Un retorno sombrío: los riesgos tras la deportación a Uganda

Ni el Reino Unido ni Uganda hacen un seguimiento de lo que ocurre ni durante ni tras la deportación con los solicitantes de asilo ugandeses fallidos, a pesar de que hay pruebas de violencia y graves abusos de los derechos humanos. 

Aunque se suele alabar a Uganda por ser una fuente de estabilidad en una región problemática, las violaciones de los derechos humanos son endémicas y van desde las detenciones violentas de los líderes de la oposición y la detención de periodistas hasta la tortura de civiles a manos de los agentes de seguridad[1]. Y la homofobia y la persecución de las minorías sexuales siguen siendo elevadas a pesar de que en 2014 se anuló la ley contra la homosexualidad. Muchos ugandeses buscan asilo en el extranjero, alegando también persecución por sus opiniones políticas y su orientación sexual.

Desde 2006 Refugee Law Project (RLP), un proyecto para llegar hasta la comunidad promovido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Makerere, en Uganda, ofrece apoyo tras la deportación a los retornados ugandeses, la mayoría procedentes del Reino Unido. A menudo, RLP recibe avisos por parte de organizaciones y actores de la sociedad civil en el país que se encarga de llevar a cabo la deportación en los que les informan de que alguien ha sido “expulsado” o de que su expulsión ha sido programada[2]. La información incluye el nombre de la persona y su número de teléfono, la línea aérea y la hora de llegada prevista. En todos los casos se busca el consentimiento de la persona antes de compartir dicha información y cuando puede, RLP se pone en contacto con ella antes de su salida programada. Aunque al principio los funcionarios de inmigración ugandeses recelaban de la función de RLP en la recepción de los deportados, ahora reconocen su papel crucial y, a veces, les derivan a algunos para que les ayuden.

Los riesgos para los deportados empiezan cuando llegan al aeropuerto, donde son susceptibles de ver vulnerados sus derechos y sufrir violencia física por parte de los agentes estatales, y continúan durante su reunificación con sus familiares y amigos. Durante su reintegración en la sociedad ugandesa pueden estar expuestos a riesgos sociales, económicos, psicosociales y a una persecución constante.

La llegada al aeropuerto

“Afligidos” y “alterados” son las dos palabras más comúnmente empleadas por RLP y los funcionarios de inmigración para describir el aspecto de los deportados a su llegada. Aunque muchos desearían llegar de manera “silenciosa”, más bien ocurre lo contrario. Al desembarcar, al deportado —tal vez escoltado o no por agentes del Estado que le deporta pero frecuentemente exhausto, traumatizado y, a veces, herido— se le entrega a la oficina de inmigración para una entrevista con los funcionarios correspondientes. Se registran sus datos personales y tienen que pasar por lo que se conoce como un “interrogatorio rutinario”. Durante este proceso, en el mismo aeropuerto se registran en una base de datos de inmigración los detalles de su deportación y sus contactos en Uganda.

Este proceso es profundamente problemático. En primer lugar hace que los deportados —y sus contactos— queden expuestos a sufrir detenciones, tortura y acoso especialmente en los casos en que la solicitud de asilo de una persona se basaba en el miedo a la persecución por razones políticas o de orientación sexual[3]. En segundo lugar, traumatiza aún más a estas personas, la mayoría de las cuales ya han estado detenidas durante semanas o meses antes de su deportación. Por último, en ausencia de representación legal es difícil garantizar que no se emplee la fuerza o la coacción cuando alguien no esté dispuesto a hablar con los funcionarios de inmigración.

Reunificación con familiares o parientes

Tras el interrogatorio, los funcionarios de inmigración a menudo preguntan a los deportados si tienen amigos o parientes a los que quieran llamar y entonces contactan con ellos de su parte. Ahí es cuando los funcionarios informan al deportado de que hay un representante de RLP en el aeropuerto con el que pueden hablar si lo desean. A menudo son reacios a contactar con sus familiares y amigos y algunos incluso se han negado a reunirse con el personal de RLP a pesar del contacto inicial y de la confianza establecida antes de su deportación.

La reticencia a contactar con familiares y amigos a menudo parte del temor a poner en peligro o a decepcionar a la familia o de temer por su seguridad personal. Una mujer que voló al Reino Unido tras haber sido atacada en distintas ocasiones después de que su familia descubriera que mantenía una relación con otra mujer fue deportada a Uganda más tarde. No podía volver con su familia y tenía miedo de contactar con su pareja por temor a que esto las pusiera en peligro a las dos. Además, se sentía profundamente decepcionada consigo misma porque sentía que le había fallado a su pareja (que era quien lo había arreglado todo para que ella pudiera salir del país). Como consecuencia, vivía en una zona remota en la que podía ocultar su identidad y solo accedió a la asistencia psicosocial de RLP cuando se le pudo organizar un transporte discreto desde su domicilio hasta las instalaciones de la organización.

En algunos casos en los que alguien había pedido asilo por su orientación sexual, en el momento de su deportación resulta que su historia se había publicado en los periódicos ugandeses y también en Internet. Esto no solo les pone en peligro a ellos sino también a las organizaciones y responsables que les ofrecen asistencia.

En los casos en los que el deportado no les da ningún contacto o en los que los parientes viven demasiado lejos como para recogerles en el aeropuerto, en teoría es responsabilidad de la oficina de inmigración encargarse de su transporte al destino deseado, pero en la práctica rara vez hay presupuesto para eso. En esos casos el deportado se quedará detenido por la Policía en el aeropuerto hasta que haya fondos disponibles. Mantener a un deportado en las mismas instalaciones en las que se detiene a los delincuentes no solo es una práctica inaceptable sino también inhumana y degradante para el retornado.

