La política del retorno de Jordania a Siria

La preparación para el retorno de los refugiados sirios se ha vuelto relevante en Jordania, pero el enfoque del retorno plantea numerosas dudas.

Se estima que actualmente viven en Jordania 1,4 millones de refugiados sirios, de los que según los cálculos de las organizaciones no gubernamentales (ONG) tres cuartas partes planean regresar a Siria en algún momento. La repatriación debe basarse en una decisión libre e informada que cuente con el pleno compromiso del país de origen durante el proceso de reintegración. Sin embargo, los retornados sirios se enfrentan a la perspectiva de regresar a un régimen autoritario con poco interés en apoyar su reintegración. Además, dada la persistencia del conflicto, es difícil garantizar cualquier medida de seguridad para los refugiados que regresen.

Desde el inicio del conflicto se han dado un número considerable de retornos espontáneos. Sin embargo, el gobierno jordano y los organismos adscritos no han adoptado hasta el momento ninguna medida para facilitar los retornos voluntarios oficiales a gran escala. Por el contrario, a pesar de la reapertura del paso fronterizo de Jaber-Nasib en octubre de 2018, el gobierno jordano anunció públicamente que no daría apoyo a los sirios que regresasen en esos momentos[1]. Y aunque no se han iniciado programas oficiales de retorno entre los dos países, su preparación se ha convertido en una cuestión destacada en Jordania[2].

Las barreras para regresar desde Jordania

A diferencia de lo que ocurre en otros países de acogida de los que regresan los refugiados sirios, en Jordania no tienen posibilidad de llevar a cabo visitas de prospección. En el caso de Jordania, ACNUR no cuenta con la infraestructura ni con los acuerdos con los Gobiernos de Siria y Jordania para facilitar esos viajes. El gobierno jordano mantiene unas aparentes relaciones diplomáticas con Siria, excepto cuando se trata de organizar visitas de prospección. Además, la idea misma de hacer este tipo de visitas de prospección es cuestionable por la constante inseguridad dentro de Siria, y por la duda de si los refugiados podrían ir de visita y volver.

De acuerdo con la legislación siria, los hombres sirios de entre 18 y 42 años de edad deben prestar servicio en las fuerzas armadas o corren el riesgo de ser encarcelados o reclutados por la fuerza. La mayoría de los reclutas han permanecido en el ejército indefinidamente desde que comenzó el conflicto, y se han vuelto comunes las redadas por parte de las autoridades en barrios y hogares en busca de reclutas y reservistas. El régimen de Asad también ha utilizado los medios de comunicación del Estado y a los líderes religiosos para promover una imagen honorable de aquellos que sirven en el ejército, así como de sus familias, a la vez que describe a los prófugos en términos peyorativos. Del mismo modo se proyecta una imagen negativa de los sirios que abandonaron el país durante el conflicto y muchos temen sufrir represalias por su supuesta cobardía o deslealtad hacia el régimen.

Desde el inicio del conflicto, las violaciones y la violencia sexual se han extendido como táctica empleada por el régimen de Asad y las facciones rebeldes. Tanto mujeres como hombres se enfrentan a situaciones de violencia sexual en el conflicto sirio. Si bien las mujeres y las niñas a menudo soportan la carga mayor de este tipo de violencia, también han salido a la luz pruebas sustanciales del uso sistemático de la violencia sexual y la tortura contra hombres adultos y niños, especialmente en centros de internamiento sirios[3]. Para las mujeres y los hombres, tiende a invisibilizarse la violencia sexual, en parte dado el profundo estigma social de pronunciarse sobre ella, lo que dificulta la rendición de cuentas. En otras situaciones posconflicto se han utilizado métodos de justicia reparadora para exigir responsabilidades a los actores y promover la reconciliación a largo plazo. Si las estrategias de rendición de cuentas y reconciliación han de afianzarse en Siria, se deberán tener en cuenta estos factores.

