El Triángulo Norte de Centroamérica (TNC)[1] sigue sufriendo importantes desplazamientos. El gran éxodo de personas que viajan en “caravanas” desde octubre de 2018 han aumentado la visibilidad de la situación, pero siguen faltando respuestas a las causas profundas de esa movilidad. Las causas de los desplazamientos son múltiples, ya que las personas huyen de la violencia perpetrada tanto por agentes estatales como no estatales, lo que se ve agravado por el agravamiento de la pobreza y la desigualdad, la corrupción y la represión política, y los efectos del cambio climático.
La violencia en el TNC es perpetrada por una serie de actores en diferentes contextos, desde los megaproyectos hasta la represión estatal, y se perpetúa por la arraigada corrupción e impunidad; y por la falta de voluntad o por la incapacidad de los Estados de abordar sus causas profundas. Este artículo se centra en acciones que normalmente se podrían considerar hechos aislados: la violencia de las pandillas, la violencia de género y la violencia contra las personas por su orientación sexual o identidad de género. No obstante, las causas profundas de la impunidad, la desigualdad y la discriminación se extienden sin duda a otras manifestaciones de violencia en la región.
Los actos de violencia perpetrados por actores no estatales en la región son generalizados y sistemáticos. Aunque estos se considerarían hechos aislados en un Estado cuyo funcionamiento fuera normal, en el TNC esta violencia se da con más facilidad por el hecho de que los Estados no protegen a sus ciudadanos, no previenen esos delitos y no abordan sus causas. Entender esto es fundamental para demostrar el papel que juega el Estado —un factor clave para las personas a la hora de solicitar protección internacional en otro país—, así como su responsabilidad de abordar las causas profundas de la violencia y el desplazamiento.
Violencia, desplazamiento y causas sociales fundamentales
El TNC sufre de violencia e inseguridad endémicas y tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo, además de que la violencia de género, la violencia sexual y el feminicidio están generalizados. Estos niveles de violencia persistentemente altos, la regla de «ver, oír y callar» y la frecuente impunidad han llevado a una situación en la que la violencia se ha normalizado y se ha convertido en “una forma de comunicación”[2].
La violencia de las pandillas genera un “continuo de riesgo”, por el que algunas personas reaccionan huyendo de una amenaza específica y de un riesgo inmediato, otras huyen como medida preventiva cuando aumentan los niveles de riesgo personal; y otras, debido al temor general a la violencia, a las consecuencias económicas de la inseguridad y la desigualdad, al aumento de la violencia en sus barrios y a las batallas por el territorio[3].
La violencia de género es un importante factor desencadenante del desplazamiento de las mujeres y las niñas, tanto a nivel interno como transfronterizo. Incluye la violencia doméstica, la violencia de pareja, la violencia familiar y la violencia sexual (perpetrada por parejas, miembros de la familia, miembros de la comunidad y grupos criminales), además de la trata de personas, la prostitución forzada y el abuso y la explotación sexual de niñas y adolescentes. Las bandas callejeras utilizan la violencia sexual extrema y el feminicidio como venganza contra sus rivales, como un mensaje a otros miembros de la banda o como un castigo para las personas que han cometido alguna falta. Sin embargo, las personas que se han visto obligadas a huir pueden verse seguidas y perseguidas durante el desplazamiento, ya que sus agresores siguen libres. El riesgo de que esto ocurra aumenta si la violencia es perpetrada por un miembro de una pandilla, especialmente si la víctima denuncia el delito, lo que podría suponer que la amenaza se extendiera a toda su familia y que provocara una huida transfronteriza.
Las personas LGTB+ huyen de la violencia y de la persecución perpetradas por sus familias y comunidades, por miembros de pandillas y entidades estatales. Muchas personas LGTB+ sienten que no tienen más opción que abandonar el país, dada la falta de protección o de apoyo.
La violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género provienen de la incapacidad del Estado de eliminar las actitudes patriarcales y discriminatorias que las impulsan. Estas actitudes basadas en el sistema patriarcal y los estereotipos de género también contribuyen al machismo extremo de las pandillas y a la convergencia de la violencia que estas ejercen con la violencia de género y por razones de orientación sexual e identidad de género.