A veces, a los deportados se les retorna en mal estado de salud por culpa de la tortura y de las agresiones sufridas antes y durante la deportación. Cuando los escoltas del país que le deporta han sido quienes han ejercido violencia contra él, los funcionarios de inmigración ugandeses no han podido amonestar a dichos escoltas y los deportados no disponen de ningún mecanismo de quejas para denunciar los casos de uso desproporcionado de la fuerza durante los vuelos de retorno. Y lo que es peor, no se les proporciona atención médica. En una ocasión una deportada que llegó desde el Reino Unido con los brazos y piernas visiblemente hinchados por lo apretadas que llevaba las esposas, con magulladuras en los labios por los golpes y a la que le habían arrancado mechones de pelo de un tirón por la fuerza que habían empleado para arrastrarla fue entregada a los funcionarios de inmigración y luego al personal de RLP. Los funcionarios de inmigración no protestaron ni llamaron la atención a los escoltas británicos de ninguna manera. RLP solo pudo correr con los gastos médicos mientras que sus intentos de emprender acciones legales contra los escoltas británicos fracasaron[4]. El trato recibido por parte de los funcionarios del país que deporta constituye un conjunto de infracciones aunque la pasividad de los agentes estatales ugandeses en esos casos también supone una violación del deber del Estado de hacer que se cumplan las obligaciones en lo que respecta a los derechos humanos de los ciudadanos.

Reintegración

La reintegración en la comunidad resulta extremadamente difícil en algunos casos, en especial en aquellos en los que no se cuenta con apoyo familiar alguno. Uganda no dispone de un programa de seguimiento o de integración tras la deportación respaldado por el Estado, y RLP es la única organización que ofrece asistencia legal y psicosocial a los deportados. Entre sus necesidades inmediatas se hallan el tener un lugar en el que quedarse, dinero para su sustento diario, y asistencia médica para los que han sido heridos durante su expulsión y para los que ya tenían algún problema médico. Algunos deportados sufren traumas y depresión, lo que puede suponerles graves problemas de salud mental si no se les atiende.

RLP y algunas organizaciones civiles de carácter social del país que lleva a cabo la deportación intentan mantener el contacto con los deportados y ofrecerles la asistencia necesaria. Sin embargo, la escasez de recursos y los problemas de seguridad para el personal les limitan. Para los supervivientes de la violencia sexual y las víctimas de la tortura, RLP ha descubierto que formar grupos de apoyo ofrece una ayuda entre iguales que resulta muy útil y que aumenta la resiliencia. Este enfoque podría explorarse para los deportados.

Algunos deportados vuelven a preocuparse por su seguridad. En una ocasión RLP se topó con una persona en el aeropuerto que había sido deportada hacía un mes desde el Reino Unido y que ahora se dirigía a otro país en busca de asilo. El hecho de que alguien esté dispuesto a someterse de nuevo al terrible proceso de buscar asilo aun a riesgo de ser deportado refleja una historia que va más allá de las circunstancias en las que vivía antes de abandonar su país y tras su retorno.

Conclusión

El futuro es sombrío para muchos deportados a su regreso a Uganda y los procesos que deben soportar cuando llegan exacerban aún más esta situación. RLP en Uganda y las organizaciones civiles de carácter social de los países que deportan les ofrecen un atisbo de esperanza que puede desaparecer por unos recursos inadecuados y las amenazas contra su seguridad. Además, numerosos casos se quedan sin apoyo debido a que el aviso llega tarde, a que los vuelos llegan por la noche o simplemente porque no hay información. Aunque los Estados que deportan mantienen que nadie corre peligro de ser torturado o de sufrir otros tratos inhumanos, los testimonios de primera mano demuestran lo contrario. Y lo que es aún peor, esos mismos Estados a menudo no realizan un seguimiento de lo que ocurre tras la deportación, y Uganda no dispone de un mecanismo de seguimiento oficial que ofrezca a los individuos la asistencia que tanto necesitan. Hemos de prestar a la práctica de la deportación y sus ramificaciones la atención que merecen a través de una documentación constante y sistemática o, de lo contrario, continuarán produciéndose de manera incesante violaciones de los derechos humanos.

Charity Ahumuza Onyoin c.ahumuza@refugeelawproject.org

Directora de programa de Access to Justice (Acceso a la Justicia), Refugee Law Project, Facultad de Derecho, Universidad de Makerere: www.refugeelawproject.org



[1] Comisión de Derechos Humanos de Uganda (UHRC, por sus siglas en inglés) 18º Informe Anual 2015, pág. 7 http://uhrc.ug/reports y octubre de 2016 Informe del Examen Periódico Universal de UHRC, pág. 6 http://uhrc.ug/uganda-human-rights-commission-upr-report

[2] Normalmente a través de la Red de Seguimiento tras la Deportación: ver cuadro de la página 87 y www.refugeelegalaidinformation.org/post-deportation-monitoring

[3] Dolan C, Schuster L & Merefield M (2012) “The Impact of Deportation: Some Reflections on Current Practice” [El Impacto de la deportación: algunas reflexiones sobre las prácticas actuales]. www.refugeelawproject.org/files/briefing_papers/The_Impact_of_Deportation.pdf

[4] A RLP le encantaría recibir información sobre buenas prácticas en este área, por ejemplo, mediante el establecimiento de grupos de trabajo independientes o la implicación de organismos regionales o internacionales.

 

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