La postura de Portugal hacia el reasentamiento: una mirada desde la periferia de la UE

En los últimos años, la evolución de la política europea ha demostrado cómo puede restringirse activamente la circulación de personas y utilizarse para escoger el tipo de refugiado que un país determinado va a recibir de manera que el interés de los Estados prevalezca sobre las necesidades humanitarias.

Un proceso llamado reubicación regional pretende distribuir a los refugiados recientes entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea (UE), de acuerdo con unas cuotas nacionales que tengan en cuenta diversos factores como el PIB, el tamaño de la población y la tasa de desempleo. Dada la reciente tendencia de Europa a externalizar su respuesta a la migración, no resulta sorprendente que la Comisión Europea esté dispuesta a utilizar el reasentamiento como herramienta de gestión de la migración, aprovechando los últimos acontecimientos europeos para presentar una serie de reformas que busquen consolidar una política de asilo común para toda Europa. Hasta cierto punto, estas propuestas se inclinan hacia el federalismo e intentan eliminar los aspectos específicos legales y procedimentales de cada país, tanto con el establecimiento de las cuotas nacionales de refugiados y el refuerzo del papel de las agencias europeas (por ejemplo la Oficina Europea de Apoyo al Asilo) como a través de la creación de nuevas agencias (como la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que controla las fronteras externas comunes).

Antes Portugal veía a relativamente pocos refugiados establecerse en el país. La mayoría de las solicitudes de asilo llegaron durante las últimas décadas del período poscolonial (después de 1974) y los solicitantes eran exclusivamente africanos, procedentes sobre todo de las antiguas colonias portuguesas. Solo en la última década ha habido un número constante, aunque modesto, de solicitantes procedentes de otros lugares como Ucrania, Guinea, Pakistán y Siria. La primera ley de asilo en Portugal fue redactada en el contexto del período de democracia que siguió a su revolución y era relativamente abierta e inclusiva. Cuando Portugal se incorporó a la Comunidad Europea (ahora UE), la ley de asilo se enmendó para armonizar las prácticas nacionales con las de la UE y se incluyeron unas políticas europeas más restrictivas respecto a estas cuestiones.

En el contexto de la política de asilo portuguesa, el reasentamiento de los refugiados —aunque poco frecuente— ha sido siempre de familias o de determinados individuos; pero en 2006 Portugal estableció un programa de reasentamiento que preveía una cuota anual de 30 refugiados. Aunque el flujo de llegadas ha sufrido variaciones, el reasentamiento de los refugiados (la mayoría procedentes de África) ha sido constante. A la luz de las recientes propuestas europeas sobre la reubicación de refugiados, el Gobierno portugués ha declarado su voluntad de aceptar 10 000 refugiados, al contrario que varios Estados miembros que han rechazado acoger a ninguno y han cerrado sus fronteras. La voluntad de Portugal es algo inusual, en especial si tenemos en cuenta las cifras implicadas y su experiencia previa. En contraste con acontecimientos similares que se produjeron en el pasado (en particular con las corrientes de refugiados desde Kósovo en 1998 y Guinea-Bisáu en 1999), la opinión pública portuguesa se movilizó, las personas se organizaron para acoger a los refugiados y nuevos organismos privados asumieron el papel de interlocutores entre el Estado y aquellas organizaciones locales dispuestas a hacerlo.

Estamos ante un ejemplo de cómo las preocupaciones pragmáticas y el interés propio —la gestión de los flujos de migración, la captación de recursos humanos, la compensación de los déficits demográficos— parecen prevalecer por encima de los criterios humanitarios normalmente asociados al proceso de reasentamiento y de protección de los refugiados. La decisión de Portugal de acoger a grandes cifras responde sobre todo a las necesidades políticas, económicas y demográficas portuguesas, en especial a las que guardan relación con el crecimiento económico y la emigración neta. Estas son las razones evidentes para acabar con esa política tan restrictiva y con las modestas cifras de refugiados acogidos en el pasado.

En términos generales, entra en juego el pragmatismo político en la búsqueda de soluciones que sirvan a los intereses propios de Europa y, como parte de su política europea de asilo y reasentamiento, esto permitirá a la UE reforzar la muralla de la fortaleza que es Europa, lo que provocará aún más dificultades para que los refugiados puedan alcanzar sus fronteras y solicitar asilo.

 

Lúcio Sousa lucio.sousa@uab.pt

Paulo Manuel Costa pmcosta@uab.pt

Profesores adjuntos, Centro de Estudios de Migraciones y Relaciones Interculturales (CEMRI), Universidade Aberta, Portugal http://cemri.uab.pt/index.php/english/

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