Las pandillas callejeras —y el control territorial y la violencia que emplean— están profundamente arraigadas en la pobreza; la falta de oportunidades; la marginación y la exclusión política, económica y social de los jóvenes; así como en la falta de una presencia estatal y unos servicios efectivos en las comunidades marginadas. La pobreza y la ausencia de oportunidades provocan que las personas sean vulnerables a tener que participar de actividades delictivas como estrategia de supervivencia, por razones económicas y de protección. Esta vulnerabilidad puede verse acentuada por la desestructuración familiar o por tener padres ausentes por culpa del trabajo o la emigración.
La impunidad: endémica, multicausal e intersectorial
La impunidad es endémica en la región y la mayoría de los delitos no son procesados. Para comprender el papel de la impunidad como causa fundamental del desplazamiento y la violencia en el TNC, debe examinarse su carácter multicausal.
En primer lugar, hay reticencia a denunciar por varios factores, entre ellos el recelo hacia la policía y el sistema judicial y la falta de confianza en que las autoridades puedan proporcionarles una protección eficaz. Esta resistencia también puede deberse al tipo de violencia o delito que se sufre. Las víctimas de violencia por parte de las pandillas temen represalias, a lo que se suma el temor de que agentes estatales corruptos o coaccionados les filtren información. En el caso de las víctimas de violencia de género, de delitos de odio y de violencia sexual, su reticencia se ve agravada por el temor a ser estigmatizadas, a las represalias y al aumento de la violencia por parte de sus agresores, y es que las personas que sí denuncian a menudo suelen ser victimizadas de nuevo o ridiculizadas por la policía. También es un obstáculo a la hora de denunciar la falta de viviendas en las que puedan refugiarse las víctimas de la violencia doméstica, la negativa a ayudar a las personas que parecen ser de un género diferente del que figura en su documento de identidad, y la falta de reconocimiento de las relaciones entre personas del mismo sexo, así como de la posibilidad de que pueda producirse violencia en ellas.
En segundo lugar, se dan importantes retos a nivel práctico a la hora de administrar justicia, como la debilidad de las instituciones, la falta de recursos y de capacidad, y la gran cantidad de casos. Cuando se denuncian los delitos ante las autoridades, las denuncias pueden ser rechazadas o simplemente no ser procesadas e investigadas. Y cuando sí se llevan a cabo investigaciones, a menudo el proceso es largo e ineficiente. Todo ello se ve agravado por la falta de programas eficaces de protección de testigos y de apoyo a los supervivientes.
En tercer lugar, los entes estatales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley están corruptos y las bandas se han infiltrado en ellos, o pueden ser estos mismos entes quienes directamente extorsionen a las personas y abusen de ellas.
Todo ello contribuye a un ciclo de impunidad en el que la delincuencia puede prosperar y la confianza de la gente en las autoridades se erosiona cada vez más, lo que menoscaba el acceso a la justicia y aumenta la vulnerabilidad de determinados colectivos. El hecho de que los Estados no proporcionen una respuesta y protección eficaces contribuye al desplazamiento e influye en sus pautas —quién se va y adónde se va— y en la necesidad de protección internacional de las personas.
El desinterés de los Estados por las causas profundas
Las respuestas de los Estados a las pandillas no han logrado resolver el problema; de hecho, han tenido consecuencias nefastas que han provocado nuevos desplazamientos tanto en El Salvador como en Honduras. Mientras que las pandillas reclutan a niños cada vez más pequeños (debido a que los menores tienen menos probabilidades de ser identificados como miembros de pandillas durante las redadas, y a que son objeto de penas menos severas), familias enteras y menores a título individual se ven obligados a huir. Además, como las pandillas en El Salvador se reubican en áreas rurales para evitar las redadas, esto da lugar a un aumento de la violencia en zonas que antes no estaban afectadas y, por consiguiente, a un mayor desplazamiento de las personas de estos lugares. Mientras tanto, la creciente enemistad entre las pandillas y la Policía ha obligado a algunos miembros de las fuerzas de seguridad a desplazarse.
