KAP-Survey-Rwanda.pdf

http://bit.ly/AVSI-2013-Rwanda-survey

 

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