Los refugiados LGTBIQ+ también se enfrentan a sus propias barreras para regresar. Muchos se han encontrado con unos niveles de persecución dentro y fuera de Siria superiores a los que experimentaban antes del conflicto. Con arreglo a la legislación siria, la participación en actividades relacionada con la homosexualidad conlleva una pena de hasta tres años de cárcel. Los refugiados LGTBIQ+ también suelen tener mayores dificultades para encontrar trabajo y acceder a redes familiares y sociales —tanto dentro como fuera de sus regiones de origen— que puedan ayudarles a que su integración o su retorno sean sostenibles. Aunque Jordania es un país relativamente liberal, se ha descubierto que los refugiados LGTBIQ+ se enfrentan a riesgos de protección, discriminación y abusos[4]. Entender estos contextos es fundamental a la hora de planificar las estrategias de retorno voluntario si la intención es que este se convierta en una solución duradera.

La cultura de la desorientación

El éxito de un proyecto formal de retorno depende de que los refugiados dispongan de información completa sobre la situación; sin embargo, los rumores dificultan que muchos de ellos puedan tomar decisiones informadas. Plataformas de redes sociales como WhatsApp y Facebook han permitido que la población esté informada sobre la magnitud de la devastación a través de familiares, amigos y vecinos. Sin embargo, el constante aluvión de información sobre la situación, y sobre si es o no aconsejable regresar, provocó que muchos refugiados me comentaran que se sentían muy desorientados.

Un ejemplo de ello fue cuando, en abril de 2018, el gobierno de Asad aprobó una ley de propiedad, la Ley número 10, que concedía a los residentes unos escasos 30 días para demostrar su titularidad en las denominadas zonas de remodelación, que en su mayoría se encuentran en las zonas del país que se rebelaron contra el gobierno sirio después de 2011. La ley permite a las autoridades confiscar la propiedad sin compensar a los propietarios ni darles la oportunidad de apelar. En noviembre de 2018, tras la presión internacional, el presidente Asad emitió una enmienda por la que se concedía a los sirios el plazo de un año para regresar y reclamar sus propiedades. Sin embargo, muchos refugiados no tienen claro cuál es el plazo real y la mayoría carece de documentos de identificación o de registro de la propiedad para poder presentar siquiera las solicitudes. Otra afirmación generalizada —hasta ahora infundada— es que dicha Ley número 10 permite a las empresas iraníes (con intereses financieros en Siria) expropiar las propiedades de los sirios que se encuentren en el exilio.

Estas caóticas condiciones, junto con los frecuentes cambios de políticas y la circulación de información falsa en las redes sociales, les provocan altos niveles de ansiedad e incertidumbre. Es esta un área en la que las organizaciones humanitarias están centrado sus esfuerzos y trabajando por llevar a cabo un seguimiento de la situación de retorno, reducir las brechas informativas y mediar para alentar al régimen de Asad a que tenga en cuenta estas preocupaciones. El Comité Internacional de Rescate, por ejemplo, ha estado formando a su personal en cuestiones como la escucha social y la gestión de medios de comunicación sociales para poder identificar la información errónea y respaldar una comunicación efectiva para que los refugiados planifiquen su retorno.

Al mismo tiempo, las organizaciones humanitarias se enfrentan a retos a la hora de implementar los retornos voluntarios oficiales. Las agencias de las Naciones Unidas y algunos actores de la sociedad civil están en activo en Siria pero, aunque la frontera esté abierta, las organizaciones que proveen servicios que ya existían a los refugiados sirios en Jordania no están autorizadas a prestar servicios transfronterizos actualmente. En su lugar, es probable que los trabajadores humanitarios estén negociando con el régimen de Asad o con actores de origen ruso pertenecientes al sector privado para que les faciliten ayuda a la repatriación.

La política del retorno “voluntario”

El Gobierno de Jordania ha recibido una gran partida de ayuda financiera por parte de la Unión Europea desde que comenzaran los desplazamientos a gran escala a este país. Los profesionales humanitarios con los que tuve la oportunidad de conversar aseguran que la razón por la que los funcionarios jordanos no han hecho presión públicamente en pos de un proyecto de retorno es, en parte, consecuencia de que esta ayuda financiera esté ligada a la integración de los refugiados en Jordania. Sin embargo, con el conflicto aún vigente, Jordania se ha encontrado con el hastío de los donantes y ha visto cómo las inversiones internacionales han empezado a caer. Con estas posibles amenazas a la financiación, muchos profesionales humanitarios se están preguntando si el Gobierno de Jordania debería de hecho plantearse fomentar los retornos.

