La reintegración política y económica: la clave para el éxito del retorno

Los refugiados y los desplazados internos necesitan que los actores nacionales e internacionales realicen esfuerzos conjuntos para garantizar una reintegración exitosa en el panorama económico, social y político de sus países de origen.

Los detonantes del desplazamiento a menudo reflejan una ruptura entre el Estado y sus ciudadanos, lo que significa que el primero es incapaz de cumplir con su obligación de protegerlos ante conflictos violentos. El restablecimiento de esta relación es crucial, y la reintegración política de los refugiados y de los desplazados internos es algo fundamental para el éxito de la reintegración. Esto implica incluir a las personas en el ámbito político de sus países de origen, permitirles interactuar con el gobierno y participar en los procesos de toma de decisiones, y no invisibilizarlas o impedirles acceder a las autoridades locales.

El retorno es un proceso difícil, especialmente si los refugiados han estado en el exilio durante períodos de tiempo prolongados o en los casos en lo que han nacido en el desplazamiento. Durante el periodo que hayan estado desplazados, las condiciones y las estructuras de su país de origen habrán cambiado o habrán sido rediseñadas. En algunos casos, las comunidades de origen consideran extranjeros a los refugiados. Los desplazados internos, por su parte, pueden enfrentarse a retos ligeramente diferentes en lo que respecta a su reintegración. A pesar de no haber abandonado su territorio nacional, a menudo se les invisibiliza o, a veces, se les ve como a unos indeseables y son marginados. Viven en condiciones parecidas (a veces peores) a las que experimentan los refugiados, temerosos ante potenciales situaciones de explotación, violencia y vulneraciones de los derechos humanos. Ambos colectivos suelen enfrentarse a la discriminación y la exclusión de las comunidades de acogida, así como de las autoridades locales y nacionales.

Los abusos del Estado contra sus ciudadanos, especialmente los cometidos por sus fuerzas de seguridad, generan desconfianza entre la población en general y entre los repatriados, en particular. La persecución por parte del Estado (sobre todo en contextos de fragilidad) es a menudo la razón por la que las personas, las familias y las comunidades huyeron de sus hogares en primera instancia. Para que el retorno y la reintegración de los refugiados y los desplazados internos se dé con éxito —para que recuperen su lugar como miembros de pleno derecho de la sociedad con el mismo acceso a los derechos y servicios básicos que los demás— es necesario rediseñar la relación entre el Estado y los ciudadanos.

Burundi y Sudán ofrecen buenos ejemplos de cómo abordar esos problemas en el proceso de retorno de refugiados y de desplazados internos.

Burundi

Desde su independencia en 1962, Burundi ha experimentado repetidos episodios de violencia por razones étnicas entre la población mayoritaria hutu, y la minoritaria tutsi. Con el establecimiento de la estabilidad tras un acuerdo de paz negociado en el año 2000 y la reelección en 2010 de Pierre Nkurunziza como presidente, un gran número de refugiados burundeses regresaron de los países vecinos (más de medio millón entre 2002 y 2011). Sin embargo, a su regreso, los refugiados retornados afirmaron que se sentían invisibles a los ojos de las autoridades. Percibían que habían sido eliminados del panorama político y que esto, junto con el abuso de poder por parte de algunas autoridades, estaba repercutiendo en sus medios de vida y en el acceso a la tierra. En concreto, las mujeres se enfrentan a retos considerables dado que, por ley, no pueden heredar tierras[1].

En 2015, la situación en Burundi se deterioró y el país corría el riesgo de volver a caer en un conflicto violento. El presidente Nkurunziza anunció que se postularía para un tercer mandato, lo que generó especial controversia entre varios sectores de la población. Esto hizo que las fuerzas gubernamentales tomaran como objetivo a quienes se oponían al presidente; las violaciones de los derechos humanos fueron generalizadas y más de 400 000 burundeses se han exiliado del país desde 2015 (principalmente a Tanzania, Ruanda, Uganda y la República Democrática del Congo)[2]. La situación de Burundi pone de manifiesto que, pese a las elecciones de 2010, el proceso político estaba incompleto. Los retornados manifestaron una sensación de invisibilidad al regresar; sintieron que no se les escuchaba ni se les permitía hablar con las autoridades y que las oportunidades, especialmente las económicas, dependían de la afiliación política. Todo parecía indicar que los logros políticos que los burundeses —incluidos los repatriados— y la comunidad internacional creían que Burundi había logrado eran insostenibles.

Sudán

La región de Darfur, en la zona occidental de Sudán, ha sido tradicionalmente una vasta superficie en la que convivían e interactuaban comunidades nómadas y agrícolas. La relación entre los diversos colectivos se ha vuelto cada vez más tensa y propensa a los conflictos como consecuencia de los desplazamientos de la población y del cambio climático. Con el tiempo, como resultado de la creciente dominación del Gobierno de Jartum por las tribus árabes del norte, se desmantelaron los mecanismos administrativos autóctonos y aumentó la represión a las tribus no árabes que se dedicaban a la agricultura.

