El acuerdo UE-Turquía: ¿Qué ocurre con la gente retornada a Turquía?

Las personas que regresan a Turquía bajo el acuerdo entre este país y la UE son detenidas y corren el riesgo de ser deportadas de nuevo sin tener acceso a asistencia jurídica y a protección internacional.

El 18 de marzo de 2016 Turquía y la Unión Europea (UE) hicieron una declaración conjunta. Los líderes políticos acordaron el retorno a Turquía de la gente que había cruzado a las islas griegas a través de canales irregulares y también acordaron evitar la llegada de nuevos solicitantes de asilo por tierra o por mar a cambio de la liberalización de los requisitos para los visados de la UE para los ciudadanos turcos, de ayuda financiera y de un programa de reasentamiento para los sirios desde Turquía a la UE (basado en la política de que hasta que no quede una plaza libre, no puede entrar otra persona). El acuerdo ha sido criticado por los investigadores y las organizaciones de derechos humanos por menoscabar el acceso a unos procedimientos de asilo justos y eficientes. Su capacidad para contener la inmigración irregular también ha sido cuestionada[1]. Por último, a ninguna organización independiente se le ha encargado la tarea de hacer un seguimiento de la situación de los derechos humanos de los individuos que son retornados bajo este acuerdo.

Personas en Grecia en peligro de deportación

La tramitación de las solicitudes de asilo de la mayoría de las personas en Grecia que están en peligro de ser deportadas a Turquía siguen pendientes. Por lo que, a pesar de la importancia simbólica del acuerdo UE-Turquía, a fecha de 9 de enero solo 777 personas (predominantemente hombres) habían sido retornadas a Turquía desde las islas griegas de Lesbos, Chios, Kos y Samos a lo largo de nueve meses. La mayoría eran pakistaníes (404), seguidos por argelinos (72), afganos (64) y sirios (42)[2].

Los solicitantes de asilo en Grecia pueden ser retornados a Turquía en cuatro supuestos: primero, cuando no solicitan asilo o retiran la solicitud en Grecia; segundo, cuando la gente en tránsito opta por un retorno asistido; tercero, cuando la solicitud de asilo ha sido denegada; y cuarto, cuando la solicitud de asilo se considera “inadmisible” por cuestiones formales en Grecia, es decir, porque Turquía se considere “un primer país de asilo seguro” (en el que una persona haya obtenido el reconocimiento como refugiada o goce de cualquier otro modo de suficiente protección) o un “tercer país seguro” (que Turquía pueda ofrecer protección a la persona retornada). Aunque las autoridades griegas declaran que 39 sirios se han ofrecido “voluntarios” para ser retornados a Turquía y que 521 ciudadanos no sirios lo fueron porque no habían manifestado su deseo de solicitar asilo (o habían retirado su solicitud) ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados), Amnistía Internacional además de periodistas e investigadores han documentado graves problemas para que la gente acceda al asilo en Grecia. La legalidad de los retornos cuando las solicitudes de asilo se dictaminan como “inadmisibles” se sigue debatiendo en los tribunales griegos. Las organizaciones de asilo y de derechos humanos han coincidido al documentar que Turquía no debería ser considerada un primer país de asilo seguro o tercer país seguro.

Dada la limitación geográfica de Turquía en su ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Derecho turco ofrece solo protección temporal y débil a los ciudadanos sirios, afganos, pakistaníes y africanos. Pero esto sigue sin implementarse de forma efectiva y Turquía no respeta los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados[3]. Antes de que se cerrara el acuerdo UE-Turquía, Amnistía y Human Rights Watch aportaron pruebas de que este país estaba infringiendo el principio de no devolución al deportar a los sirios de vuelta a su país, al disparar contra los que querían entrar a Turquía y al enviar a cientos de solicitantes de asilo de vuelta a Afganistán, Irak y Siria sin el debido acceso a la asistencia jurídica y al asilo[4].

