Estudios de caso

Uganda: mitigar el desplazamiento en las zonas propensas al desprendimiento de tierras

Uganda llevó a cabo una extracción del perfil de riesgo de todo el país durante la cual se compiló una base de datos (al amparo de la Oficina del primer ministro) que incluye el registro de datos biométricos de las personas que viven en zonas propensas al desprendimiento de tierras. Esta información se está utilizando para implementar un programa de diez años de duración para reubicar voluntariamente a las familias que viven en zonas de alto riesgo en el área del monte Elgon en otras más seguras del distrito de Bulambuli. Como parte de este programa, el Gobierno compra tierras para los asentamientos y construye en ellas, y anima a mudarse allí a los residentes de zonas con alto riesgo de sufrir desplazamientos. El proyecto se basa en un enfoque desde la perspectiva de la Administración en su conjunto, cuenta con la participación de todos los ministerios competentes y todos los contratos de construcción y suministros son gubernamentales. El Gobierno provee de viviendas, infraestructuras, servicios y actividades generadoras de ingresos; y, en un principio, ara las tierras para la comunidad. En octubre de 2019, se había reasentado[1] a unas 240 familias.

 

Colombia: desglosar los datos para mostrar los progresos hacia unas soluciones duraderas

El Registro Único de Víctimas de Colombia es un registro estatal que incluye datos de más de nueve millones de personas cuyos derechos han sido violados como consecuencia del conflicto armado y la violencia, desde 1995, entre ellos más de ocho millones de personas desplazadas internamente. Se trata de una herramienta técnica y administrativa diseñada para ayudar a las víctimas a acceder a la asistencia y a la reparación. Además de captar y diferenciar cuáles son las necesidades de los desplazados internos y de las víctimas de otros delitos, el registro se utiliza para crear políticas públicas y respaldar soluciones duraderas para los desplazados internos. Se han dictado casi 6000 sentencias de restitución de tierras y, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se han pagado 1 156 401 indemnizaciones monetarias a las víctimas, la mitad de las cuales son personas desplazadas internas. Este registro también permite dotar de asistencia y reparación a las comunidades que sufrieron daños o violaciones de sus derechos a nivel colectivo debido a la violencia o al conflicto.

 

Yemen: las autoridades locales asignan tierras a los desplazados internos desalojados de los asentamientos informales

Tras la acogida informal de 109 familias de desplazados internos en sus territorios de la provincia de Adén, durante aproximadamente un año, una propietaria privada comunicó a este colectivo que deseaba recuperar el uso de sus tierras. La Unidad Ejecutiva para los Desplazados Internos (el ente público responsable de la protección y asistencia a las personas desplazadas) negoció con la propietaria para que les permitiera quedarse allí hasta que se les pudiera ofrecer una alternativa. En el plazo de seis meses, fueron trasladados a un nuevo emplazamiento urbano habilitado a tal efecto y con una mejor seguridad de la tenencia en otro distrito de la provincia de Adén. Este caso puso de relieve los retos a los que se enfrentan los desplazados internos que viven en asentamientos informales; la necesidad de encontrar soluciones en lo que respecta a las tierras y la vivienda para los que se encuentran en riesgo de desalojo; el papel fundamental de las autoridades locales en la búsqueda de soluciones junto con los actores internacionales; y la importancia de planificar la reubicación e incluir a la comunidad de acogida local en la planificación. Las directrices técnicas y el apoyo financiero internacionales fueron esenciales para fundamentar y facilitar las medidas que se adoptaron para transformar las tierras asignadas en un asentamiento habilitado y viable.

 

El Salvador: una nueva ley para la protección de los desplazados internos

En 2020, El Salvador aprobó una nueva ley en consonancia con los Principios rectores de los Desplazamientos Internos con el apoyo de ACNUR y de organizaciones de la sociedad civil[2]. Su principal catalizador fue un fallo dictaminado por la Corte Constitucional, en 2018, que ordenaba al Parlamento que, en el plazo de seis meses, promulgara una normativa especial en materia de protección de los desplazados internos[3]. El plazo y los mecanismos de seguimiento establecidos por dicho órgano apremiaron al Parlamento y al Ejecutivo. Otros factores esenciales que contribuyeron a la aprobación de la ley fueron: el intercambio de buenas prácticas con Colombia y Honduras; la movilización de la voluntad política a través de un gran foro; la presión y los eventos mediáticos celebrados por las instituciones públicas, la sociedad civil y otros; la formación de un equipo técnico de redacción de proyectos de ley que contaba con expertos internacionales; y la participación de los desplazados internos y de la sociedad civil en las reuniones con el Ejecutivo y su envío de testimonios escritos a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

 

 

[1] www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/IGAD-Regional-Exchange-report.pdf

[2] El Salvador: Ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno, 23 de enero de 2020 www.refworld.org.es/docid/5e691b974.html

[3] El Salvador: Sentencia sobre desplazamiento forzado (Amparo 411-2017), 13 de julio de 2018 www.refworld.org.es/docid/5b4f72e54.html 

 

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