Prácticas de exclusión de refugiados en Estados Unidos

La cuestión del "apoyo material" que recibe una organización supuestamente vinculada con el terrorismo se ha visto cargada de tensión en los círculos de leyes de inmigración de Estados Unidos, más a menudo sobre el tema del apoyo que se provee bajo coacción.

El tiempo promedio entre el momento en que un refugiado es derivado al Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos por parte de la Agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, y el momento en que llega a Estados Unidos es de 18 a 24 meses. Durante este tiempo, una gran variedad de agencias gubernamentales llevan a cabo inspecciones de seguridad, certificados de salud y entrevistas, con el objetivo de determinar si esta persona en particular cumple con los requisitos de admisión para ingresar en Estados Unidos. Pero incluso con esta investigación de varias etapas en orden, ha habido reiteradas peticiones, por parte de ciudadanos estadounidenses y políticos electos, de suspender el programa de admisiones de refugiados en nombre de la seguridad nacional. La validez del temor detrás de estas peticiones no cuenta con estadísticas que la respalden; una muy pequeña fracción de los cientos de miles de refugiados reasentados en Estados Unidos han sido detenidos por cargos relacionados con el terrorismo.

Excluir a alguien que ha colaborado con una organización terrorista parece ser una medida práctica para garantizar la seguridad nacional, pero una mirada más profunda a las definiciones presentes en la Ley de Inmigración y Naturalización revela los fallos de esta legislación. "Participar en una actividad terrorista" significa cometer un acto "que el actor sabe, o razonablemente debería saber, que provee apoyo material, lo que incluye una casa segura, transporte, comunicación, fondos, transferencia de fondos u otro beneficio financiero material..." a una organización terrorista (o a un miembro de dicha organización). La definición de "organización terrorista" de la ley abarca 60 organizaciones terroristas extranjeras de Nivel I[1] como ISIS ("Estado Islámico") y Boko Haram, personas y organizaciones de Nivel II como la Asociación en Defensa del Ulster y el IRA Auténtico, y organizaciones de Nivel III que consisten en "un grupo de dos o más personas, organizadas o no, que se dedica a, o tiene un subgrupo que se dedica a" actividades terroristas.

Dadas estas definiciones, un hombre de Sri Lanka que es cocinero, que realiza pequeños pagos y trabajos manuales después de ser secuestrado por los Tigres de Liberación del Eelam Tamil ha ayudado a una organización terrorista. También lo ha hecho un hombre salvadoreño que, para evitar que lo ejecutaran, les permitió a los rebeldes de FMLN utilizar su cocina (y les dio indicaciones cuando fue necesario) y la comerciante colombiana que proporcionó productos alimenticios y artículos de su tienda en respuesta a las amenazas que recibía por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). De hecho, su tienda y su hotel fueron destruidos por las FARC a pesar de haber accedido a sus demandas.[2] Estas tres personas fueron consideradas inadmisibles.

En un intento por abordar la injusticia de personas a las que se les niega protección humanitaria a pesar de no representar ninguna amenaza real para la seguridad nacional de Estados Unidos —y que de hecho son víctimas de los mismos grupos terroristas que juzgamos como una amenaza— la Ley de Inmigración les permite al Secretario de Estado y al Secretario de Seguridad Nacional exceptuar las razones de inadmisibilidad relacionadas con el terrorismo en circunstancias determinadas. Puesto que estas exenciones son exclusivamente discrecionales, los intentos de apelar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a través del sistema judicial no han tenido éxito. En 2014 la gran mayoría del apoyo material que emitieron las exenciones —en total 816— excusaron acciones que se llevaron a cabo mientras el solicitante estaba bajo coacción o coerción. De esas exenciones, 652 fueron destinadas a personas que buscaban reasentarse, y solo 14 a solicitantes de asilo. Con la retórica de inmigración de Estados Unidos tan enfocada en la investigación de antecedentes, la evaluación y la verificación de los migrantes, tal vez no sorprende demasiado que tales exenciones suelan concederse en el contexto del reasentamiento, antes de que las personas ingresen al país.

En caso de que el DHS se niegue a emitir una exención de apoyo material, es posible que las consecuencias sean mucho menos graves para un presolicitante de admisión que podría ser redirigido a otro lugar para su reasentamiento. Si a un solicitante de asilo se le niega una exención después de ingresar a Estados Unidos, no se le puede conceder admisión legal incluso si sus reclamos de persecución son válidos.

 

Katherine Knight kknight01@qub.ac.uk

Doctoranda, Queen’s University Belfast www.qub.ac.uk



[2] Todos los casos son reales; no se inventaron con fines ilustrativos.

 

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