La respuesta represiva del propio Estado también ha provocado desplazamientos y ha dado lugar a que los jóvenes huyan del acoso arbitrario y del abuso de poder por parte del Estado, y a que personas que viven en zonas controladas por pandillas huyan de la presión que las fuerzas de seguridad ejercen sobre ellas para que filtren información sobre los miembros de las mismas. Estos enfoques agravan aún más la falta de confianza en las autoridades y la marginación de los jóvenes, al tiempo que no abordan otras manifestaciones de violencia más amplias y sus causas profundas.
La responsabilidad del Estado
Existe una grave carencia de estrategias de prevención y se hace especialmente evidente por los constantes fracasos de los Estados a la hora de abordar las causas profundas de la violencia, ya sea combatiendo la pobreza, la marginación y la desigualdad que impulsan a las pandillas o poniendo remedio a la profunda discriminación y las actitudes patriarcales que motivan la violencia de género y los delitos de odio contra la población LGTB+. Abordar las causas profundas es clave, pero esto exige una visión amplia de la violencia en todas sus manifestaciones (incluida la violencia de género y los delitos de odio), además de avances institucionales y legislativos respaldados por políticas sólidas, programas sociales y campañas de cambio de actitud.
No obstante, se han producido prometedores avances localizados que tienen potencial para ser reproducidos en otras áreas. Entre ellos figuran programas de intervención como Cure Violence (“Curar la violencia”) en algunas partes de San Pedro Sula, un programa de divulgación para jóvenes en Rivera Hernández (uno de los barrios más pobres de Honduras), las estrategias de prevención de la violencia familiar utilizadas en el Proyecto de Prevención de la Violencia y el Delito de El Salvador, y una abnegada cooperación entre la comunidad y el Ayuntamiento de Berlín, en El Salvador, que le han permitido mantenerse libre de pandillas[4].
También se han adoptado algunos compromisos recientes que resultan prometedores, aunque su implementación todavía está pendiente. El presidente entrante de El Salvador, Nayib Bukele, ha hecho un llamamiento a la creación de programas sociales, educativos y de reintegración para los exmiembros de las pandillas, para prevenir este tipo de violencia. Bajo el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS), Honduras se ha comprometido a «desarrollar estrategias para prevenir y abordar los riesgos específicos de las mujeres y niñas, los trabajadores del transporte, los comerciantes, las personas en riesgo de perder sus tierras y las personas LGTBI»[5]. Lograr esto, sin embargo, requerirá de una importante labor entre múltiples organismos y un compromiso social y político, lo que resulta aún más difícil si se tiene en cuenta el aumento de la represión política y la violencia estatal en Honduras.
A pesar de las promesas del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de desarrollar una respuesta regional para abordar las causas profundas de la migración, en realidad las respuestas de México y Estados Unidos siguen siendo medidas de seguridad para evitar que la gente viaje hacia el norte. En última instancia, se necesita más voluntad política y un compromiso regional para garantizar que la retórica se convierta en realidad.
Vickie Knox V.Knox@london.ac.uk
Profesora de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho de los Refugiados, Escuela de Estudios Avanzados de la Universidad de Londres y consultora de investigación independiente www.vickieknox.com
[1] También conocido como norte de Centroamérica, que comprende El Salvador, Guatemala y Honduras.
[2] Esta expresión fue utilizada por algunos representantes de organizaciones civiles de carácter social a los que entrevisté en El Salvador y Honduras en 2018.
[3] Véase Knox V (2017) “Factores que influyen en la toma de decisiones de las personas que huyen de Centroamérica”, Revista Migraciones Forzadas número 56 www.fmreview.org/es/latinoamerica-caribe/knox y el Observatorio de Desplazamiento Interno (2018) An Atomised Crisis: reframing internal displacement caused by crime and violence in El Salvador
www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/201809-el-salvador-an-atomised-crisis-en.pdf
[4] Véase: Cure Violence (2016) Report on the Cure Violence Model Adaptation in San Pedro Sula http://cureviolence.org/wp-content/uploads/2016/08/Report-on-the-Cure-Violence-Adaptation-in-San-Pedro-Sul.pdf; El Proyecto de Prevención de la Delincuencia y la Violencia de El Salvador www.creativeassociatesinternational.com/projects/el-salvador-crime-and-violence-prevention-project/
[5] www.globalcrrf.org/crrf_country/honduras/