El trato diferencial a los refugiados en Irlanda

El Gobierno irlandés realiza considerables esfuerzos para reasentar a los refugiados sirios que llegan a través del proceso de reasentamiento de ACNUR pero no ofrece ayuda a aquellos que buscan asilo a título particular al amparo del sistema de protección internacional, pese a que algunos también proceden de Siria.

En respuesta a la guerra en Siria, el Gobierno de Irlanda aceptó acoger a 4000 refugiados. La sociedad civil y el pueblo irlandés en general se solidarizaron con aquellos que sufrían en Siria y, a lo largo del último año, se ha gritado mucho aquello de “refugees welcome” (refugiados bienvenidos). El Estado irlandés está destinando unos esfuerzos y una cantidad de asistencia importantes a respaldar el programa para los refugiados sirios reasentados mediante el proceso organizado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, como parte de su compromiso de acogerles.

Entre su inicio en el año 2000 y el pasado mes de noviembre de 2016, el programa de reasentamiento dirigido por ACNUR ayudó a 1705 personas vulnerables procedentes de 27 países —entre ellos Irak y Siria— a empezar una nueva vida en Irlanda[1]. De acuerdo con su reciente compromiso de acoger a 4000 refugiados sirios, el Gobierno comenzó a planificar el reasentamiento de las familias que se encontraban en campos de refugiados fuera de Siria. A mediados de 2016 habían llegado a Irlanda varios grupos de personas sirias y se las había distribuido por numerosas ubicaciones a lo largo de todo el país. El Gobierno asignó una partida de recursos financieros para ayudarles durante su primer año de transición, con el fin de ofrecer ayuda inmediata a las familias y para que pudiesen participar de las escuelas, servicios de salud, servicios públicos de la vivienda, etc. Las agencias estatales se movilizaron para garantizar un acceso adecuado de los refugiados a estos servicios. Se tuvo en cuenta que debían disponer de intérpretes, de personas que cuidaran de sus hijos, además de otras necesidades específicas, que se les proporcionaron en la medida de lo posible. La participación en la comunidad y la integración también forman parte del proceso de ayuda al reasentamiento. Este enfoque del reasentamiento tan bien elaborado y práctico, aunque limitado posiblemente a poco más de un año, sería un motivo de orgullo para el Gobierno irlandés si no se tuvieran en cuenta otros aspectos de su política de inmigración y las prácticas al respecto.

Al mismo tiempo que se reasienta a estos refugiados, 4209 solicitantes de asilo —que han llegado a Irlanda por sus propios medios— están a la espera de que se tome una decisión acerca de sus solicitudes de protección y se encuentran alojados en condiciones penitenciarias de régimen abierto al amparo de un sistema conocido como "Provisión Directa", que no permite a los solicitantes de asilo trabajar, estudiar o cocinar por su cuenta. En 2016 se registraron 109 solicitudes de solicitantes de asilo sirios en Irlanda[2].

Podrían pasar hasta diez años antes de que las autoridades tomen una decisión final acerca de si se les concede el asilo. No se presta un apoyo estructurado a aquellas personas que  lo solicitaron por sus propios medios al amparo del sistema de protección internacional y que finalmente consiguieron que se reconociera su condición. A los ex solicitantes de asilo se les deja solos con sus propios mecanismos para que realicen por su cuenta la transición a una vida independiente, y es inevitable que tengan que hacer frente a la pobreza y a muchas otras dificultades.

La postura del Gobierno sobre la “migración equilibrada”

El nuevo Gobierno elegido a principios de 2016 plasmó su postura sobre la migración en el Programa para una Alianza de Gobierno, en una sección titulada “Cómo garantizar una migración equilibrada”[3]. Este programa se compromete a ofrecer un refugio seguro y a garantizar la integración de los refugiados que lleguen a Irlanda a través del programa de reasentamiento. No habla en los mismos términos sobre los refugiados que buscan protección a través del sistema establecido por el Derecho internacional de los refugiados. La postura del Gobierno hacia la migración muestra una gran preocupación por la protección de las fronteras. Las repetidas referencias a medidas como “combatir la migración ilegal”, “ponerse duros con los abusos” por parte de “falsos solicitantes de asilo” y facilitar las expulsiones difícilmente representan una política coherente.

Tal y como está redactado el Programa para una Alianza de Gobierno parece que haya dos categorías de migrantes: los buenos y los malos. Los buenos migrantes son bienvenidos a  Irlanda y se les reconocen sus necesidades mientras que los malos migrantes no lo son y tienen que ser expulsados. Este enfoque fomenta los prejuicios contra los solicitantes de asilo y no ayuda a construir una sociedad inclusiva e igualitaria que permita a los migrantes el mismo reconocimiento, la misma voz y las mismas oportunidades.

