En el contexto eritreo, las organizaciones internacionales, los gobiernos y el mundo académico han dado cada vez más importancia a la participación de la diáspora en las operaciones de paz y de construcción de un Estado, y en el retorno de la población como catalizador del desarrollo. La situación económica y política imperante en el punto de retorno se considera de vital importancia para determinar si los colectivos que se encuentran en la diáspora pueden regresar y volver a participar sin impedimentos en la política del país de origen. Los documentos de la ONU que defienden el retorno de los ciudadanos autorizados a Eritrea —y como revelan mis propias conversaciones con el personal que promueve tales proyectos dentro del país— priorizan los enfoques que maximizan la satisfacción de la diáspora y garantizan que las instituciones estatales puedan asimilar a estas personas. Lo que estos documentos rara vez tienen en cuenta, sin embargo, es hasta qué punto los enfoques que defienden podrían afectar a la población residente en Eritrea, o de qué manera los panoramas sociales a los que llegarán estas personas y la naturaleza de las relaciones entre los ciudadanos de dentro y fuera de Eritrea podrían influir en la efectividad de las operaciones de retorno.
A estas comunidades residentes a menudo se las ve de manera puramente instrumental. Por ejemplo, ¿cómo se les podría animar para que facilitaran una integración armoniosa de los retornados? ¿Cómo se les puede incentivar para que dejen espacio a los refugiados retornados y a las personas desplazadas internas para que participen en los procesos de construcción de paz, reconstrucción nacional y reconciliación? ¿Y cómo se les puede sensibilizar para que vean que el éxito de los retornados está positivamente relacionado con el suyo propio?
Para que esta población vuelva a entrar en escena primero es necesario adoptar marcos que reconozcan todo el abanico de actores que intervienen en los procesos de retorno. El trabajo empírico ha puesto de relieve que la reintegración de los retornados a menudo depende de si negocian con éxito con quienes ostentan el poder a nivel local para poder gozar de legitimidad, derechos, oportunidades y aceptación[1]. La capacidad y la voluntad de todos los ciudadanos de participar de forma positiva en este proceso son fundamentales.
Las investigaciones en torno a cómo y por qué ayudar a las comunidades que acogen a los refugiados indican que las preocupaciones humanitarias sobre el desplazamiento y la movilidad no deben valorarse de forma independiente de los programas de desarrollo más amplios, que tradicionalmente han proporcionado más espacio para las perspectivas sociales y societarias. Dentro de esta esfera, las comunidades de acogida constituyen un elemento vital por derecho propio.
Retos políticos, prácticos y éticos
Los eritreos “que se quedan” llamaron la atención considerablemente en la década de los noventa y principios de la década de los 2000, cuando cientos de miles de refugiados que se habían exiliado durante la lucha por la liberación del país y su conflicto fronterizo de 1998–2000 con Etiopía volvieron, la mayoría sin ayuda internacional. Regresaron a zonas en las que la violencia y la destrucción habían sido más agudas; y donde la población local sobrevivía entre artefactos explosivos sin detonar, terrenos agrícolas arrasados e infraestructuras diezmadas. No obstante, la reintegración de los retornados progresó sin tensiones significativas[2]. La clave residió en que ni los retornados ni los que se quedaron criticaron la conducta de los demás, ni durante la lucha ni a su regreso. Los lazos mutuos de solidaridad y buena voluntad eran fuertes, al igual que la percepción de que cada uno de los colectivos atraía oportunidades. También se hizo especial hincapié en satisfacer las necesidades de la población que había permanecido en Eritrea, debido tanto al compromiso del gobierno posliberación por garantizar la seguridad para todos los eritreos como a una comunidad intelectual, cuya labor en el país llamó la atención sobre una dinámica que a menudo se pasa por alto.
Sin embargo, recientes estudios llevados a cabo tanto con eritreos que se encontraban en su capital, Asmara, como en la diáspora, revelan una serie de factores que pueden complicar el futuro retorno, y que ponen de manifiesto las razones políticas, prácticas y éticas para hacer mayor hincapié en la situación de las comunidades “que se quedan”[3]. En primer lugar, la población que ahora reside fuera de Eritrea está compuesta por colectivos con historias de vida muy diferentes, entre ellos los refugiados y los migrantes que no regresaron cuando el país se independizó, los eritreos de segunda y tercera generación; y las personas que han solicitado asilo durante el período que siguió a la independencia. Las repercusiones de sus divergentes simpatías políticas son considerables en lo que respecta a su relación con Eritrea y su gobierno; y a la forma en que la población del país —de por sí, políticamente heterogénea— se relaciona con ellos.
La mayoría de la población de Asmara está profundamente decepcionada con el partido gobernante del país y con las personas que siguen apoyándolo. Consideran que las acciones de los miembros de la diáspora que apoyan al gobierno —como la celebración de mítines internacionales para elogiar al Frente Popular para la Democracia y la Justicia (FPDJ), el partido político que gobierna en Eritrea, y el envío de dinero al gobierno a través de su impuesto de la diáspora[4]— han contribuido a sostener este régimen. Las entrevistas realizadas en Asmara han revelado que a las personas de a pie les preocupa el regreso de personas que componen la diáspora y son partidarias del gobierno debido a las opiniones políticas de los retornados y a la inflexibilidad con la que sus opiniones son percibidas.