El Líbano, como otros importantes Estados de acogida de la región, ya ha dado pasos discutibles para promover los retornos de los refugiados sirios. En un esfuerzo por animarlos a repatriarse, en todo el país han aparecido anuncios móviles en los que se explican la logística y los beneficios de regresar. Entretanto, una cultura generalmente opresora hacia los refugiados hace que resulte casi imposible para ellos mantener unas condiciones de vida decentes. En estas circunstancias, resulta complicado tomar en serio la idea de que el retorno esté siendo voluntario. Estos acontecimientos han desencadenado nuevos debates en Jordania con respecto a su propia población de refugiados sirios. Las actitudes sociales hacia ellos han cambiado a lo largo de los años, a medida que la población siria se ha sumado a las importantes cifras de palestinos, iraquíes, yemeníes, sudaneses y somalíes que ya existían provenientes de desplazamientos anteriores. En el discurso público, a menudo se utiliza a los sirios como cabeza de turco por la escasez de recursos y, como consecuencia, es cada vez más frecuente que sean objeto de reproche y desconfianza. La reapertura de la frontera ha coincidido con la sensación generalizada entre la opinión pública jordana de que los sirios llevan en Jordania mucho más tiempo del que se les ha acogido.

Mientras persista el interrogante sobre el retorno en condiciones de seguridad, los países de acogida no deberían aportar factores de expulsión para incentivar el retorno de los refugiados, sino más bien continuar con las medidas de integración local, como por ejemplo, propiciando la educación, el empleo y la formación. Los sectores en los que los refugiados sirios en Jordania pueden obtener empleo ya han sido cuestionados como parte del tan criticado Pacto UE-Jordania. Al no incluir profesiones de vital importancia como la medicina, la enseñanza y la ingeniería, el Pacto UE-Jordania impide que los refugiados adquieran experiencia en dichos sectores, que son fundamentales para la reconstrucción de Siria. Las ONG locales e internacionales están haciendo una impresionante labor al ofrecer plazas universitarias y formación profesional a los jóvenes, y los refugiados sirios han abierto numerosos negocios innovadores en Jordania. Por ejemplo, una empresaria siria ayuda a más de 100 compatriotas suyas mediante contratos flexibles (algunas trabajan desde casa) para producir jabones y textiles a través de una cooperativa de mujeres refugiadas; vende los productos después por Internet o a través de las redes sociales. Sin embargo, muchos refugiados sirios siguen viendo sus movimientos restringidos y sus ambiciones laborales limitadas.

Es en interés de todos que los países de acogida hagan que los refugiados se sientan bienvenidos. Especialmente para que los proyectos de retorno y de integración tengan éxito, se deben escuchar las opiniones de los refugiados. Las políticas restrictivas, innecesariamente complejas y xenófobas que limitan la circulación de los refugiados,  su acceso al trabajo y a los servicios básicos podrían provocar retornos espontáneos a un país que no es seguro. Al garantizar que los refugiados puedan regresar en condiciones de seguridad a su país de acogida, o trasladarse a otro país si así lo desean, más personas participarán en un retorno sostenible y voluntario, y ayudarán a crear una Siria para el futuro.

 

Julia Morris morrisjc@uncw.edu
Profesora adjunta de Estudios Internacionales, Universidad de Carolina del Norte en Wilmington

https://uncw.edu/int/morrisj.html

 

[1] Al-Khalidi S “Jordan’s PM appeals for more aid as most Syrian refugees set to stay”, Reuters 20 de febrero de 2019 https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1Q9290

[2] Basado en el trabajo de campo etnográfico realizado en febrero y marzo de 2019 en Jordania con refugiados sirios y con ONG jordanas e internacionales. Morris J (de próxima publicación) “Manufacturing Landscapes: The Politics and Practices of the Jordan Refugee Compact”, Refuge

[3] Chynoweth S (2017) “We Keep it in Our Heart” – Sexual Violence Against Men and Boys in the Syria Crisis, ACNUR www.refworld.org/docid/5a128e814.html

[4] ACNUR (2017) Building Capacity for Protection of LGBTI Persons of Concern – Jordan www.refworld.org/docid/5a38dfe64.html

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