Con su preocupación por la protección fronteriza, el programa perdió la oportunidad de formular una respuesta global y justa para la migración entrante, y, en concreto, en lo que respecta a las condiciones de recepción de la gente que busca protección en Irlanda. Reconocía las repercusiones negativas del sistema de provisión directa en la vida familiar de los solicitantes de asilo pero no que va en detrimento del desarrollo de los menores, de la libertad personal y de un modo de vida digno.

Salir del sistema de provisión directa

Para aligerar la carga de solicitudes de personas que habían estado esperando la resolución de su estatus de protección durante más de cinco años, un buen número de solicitantes de asilo la recibió a lo largo de 2015 y 2016. Esto supuso un importante avance y un “alivio” para los que habían estado atrapados en la complejidad del proceso de protección irlandés durante casi una década o, en algunos casos, incluso más tiempo. Pero incluso después de haber obtenido el reconocimiento final de su estatus casi no existe apoyo de ningún tipo para que puedan realizar la transición a una vida independiente y establecerse en las comunidades, salvo un par de medidas simbólicas como un libreto informativo (Your Guide to Independent Living [Su guía hacia una vida independiente]) y sesiones informativas trimestrales que se ofrecen a los residentes de los centros una vez que se les ha concedido el estatus de refugiado.

Los refugiados siguen viviendo con una asignación de 19,10 € semanales y se espera que encuentren la forma de moverse por sus propios medios entre enrevesados procedimientos burocráticos como solicitar una tarjeta de inmigración y de prestaciones sociales, inscribirse donde corresponda para conseguir una vivienda social, encontrar alojamiento de alquiler privado y negociar el pago de la ayuda en materia de vivienda. Se espera que abandonen el alojamiento proporcionado por el programa de provisión directa pero ni siquiera pueden costearse los viajes para ver casas, así que tienen que intentar ajustarse para que las llamadas telefónicas y los viajes entren dentro de su presupuesto semanal de 19,10 €[4]. Una refugiada contó que le habían concedido 16 € para pagar el tren con el que poder mudarse con todas sus pertenencias y las de su hogar desde el centro a otra ubicación. A las familias se las deja viviendo en la extrema pobreza, ya que tienen que devolver los préstamos que les hacen amigos o “usureros” para cubrir los gastos de reubicación.

Observaciones comparativas

El Programa para una Alianza de Gobierno establece el tono de la política y prácticas de inmigración y actualmente manda un mensaje divisivo a los proveedores de servicios y al público en general. Su postura pone de manifiesto el trato diferencial del Estado, en el que se atienden bien las necesidades de los refugiados sirios reasentados mientras que parece que no les importen las de las personas que realizan su transición de la provisión directa. Este trato preferente constituye una política injusta, que hace que las desigualdades sociales sean más profundas y que puede provocar frustración o incluso desatar conflictos entre diferentes colectivos vulnerables. A los refugiados sirios que buscan asilo en Irlanda a través del sistema general de protección internacional podría resultarles complicado asimilar por qué a sus compatriotas que llegaron a Irlanda a través del proceso de ACNUR las autoridades locales les ofrecen vivienda y una serie de ayudas adicionales mientras que ellos tienen que luchar para encontrar un alojamiento de alquiler privado que puedan permitirse (en el contexto de la actual grave crisis de vivienda que hay en Irlanda) y pasar por un engorroso proceso de transición sin ayuda.

Que se trate de forma diferente a los que han buscado protección basándose en los procedimientos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados respecto a los que han sido reasentados a través del proceso de ACNUR es algo que empieza a preocupar a los trabajadores del sector. El modo en que el Estado irlandés está tratando a los refugiados debería ser abordado por los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Esta desatención a la igualdad, el principal principio de los derechos humanos, debe abordase con respecto a la legislación nacional sobre la igualdad, y al Derecho internacional, constitucional y europeo de los derechos humanos.

 

Natalya Pestova pestovang@gmail.com

Coordinadora de proyectos, Mayo Intercultural Action www.miamayo.ie



[2] Como en septiembre de 2016.

[4] Véase Consejo Irlandés para los Refugiados (2016) Transition: from Direct Provision to life in the community [Transición: del sistema de provisión directa a la vida en la comunidad] http://bit.ly/IrishRefCouncil-Transition

 

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