En segundo lugar, aunque la población de Asmara señaló que el retorno de los que se encontraban en la diáspora podría conllevar ciertos beneficios económicos, políticos y emocionales, hubo cierto temor de que estos se produjeran a expensas de la actual clase empresarial del país. Dadas las restricciones a la libertad de movimiento de quienes permanecen en Eritrea (incluidas las dificultades para obtener los visados de salida necesarios para aprovechar las becas y los puestos de trabajo en el extranjero), existen claras jerarquías de acceso entre quienes se encuentran dentro y fuera del país. Mis encuestados sentían que las oportunidades y los recursos que se concedían a los que se encontraban en la diáspora —como ahorros, relaciones comerciales, experiencia laboral y una educación superior de buena calidad— permitirían que la población en el exilio monopolizara las oportunidades y los trabajos más lucrativos en una Eritrea liberalizada.
Una preocupación opuesta, pero paralela, hacía referencia a de qué manera el país asimilará económica y socialmente a algunas de las nuevas generaciones de refugiados eritreos si deciden regresar. Muchos de ellos se marcharon para evitar el servicio militar, lo que implicaba abandonar Eritrea antes de terminar la escuela. Incluso aquellos que tienen aptitudes profesionales han encontrado dificultades para encontrar un trabajo que se ajuste a sus cualificaciones debido a las políticas restrictivas de migración y asilo en la diáspora. No está claro de qué manera el país albergará a esta población, cuya riqueza y perfiles educativos se han visto frenados por el exilio.
La construcción de paz y la reconciliación
Las facciones de la oposición entre la población en el exilio parecen haber desarrollado ideas sobre el futuro político del país que respaldan, pero no necesariamente incluyen, los diversos puntos de vista y experiencias de quienes viven allí. Tras el acuerdo de paz de 2018 entre Eritrea y Etiopía, y tras su fracaso a la hora de traducirse en una reforma política sustantiva, se ha reanudado el fervor entre los opositores en la diáspora por comenzar a planificar la creación de una Eritrea pos-FPDJ. Estos grupos han debatido acerca de cómo acelerar el declive del partido gobernante y cómo prepararse para el período de transición política que vendría después. Se ha hecho un llamamiento para que se organicen asociaciones de profesionales, se redacten códigos jurídicos que aseguren el país durante la transición y que luego sirvan como antecedentes para un nuevo sistema jurídico; y que se identifique a personas que se encuentren en la diáspora que puedan asumir papeles de liderazgo en un sistema político posterior al FPDJ.
No obstante, el reto radica en cómo conciliar las aspiraciones de estos colectivos opositores pertenecientes a la diáspora con las de los que permanecen dentro de las fronteras del Estado. El sentimiento predominante de que a los ciudadanos eritreos se les ha apartado del debate político y de una educación superior de calidad han contribuido a que se perciba que la población que se encuentra dentro del país puede generar agitación política sin articular necesariamente una alternativa política. El resultado de ello ha sido que algunas iniciativas de la diáspora parecen alejadas de las ideas y aspiraciones de los ciudadanos que se encuentran en Eritrea acerca del cambio político y del papel que desean jugar en él. Los procesos de retorno han tendido a centrarse en dar apoyo y garantizar el derecho al voto de las poblaciones en proceso de repatriación, dando por sentado que “los que se quedaron” disfrutan de cierto grado de representación política. En lugares como Eritrea, este enfoque puede incrementar la marginación que ya experimentan quienes se encuentran en el país.
Dar prioridad a las opiniones y experiencias de los repatriados sobre las de la población que ha permanecido en el país poco hace por establecer condiciones para el diálogo, la inclusión y el respeto mutuo que son esenciales para el éxito de la construcción de paz y la reconciliación. Los programas de retorno deben garantizar que no se creen jerarquías asignando recursos a cada uno de los dos grupos basándose únicamente en las categorías institucionalizadas de vulnerabilidad, como refugiados o retornados. En la práctica, las organizaciones internacionales y los donantes están adoptando cada vez más enfoques que abarcan a toda la sociedad, ya que reconocen que las repercusiones del desplazamiento no solo las perciben quienes se encuentran en tránsito. Por lo tanto, se está prestando asistencia y apoyo a las comunidades de acogida y a las personas desplazadas con la esperanza de impulsar oportunidades generales de desarrollo, de reducir posibles fricciones y acelerar la integración. La adopción de estos modelos en el país de origen puede traer consigo beneficios similares en el punto de retorno.
Georgia Cole gc389@cam.ac.uk
Investigadora adjunta, Margaret Anstee Centre for Global Studies, Newnham College, Universidad de Cambridge
www.margaretansteecentre.org/dr-georgia-cole
[1] Polzer T (2009) “Negotiating Rights: The Politics of Local Integration”, Refuge, 26(2), 92–106 https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/32081
[2] Kibreab G (2002) “When refugees come home: the relationship between stayees and returnees in post-conflict Eritrea”, Journal of Contemporary African Studies, 20(1), 53–80
www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02589000120104053?casa_token=AQ2OB19JEz8AAAAA:rvyDdPtI1Z6SKZ61lW1An1nFW8sYJa0bSSK64HMMshtgIRJ2x-D4U-vmK2NzwY346t0SmDcvqw
[3] Véase, por ejemplo, Cole G (2019) “Systemic ambivalence in authoritarian contexts: The case of opinion formation in Eritrea”, Political Geography, 73, 28–37
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0962629818304360
[4] A los eritreos que se encuentran fuera del país se les exige que paguen el 2 % de sus ingresos al gobierno eritreo para poder acceder a los servicios que ofrece el Estado.