En 1991, con el estallido de la guerra civil en Somalia, se establecieron campos de refugiados alrededor de la pequeña ciudad fronteriza de Dadaab, en el noreste de Kenia. Desde entonces, Dadaab se ha convertido en la ubicación de una de las mayores y más prolongadas situaciones de refugiados. En su pico más alto, los campos acogieron a más de medio millón de refugiados. En julio de 2019, se contaban más de 211 000 (el 96 % somalíes), la mayoría de los cuales habían nacido o se habían criado en los campos[1].
Por su calidad de “no ciudadanos”, los refugiados somalíes carecen de la protección del Estado y tienen restringido su derecho a la libertad de movimiento y al acceso al trabajo. Las amenazas, los secuestros y los ataques violentos perpetrados en Kenia por el grupo militante Al Shabab, con base en Somalia, han generado una actitud de desconfianza y temor hacia estos refugiados, a quienes el gobierno keniata acusa de ser infiltrados de dicho grupo. Atrapados entre la violencia y la inestabilidad de su país y un Estad de acogida que no está dispuesto a integrarlos, ha obligado a los refugiados de Dadaab, ante la falta de otras opciones,a quedarse en los campos.
El programa de repatriación de Kenia
En noviembre de 2013, los gobiernos de Kenia y Somalia y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) firmaron un Acuerdo Tripartito. Utilizándolo como marco jurídico, en diciembre de 2014 se estableció un programa de repatriación voluntaria que adoptó un enfoque de retorno gradual y que empezó por aportar fondos y recursos para ayudar a quienes decidieran regresar, y que progresivamente iría convirtiéndose en retornos oficiales respaldados por el ACNUR[2]. Sin embargo, aunque el programa sigue en marcha, hay pocos incentivos para regresar a Somalia.
Los refugiados que sí se acogieron a dicho programa denunciaron que la falta de alimentos y de servicios básicos hacía casi imposible sobrevivir o restablecer sus vidas. También se encontraron con que la calidad de la vivienda y de la educación no era tan alta como habían previsto. En las zonas controladas por Al Shabab, el tránsito estaba restringido y la inseguridad generalizada provocaba temor[3]. A pesar de estas denuncias, en mayo de 2016 el Gobierno de Kenia anunció sus planes de agilizar la repatriación de los refugiados somalíes y clausurar los campos. Dos meses después de este anuncio, el ACNUR hizo un llamamiento para que se destinaran fondos a la reubicación de todos los refugiados no somalíes —y de los que se encontraban en proceso de reasentamiento— desde los campos de Dadaab al campo de refugiados de Kakuma, en el noroeste de Kenia, y para que se apoyaran las repatriaciones voluntarias de Dadaab a Somalia. Aunque el ACNUR y el Gobierno de Kenya insistieron en que los retornos serían voluntarios, la reubicación masiva de refugiados no somalíes mandó un mensaje claro a los somalíes que seguían en los campos de que pronto iban a ser clausurados.
Aunque la repatriación voluntaria puede ser una solución conveniente para el desplazamiento, existen dudas acerca de cómo podría darse un retorno duradero en estas condiciones. Los incentivos en efectivo ofrecidos a través del programa de repatriación han hecho que muchos miembros de la comunidad de acogida (que pueden no ser refugiados, pero sí de etnia somalí) consigan los 200 dólares que se ofrecen y luego regresen a Kenia y, a menudo, utilicen esos fondos para abrir pequeños negocios. Y lo que es más importante, la presión de Kenia para que se repatríe a los refugiados a un país que acaba de salir de un conflicto y que todavía se ve afectado por la violencia, los reclutamientos forzados y unas deficientes infraestructuras educativas y sanitarias ha dado lugar a que los refugiados regresen a los campamentos de Dadaab o se conviertan en desplazados internos dentro de Somalia.