Durante las operaciones de retorno desde Grecia, los funcionarios estatales y los de Frontex confiscaron los teléfonos a los retornados a Turquía por lo que los que llegan bajo el acuerdo UE-Turquía no pueden comunicarse con el mundo exterior y, como consecuencia, se sabe poco acerca de la situación de derechos humanos en la que viven tras su retorno. A pesar de las peticiones de varias organizaciones no gubernamentales (ONG), el Gobierno turco no ha ofrecido más información sobre el actual estado ni la ubicación de la gente retornada bajo este acuerdo. A la luz de los limitados informes aportados por ACNUR, una delegación del Parlamento Europeo, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la investigadora académica Gerda Heck y varias ONG en Turquía queda claro que los retornados han luchado, entre otras cosas, para acceder a sus pertenencias antes del retorno[5].

Los ciudadanos no sirios retornados a Turquía

En el caso de los individuos deportados que no son sirios surgen preguntas, en primer lugar, acerca de su detención y de la falta de acceso a la asistencia jurídica y a la protección en Turquía y, en segundo lugar, de su siguiente deportación (“secundaria”) y de su devolución.

La Policía y los funcionarios de Frontex transfieren a todos los ciudadanos no sirios a centros de expulsión cuando llegan a Turquía, básicamente al de Pehlivanköy, situado a 50 kilómetros a las afueras de la ciudad fronteriza occidental de Kırklareli. Tras las entrevistas con los retornados bajo el acuerdo, una delegación de tres parlamentarios europeos llegó a la conclusión de que a ninguno de los refugiados entrevistados en Pehlivanköy se le había dado la oportunidad de solicitar asilo, ni en Grecia ni en Turquía[6]; los retornados también afirmaron que no sabían lo que estaba pasando con ellos y no habían sido informados de nada desde que llegaron a Turquía.

A pesar de la dificultad de conseguir acceder a los centros de expulsión, una ONG turca llamada Bridging Peoples Association pudo documentar las condiciones de detención en el centro de expulsión de Pehlivanköy[7]. Las puertas de las celdas de los detenidos se abren solo tres veces al día para que puedan hacer breves descansos para comer. Después de cada descanso los detenidos tienen menos de una hora para hacer ejercicio antes de tener que regresar a sus celdas, en las que no tienen acceso a los medios de comunicación con el mundo exterior, ni teléfono, ni televisión, Internet, periódicos o libros. Fuera de ellas, los medios de comunicación y de información son limitados y la mayoría están disponibles solo en turco. Además, la mayoría de los retornados han de lidiar con la escasez de alimentos, el aislamiento y unos servicios médicos inadecuados. Como las instalaciones las dirige una empresa de seguridad privada, a menudo los detenidos no pueden acceder a las autoridades estatales turcas para hacerles llegar sus quejas o sus solicitudes de información.

El acceso a los abogados y, por tanto, también a la protección en Turquía ha sido irregular o totalmente ausente. Según Gerda Heck, el personal del centro de expulsión le dijo a un grupo de cinco solicitantes de asilo congoleños que fueron deportados bajo el acuerdo que no podrían solicitar protección internacional en Turquía porque habían sido deportados desde Europa. Desde abril de 2016, las organizaciones turcas de derechos humanos como Refugee Rights Turkey, Mülteci-Der y Bridging Peoples Association solo han podido conseguir un acceso muy limitado a los retornados. Los letrados turcos necesitan saber sus nombres para poder visitar a la gente en Pehlivanköy. Para los retornados, la única comunicación posible es un teléfono fijo en las zonas comunes de su centro de expulsión pero, dado que los normalmente se encuentran encerrados en sus celdas, será muy difícil que hagan llamadas telefónicas.

