Mientras Colombia continúa implementando su proceso de paz, la violencia y el conflicto persisten en la costa del Pacífico y en las regiones que hacen frontera con Ecuador y Venezuela. Como consecuencia, se han producido unos 100 000 desplazamientos nuevos cada año desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia, establecida en 2011, con facultades para registrar a las víctimas del conflicto armado, más de ocho millones de personas han sido desplazadas internamente desde 1985.
Colombia cuenta con un marco jurídico e institucional altamente sofisticado para asistir y proteger a las personas desplazadas por el conflicto que incluye la Ley 387 de 1997 para las personas desplazadas, la Ley 1448 de 2011 para las víctimas del conflicto armado y el proceso de restitución de tierras, y la Sentencia T 025 de 2004 de la Corte Constitucional, que —todavía en vigor— insta a las instituciones competentes a garantizar los derechos de las personas desplazadas internas. Actualmente, un componente importante del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia[1] es la legalización de los asentamientos informales, un proceso que no solo beneficia a las comunidades vulnerables de las zonas urbanas, sino también a los desplazados internos, refugiados y migrantes que viven en esos asentamientos. Pero, pese a estos importantes avances, se puede hacer mucho más para que la mayoría de los desplazados internos de Colombia consigan una solución duradera.
Para conmemorar el XX aniversario en 2018 de los Principios rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU, se lanzó un Plan de Acción PR20 con el fin de movilizar y respaldar los esfuerzos mundiales para reducir y asistir las situaciones de desplazamiento interno. Un grupo de agencias y organizaciones internacionales en Colombia desarrolló su propio plan de acción PR20 a nivel nacional[2]. A lo largo de 2018 y 2019, se organizaron eventos de alto nivel en el marco de esta iniciativa para volver a centrar la atención en el desplazamiento interno en el país. Se empleó el diálogo directo con los desplazados internos y con los líderes de las zonas afectadas por el conflicto para dar más visibilidad a sus problemas cotidianos y revitalizar la búsqueda de soluciones.
Diálogo y promoción
Los socios de la iniciativa PR20 en Colombia han convertido en su prioridad el poder ofrecer a los desplazados internos una plataforma para plantear sus preocupaciones y proponer medios para avanzar y hacérselos llegar al Gobierno nacional. Se organizaron una serie de eventos en 2018 y 2019 entre los que se incluyen:
- Dos reuniones en Bogotá para el diálogo entre los miembros de la iniciativa PR20 en Colombia y líderes en derechos humanos, desplazados internos y funcionarios públicos competentes.
- Un foro público nacional sobre el desplazamiento en colaboración con el periódico nacional El Espectador y con la participación de representantes de víctimas del conflicto armado, autoridades nacionales, ONG, organismos de la ONU y la sociedad civil.
- Un foro local en el departamento de Nariño que, en medio del proceso electoral de los gobernadores y alcaldes, logró reunir a cinco candidatos a la gobernación para que debatieran con los líderes, la sociedad civil y las instituciones locales. El evento pretendía facilitar un debate directo entre los candidatos y los líderes de los desplazados internos, y promover la inclusión en sus planes de políticas públicas pertinentes para los desplazados internos cuando accedieran al cargo.
A través de estos eventos, y gracias a la contundencia de sus voces, los desplazados internos pudieron concienciar acerca de sus persistentes riesgos de protección y debatir qué medidas deberían adoptarse para hacerles frente. Los desplazados internos fueron francos en estos eventos y ofrecieron sus propias ideas sobre cómo promover soluciones para el desplazamiento interno. En particular, su mensaje fue firme y con determinación: “No nos dejen solos”. Los desplazados internos pudieron contribuir concretamente a los planes de desarrollo local, mientras abogaban por la incorporación a estos planes de la política pública consensuada sobre los desplazados internos. En el caso de Nariño, los desplazados consiguieron que se incluyeran las cuestiones que les afectaban en la agenda electoral.
Las conclusiones de la serie de eventos de la iniciativa PR20 destacan la necesidad de:
- Promover y fortalecer la coordinación interinstitucional para dar una respuesta integral al desplazamiento y, en particular, respaldar medidas para impulsar soluciones.
- Reforzar la presencia de las instituciones gubernamentales en zonas de difícil acceso y con emergencias recurrentes.
- Priorizar y fortalecer la provisión de bienes y servicios en los territorios que acogen a los desplazados internos, a refugiados y a migrantes venezolanos, ya que estas poblaciones están expuestas a los mismos riesgos y consecuencias de los conflictos y la violencia.
Los socios que participan en la iniciativa PR20 en Colombia comparten el mismo objetivo de mejorar la visibilidad y la participación de las comunidades y los individuos afectados por el conflicto. Esto, a su vez, ayudará a proporcionar un apoyo más efectivo al Gobierno en sus esfuerzos por garantizar respuestas adecuadas y exitosas al desplazamiento interno, desde la prevención hasta la protección y las soluciones.
Los espacios participativos, como los organizados bajo el auspicio de la iniciativa PR20 en Colombia, deben continuar y ampliarse. De conformidad con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos y con apoyo del marco normativo e institucional de Colombia sobre el desplazamiento interno, debe facilitarse que los desplazados internos trabajen directamente con los responsables de la toma de decisiones a nivel local y nacional para definir y aprovechar las oportunidades de alcanzar soluciones.
PR20 Colombia echeverr@unhcr.org
[1] Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022 Pacto por Colombia, pacto por la equidad www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
[2] La iniciativa PR20 Colombia está compuesta por la Oficina del Coordinador Residente, ACNUR, OIM, PNUD, NRC, SJR Colombia, OCHA y RET International.