El 15 de noviembre de 2018, varios autobuses hicieron parada en el campo de refugiados rohinyá de Unchiprang en Bangladés como parte de la organización de un proceso de repatriación tras un acuerdo entre los gobiernos de Bangladés y Myanmar. Los autobuses permanecieron en los campamentos todo el día, pero se marcharon vacíos. Ni un solo refugiado rohinyá quiso regresar voluntariamente a Myanmar. Bangladés y los funcionarios de las Naciones Unidas calificaron este ejercicio como una demostración exitosa de su compromiso con el retorno voluntario, a pesar de que resultó en un aumento de los problemas de salud mental en una población ya muy traumatizada.
Al mismo tiempo, en Sudán del Sur se estaba intensificando la presión política en favor del regreso de los desplazados internos, a pesar de la profunda preocupación por la inseguridad y la capacidad de prestar servicios en condiciones de seguridad en las zonas propuestas para el regreso. La gravedad de estas preocupaciones se puso de manifiesto a finales de noviembre, cuando 125 mujeres, muchas de ellas desplazadas internas, fueron agredidas sexualmente durante un período de tan solo 10 días cuando se dirigían a recoger suministros o a los puntos de distribución de alimentos cerca de la localidad de Bentiu.
Estos son solo dos de entre un creciente número de países en los que está aumentando la presión política para lograr retornos forzados o prematuros. Dinámicas similares entran en juego en Afganistán, la República Centroafricana, Etiopía, Irak, Siria y Venezuela. Con la reducción del espacio para las soluciones tradicionales al desplazamiento (reasentamiento, integración y repatriación voluntaria), cada vez es mayor el riesgo de que se produzcan retornos forzosos en los no se cumpla con los estándares internacionales de seguridad, voluntariedad y dignidad.
Los refugiados rohinyá y los desplazados internos sursudaneses
Cerca de un millón de refugiados rohinyá viven actualmente en campamentos de Bangladés y, desde agosto de 2017, la gran mayoría se han visto obligados a huir de una campaña de limpieza étnica en Myanmar. Varios cientos de miles de rohinyá permanecen en el estado de Rakáin, en Myanmar, con derechos muy restringidos y un acceso limitado a la ayuda exterior. Entre ellos, más de 120 000 desplazados internos rohinyá llevan desde 2012 viviendo en campamentos de desplazados en el estado de Rakáin en lo que Naciones Unidas ha descrito como unas condiciones deplorables. Si bien cabe señalar que en la fecha en la que redactamos este artículo el Gobierno de Bangladés no ha obligado a ningún rohinyá a regresar a Myanmar, empieza a surgir presión para que lo hagan. Los acontecimientos del 15 de noviembre —y un ejercicio similar con resultados parecidos que tuvo lugar en agosto de 2019— mostraron la voluntad de llevar los retornos al límite, sin tener en cuenta sus perjuicios para la población.
En Sudán del Sur, se está ejerciendo una presión similar para que se produzcan retornos, en especial de los casi 200 000 desplazados internos que viven en los emplazamientos de protección de civiles (PoC, por sus siglas en inglés) que se encuentran bajo supervisión de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS, por sus siglas en inglés). Los emplazamientos de PoC han sido calificados a la vez como la mejor y la peor idea de la ONU en Sudán del Sur. Por un lado, no hay duda de que salvaron decenas de miles de vidas cuando las fuerzas de la paz de las Naciones Unidas refugiaron a los civiles que se estaban exiliando en medio de un clima de violencia. Por otro, los emplazamientos de PoC solo estaban destinados a proporcionarles refugio durante unos pocos días. Más de cinco años después, están plagados de delincuencia, los servicios están al límite y la población se encuentra en gran medida ociosa y frustrada. El acuerdo de paz firmado en septiembre de 2018 redujo la violencia en Sudán del Sur y aumentó los debates sobre los retornos de los que se encontraban en los emplazamientos de PoC y también de los restantes 1,5 millones de desplazados internos, además de otros 2,3 millones de refugiados sursudaneses que se han exiliado a los países vecinos. En los emplazamientos de PoC los debates han pasado de la cautela a —como dijo un observador al autor— considerar como una “realidad aceptada” la intensificación de los esfuerzos para cerrarlos[1].