El propósito básico de su detención es la preparación de sus documentos de viaje para llevar a cabo una nueva deportación a los países cuya nacionalidad ostentan. De todos los individuos retornados a Turquía, 417 han sido deportados desde allí a sus países de origen[8]. Un marfileño cuyo retorno de Grecia a Turquía el 4 de abril de 2016 fue seguido por Gerda Heck fue deportado de nuevo el 19 de mayo desde Turquía a Costa de Marfil. En Grecia, Yusuf (no es su nombre real) se inscribió en el registro de la Policía turca como candidato a solicitar asilo pero, según denuncia, los funcionarios de Frontex le confiscaron su documentación antes de deportarlo a Turquía. Yusuf pudo acceder a más información sobre los mecanismos de protección en Turquía que otros retornados (a través de su contacto con un investigador universitario) pero fue deportado otra vez por Turquía a Costa de Marfil sin que tuviera acceso a un abogado y antes de que las autoridades turcas emitieran un fallo sobre su estatus de protección.

Un ex policía pakistaní —un conocido de un joven pakistaní al que enviaron de vuelta tras el acuerdo— denunció que a los hombres jóvenes se les detiene en Pakistán tras su deportación desde Turquía. Dieciséis hombres deportados desde Turquía el 22 de diciembre de 2016 fueron detenidos y liberados más tarde, el 2 de enero de 2017, tras pagar 10 000 rupias cada uno (unos 89 €).

Tras el acuerdo de la UE, Turquía empezó a aumentar los acuerdos de readmisión que tenía con varios países abriendo negociaciones con Nigeria, Yemen y Pakistán. Un acuerdo de readmisión entre Turquía y Pakistán fue ratificado solo cuatro días después del comienzo del acuerdo UE-Turquía. Los textos de esos acuerdos de readmisión no están disponibles para el público en general, lo que hace que surjan preocupaciones acerca de la falta de salvaguardas legales que les protejan de la devolución “en cadena”.

Sirios retornados

Los ciudadanos sirios que son retornados a Turquía han sido transferidos hasta la fecha a Adana, donde les han mantenido en el campo de Düziçi en la provincia turca de Osmaniye, a 200 kilómetros de Alepo. La detención de sirios se hace oficialmente con el único fin de identificarles y realizar comprobaciones de seguridad. Sin embargo, los retornados han permanecido detenidos en Düziçi sin que se les informe de la razón y la duración de su detención, y sin poder acceder a unos tratamientos médicos adecuados. A pesar de las promesas de las autoridades turcas durante el proceso de selección en Grecia de que a los solicitantes de asilo sirios se les proporcionarían documentos de identidad en el plazo de dos o tres días y de que los que tuvieran familia en territorio turco serían reunificados con ella, doce sirios (entre ellos cuatro niños) permanecieron detenidos de forma arbitraria durante tres semanas desde su llegada a este Turquía[9].

Para los ciudadanos sirios detenidos en Düziçi, el acceso a un abogado y a la protección temporal de asilo ha sido difícil. A pesar de las enmiendas que se han realizado a la Normativa turca sobre protección temporal para los sirios, Amnistía Internacional denunció que a algunos de ellos retornados desde Grecia se les denegó el acceso a un abogado en Turquía y que no se les proporcionó información adecuada sobre la protección temporal allí. Aunque estos retornados fueron liberados de su detención y trasladados a otras ciudades del país unas semanas después, las condiciones de su detención en el campo de Düziçi eran tan malas que una mujer siria con cuatro hijos pidió que la devolvieran a Siria.