El conflicto de Darfur comenzó en 2003 y provocó desplazamientos internos masivos. Darfur se reconfiguró en un contexto en gran medida urbanizado con tres grandes ciudades: El Fasher, El Geneina y Nyala. Por poner un ejemplo, Nyala, que es ahora la tercera ciudad más grande de Sudán, triplicó su tamaño como consecuencia del desplazamiento masivo. Las autoridades sudanesas, con el apoyo de la comunidad internacional, realizaron algunos esfuerzos para apoyar el retorno y la reintegración de los desplazados internos a sus zonas de origen, pero las perspectivas de que esto fuera una solución duradera a mayor escala fueron siempre limitadas debido a las cambiantes realidades vinculadas a la escasez de recursos naturales, así como a los cambios en las relaciones de poder y el dominio de los colectivos respaldados por el Gobierno de Jartum.

La larga duración del desplazamiento, junto con las limitadas perspectivas de retorno y la ausencia de medios de vida rurales viables, suponía que los refugiados desplazados y en proceso de retorno tenían pocas oportunidades más allá de adoptar estilos de vida y medios de vida urbanos. Ante los escasos esfuerzos por parte de las autoridades por desarrollar oportunidades económicas alrededor de las ciudades, la mayoría de los desplazados acabaron en el sector informal, y en la mayoría de los casos no se les distinguía de los pobres de las zonas urbanas. Las recientes reclamaciones en favor de la justicia social y la inclusión podrían atraer la atención necesaria de las autoridades locales, regionales y nacionales sobre esta situación.

Recomendaciones

Las situaciones en Burundi y Sudán ilustran cómo el retorno de los refugiados y los desplazados internos es un proceso multidimensional que requiere prestar atención a aspectos económicos, sociales, políticos y psicológicos del retorno y la reintegración. El éxito del retorno está vinculado a los procesos políticos. Sin embargo, la celebración de elecciones y una aparente estabilidad no garantizarán un retorno sostenible a menos que se dé voz a las personas desplazadas. Es importante centrarse en asegurar que la reintegración política y económica de los refugiados y los desplazados internos se tenga en cuenta en la construcción de paz y la formación del Estado tras un conflicto. El retorno de los refugiados y los desplazados internos debería considerarse intrínsecamente vinculado a la relación entre el Estado y sus ciudadanos, por lo que todo proceso de retorno debería ir acompañado de esfuerzos de diálogo social y nacional para fomentar la reconciliación, la inclusión y la participación.

Se debería proporcionar a los individuos una plataforma relevante para expresar sus quejas sobre aspectos tales como la prestación de servicios y el acceso a oportunidades reservadas para ciertos sectores políticos. Además, el fomento de la confianza entre las fuerzas de seguridad de un Estado y su población debe ser un objetivo clave y deliberado. Han de establecerse mecanismos de justicia transitoria para garantizar la rendición de cuentas por delitos cometidos, incluida la violencia sexual y de género. Estos mecanismos deberían incorporar una herramienta para que las personas desplazadas puedan reclamar sus derechos (incluido el derecho a la propiedad y a la tierra). La comunidad internacional ha de garantizar que los esfuerzos por coordinar las labores humanitarias y de desarrollo para alcanzar resultados colectivos no obvien los elementos de construcción de paz. Para que la reintegración de los retornados se haga con éxito es necesario que los procesos políticos y de paz no solo se centren en los procesos políticos formales y en las instituciones, sino que también incluyan a los retornados y a las comunidades locales.

 

Barbra N Lukunka barbralukunka@gmail.com
Responsable de Paz y Seguridad, Organización Internacional para las Migraciones www.iom.int

Peter de Clercq phjdeclercq@yahoo.com
Profesor visitante, Escuela de Gobernanza, Universidad de Witwatersrand www.wits.ac.za 

Los puntos de vista expresados son los de los autores y no reflejan necesariamente los de las instituciones de las que forman parte.

 

[1] Para más información sobre los retos del retorno de los refugiados a Burundi, véase Lukunka B N (2018) “‘They Call Us Witches’: Exclusion and Invisibility in the Burundian Returnee

Reintegration Process”, Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology https://psycnet.apa.org/record/2018-39059-008 y Lukunka B N (2017) “The Romance of Return: Post-exile Lives and Interpersonal Violence over Land in Burundi” en Buckley-Zistel S y Krause U (Eds) Gender, Violence, Refugees www.berghahnbooks.com/title/Buckley-ZistelGender

[2] Human Rights Watch “Burundi: Events of 2017” www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/burundi

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