Tras presionar a favor de la repatriación voluntaria, el gobierno keniata clausuró su Departamento de Asuntos para Refugiados, que supervisaba la inscripción en el censo de nuevos refugiados. La actual entidad gubernamental encargada de las personas desplazadas —la Secretaría de Asuntos para Refugiados— no está autorizada a censar a las personas en Dadaab, y el ACNUR ya no censa tampoco a los recién llegados y a los retornados. Como consecuencia de ello, no pueden acceder a las tarjetas de racionamiento ni a otros recursos y servicios. Los solicitantes de asilo no censados son aún más vulnerables cuando carecen de acceso a alimentos y de estatus, y aunque este enfoque podría reducir las cifras oficiales, ignora la realidad de las necesidades de las personas.
Educación: cultivar la capacidad de retorno
Para restablecer las condiciones de paz en una sociedad posconflicto, lo mejor es invertir en las personas que quieren regresar para reconstruir su país. Desde diciembre de 2014, han sido más de 84 000 los refugiados de todas las clases sociales que han regresado a Somalia en el marco del programa de repatriación del ACNUR[4]. La mayoría de los que han trabajado en las escuelas de Dadaab como maestros, y de los que han obtenido becas y diplomas desean regresar a Somalia para restablecer sus vidas y servir a su país de origen. Hemos visto a varios graduados del Borderless Higher Education for Refugees Project (Proyecto de Educación Superior sin Fronteras para Refugiados) regresar a Somalia en busca de un trabajo que no podían conseguir en Kenia, ya sea en el campo de las finanzas o para el gobierno, para ONG internacionales o abriendo sus propias escuelas. Las oportunidades que pueden encontrar en Somalia les permiten desarrollar aptitudes para convertirse en funcionarios públicos y futuros dirigentes de la nación, al tiempo que gozan de un medio de vida sostenible. Con estudios, los refugiados pueden verse a sí mismos como agentes de cambio. Al invertir en las mentes y en las capacidades de los refugiados, se está invirtiendo en personas que regresarán para restablecer y transformar la sociedad civil en una nación posconflicto.
Existe una generación de jóvenes que se han criado en los campamentos, han ido a la escuela y —a través de programas y becas de ONG— han obtenido titulaciones académicas de educación primaria, secundaria y postsecundaria. Con sus titulaciones académicas, ven la oportunidad de conseguir un empleo valioso y sostenible con las ONG internacionales y con un gobierno restablecido para reconstruir la sociedad civil; un empleo que no sería posible en Kenia[5]. Para facilitarles un retorno a largo plazo, seguro y digno proponemos que, en lugar de programas de repatriación, se invierta en el desarrollo de unas capacidades significativas de los refugiados a través de la educación y de titulaciones reconocidas.
Ochan Leomoi anepo@my.yorku.ca
Abdikadir Abikar abikar14@my.yorku.ca
Candidatos al Máster de Educación a través del proyecto Borderless Higher Education for Refugees (BHER), profesores de refugiados, y mentores del programa de la Universidad de York que trabajan en Dadaab.
HaEun Kim haeunkim@yorku.ca
Gestora del programa, proyecto BHER www.bher.org
[1] ACNUR Kenia (2019) “Actualización operativa: Dadaab, Kenia”, julio de 2019
https://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/JULY-2019-Dadaab-Monthly-Operational-Updates.pdf
[2] ACNUR “New procedures set for Somali refugees to return home voluntarily from Kenya”, 11 de noviembre de 2013
www.unhcr.org/en-us/news/press/2013/11/528102b49/new-procedures-set-somali-refugees-return-home-voluntarily-kenya.html
[3] Human Rights Watch “Kenya: Involuntary Refugee Returns to Somalia”, 14 de septiembre de 2016 www.hrw.org/news/2016/09/14/kenya-involuntary-refugee-returns-somalia
[4] www.unhcr.org/ke/15797-with-renewed-hope-somali-refugees-opt-for-voluntary-repatriation.html
[5] Como los refugiados no tienen derecho a trabajar en Kenia, solo pueden hacerlo como “trabajadores por incentivos”, a los que se les paga un salario fijo bajo, que suele ser una ínfima parte de lo que se le daría a los nacionales keniatas por trabajar en el mismo puesto.