Seguimiento posterior al retorno

Además del retorno de los solicitantes de asilo de Grecia a Turquía, el acuerdo UE-Turquía también allanaba el camino a las deportaciones de ciudadanos de terceros países desde otros Estados miembros de la UE a Turquía. Dado que no hay ningún organismo independiente que haga un seguimiento de lo que ocurre, los encargados de la formulación de políticas saben poco acerca de lo que le ocurre a la gente tras los programas de retorno forzoso y asistido. Cabe observar, por ejemplo, que de los cinco solicitantes de asilo congoleños que la UE deportó a Turquía el 4 de abril de 2016 a los que se les hacía seguimiento, cuatro han conseguido volver a entrar en la UE. Sin acceso al trabajo o un estatus de protección permanente en Turquía, estas jóvenes mujeres y hombres arriesgaron de nuevo sus vidas cruzando el mar Egeo. Pruebas como esta hacen que deba cuestionarse parte del razonamiento en el que se basa el acuerdo UE-Turquía. Un seguimiento tras la deportación llevado a cabo por organizaciones independientes de derechos humanos puede ayudar a evaluar cómo encajan los retornos forzados y asistidos en las políticas migratorias europeas.

 

 

Sevda Tunaboylu Msevdatunaboylu@hotmail.com

Estudiante de máster, Universitat Pompeu Fabra www.upf.edu

 

Jill Alpes m.j.alpes@gmail.com

Investigadora posdoctoral, Vrije Universiteit Amsterdam www.vu.nl; investigadora visitante, CERI Sciences Po Paris www.sciencespo.fr/en

Las fuentes citadas en las notas a pie de página específicas son también las fuentes de otras pruebas presentadas en este artículo.



[1] Di Bartolomeo A (abril de 2016) EU Migration Crisis Actions with a focus on the EU-TR agreement [Acciones de la Crisis Migratoria de la UE con un enfoque en el acuerdo UE-Turquía] Centro de Políticas Migratorias

http://bit.ly/MPCApril2016; Spijkerboer T (septiembre de 2016) Fact Check: Did the EU-Turkey Deal Bring Down the Number of Migrants and of Border Deaths? [Comprobación de los hechos: ¿Redujo el acuerdo UE-Turquía el número de migrantes y de muertes en las fronteras?]

http://bit.ly/SpijkerboerSept2016

[2] Datos de la web de la Policía griega www.astynomia.gr/newsite.php?&lang=

[3] Amnistía Internacional Turkey: Syrian Refugees Released From Detention [Turquía: los refugiados sirios liberados de la detención], 26 de mayo de 2016 www.amnesty.org/en/documents/eur44/4124/2016/en/; Kingsley P y Abdulatif E “Syrians returned to Turkey under EU deal have had no access to lawyers’’ [Los sirios retornados a Turquía bajo el acuerdo con la UE no tienen acceso a un abogado], 16 de mayo de 2016 http://bit.ly/Guardian-160516

[4] AI (2015) Europe’s Gatekeeper: Unlawful Detention and Deportations of Refugees from Turkey [El guardián de las puertas de Europa: la detención ilegal y la deportación de refugiados desde Turquía] www.amnesty.org/en/documents/eur44/3022/2015/en/; Human Rights Watch “Turkey: Syrians Pushed Back at the Border” [Turquía: sirios rechazados en la frontera], 23 de noviembre de 2015 www.hrw.org/news/2015/11/23/turkey-syrians-pushed-back-border

http://bit.ly/HRW-231115

[5] Gerda Heck, 19 de junio de 2016 http://bit.ly/Heck190616

[6] Informe de Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE-NGL) sobre la Delegación a Turquía, 2-4 de mayo de 2016 http://bit.ly/GUE-NGLreport

[7] Véase la nota a pie de página nº 9 más Bridging Peoples Association, Comunicado de prensa en el centro de expulsión de Pehlivanköy, 4 de mayo de 2016 www.halklarinkoprusu.org/en/

[8] Comisión Europea (8 de diciembre de 2016) Cuarto informe sobre la aplicación de la Declaración UE-Turquía, pág. 5 http://bit.ly/AI-Turkey190516

[9] Amnistía Internacional Turquía: Syrians returned from Greece, arbitrarily detained [Turquía: Sirios retornados de Grecia, detenidos arbitrariamente], 19 de mayo de 2016 www.amnesty.org/download/Documents/EUR4440712016ENGLISH.pdf

 

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