Obstáculos comunes al retorno
La constante inseguridad: Las entrevistas con refugiados rohinyá recién llegados a Bangladés en febrero y abril de 2019 pusieron de manifiesto el acoso constante, las detenciones arbitrarias y los trabajos forzados en Myanmar, y revelaron que su gobierno no solo no está creando las condiciones propicias para el regreso, sino que está aplicando activamente políticas que hacen aún más peligrosa su situación. Entre ellas se incluyen restricciones al libre tránsito, la limitación del acceso a la ayuda y la construcción sobre antiguos poblados rohinyá. Se han desencadenado enfrentamientos entre un grupo armado que no es de etnia rohinyá y el ejército de Myanmar en el norte del estado de Rakáin, que es el lugar al que los refugiados rohinyá probablemente regresarían[2]. Del mismo modo, una de las razones que los sursudaneses que se encuentran en emplazamientos de PoC citan con mayor frecuencia para no regresar es la constante falta de seguridad. Sigue habiendo focos de inestabilidad y muchas personas que se encuentran en los emplazamientos de PoC temen ser objeto de ataques por razones étnicas si intentan regresar a las zonas de las que se vieron forzadas a exiliarse. Por último, la violencia sexual sigue siendo un peligro generalizado en Sudán del Sur.
La destrucción y la confiscación de hogares y propiedades: Incluso si se establece una seguridad relativa, las personas desplazadas a menudo no tienen un hogar al que regresar. Cerca de 400 poblados rohinyá fueron dañados o destruidos durante las “operaciones de limpieza” llevadas a cabo por el ejército. Muchas de las viviendas, mezquitas y otros edificios que quedaban han sido demolidos y se ha trasladado a personas que no son rohinyá a los poblados que antes ocupaba la gente de esa etnia[3]. Asimismo, en Sudán del Sur muchas casas fueron destruidas durante los combates y las preocupaciones en torno a la vivienda, la tierra y la propiedad se encuentran entre las barreras más comunes para su retorno de entre todas las citadas por los desplazados internos. Como explicó uno de ellos: «Si me dijeran que me fuera a casa ahora, no podría. Mi casa se derrumbó [después de sufrir daños] y la han saqueado». Al igual que en Myanmar, en algunos casos se da un componente étnico, y los hogares abandonados por minorías étnicas en Malakal y Juba fueron ocupados por miembros de la tribu dominante, la dinka.
La ausencia de servicios y oportunidades laborales: Un tercer obstáculo común para el retorno es la ausencia de servicios y oportunidades laborales en las zonas propuestas. Dado que los rohinyá que se encuentran en el estado de Rakáin (especialmente en el norte) todavía se enfrentan a fuertes restricciones al libre tránsito y al acceso a la ayuda, los refugiados recién llegados a Bangladés desde Myanmar aseguran que no han podido salir de sus poblados para acceder a los campos, pescar en los ríos o ir a los mercados más cercanos. Es comprensible que los rohinyá de Bangladés se pregunten si cuando regresen sus vidas se van a diferenciar en algo de las de los rohinyá que han estado viviendo en campamentos en el estado de Rakáin. El Banco Mundial ha propuesto un proyecto de desarrollo de US$100 millones en el estado de Rakáin para aumentar las oportunidades laborales, pero al financiar el desarrollo sin haber abordado la constante discriminación que sufren y sus restricciones de movimiento, se corre el riesgo de reforzar las consecuencias de la limpieza étnica.
En Sudán del Sur, una ausencia similar de servicios y oportunidades laborales en los lugares de retorno está impidiendo regresar a sus hogares a las personas que viven en los emplazamientos de PoC. La UNMISS y los actores humanitarios han intentado trasladar los servicios fuera de las instalaciones de los emplazamientos de PoC en Bentiu y Wau con resultados dispares. Esos traslados solo tendrán éxito si se combinan con una mayor seguridad en la zona. Por último, al igual que en el estado de Rakáin, los esfuerzos por proporcionar servicios y oportunidades laborales en Sudán del Sur deben realizarse con precaución para evitar que se refuercen los cambios en la población producidos como consecuencia de la violencia étnica y evitar que se siga privando del derecho al voto a las minorías.
La no inclusión y la falta de información de los potenciales retornados: Es demasiado frecuente que los planes de retorno de los gobiernos y de las Naciones Unidas carezcan de transparencia y obvien a las personas más afectadas. Este hecho pone en tela de juicio si los retornos son verdaderamente voluntarios y cuestiona seriamente el imperativo de “no hacer daño”. Los acontecimientos del 15 de noviembre de 2018 así lo pusieron de manifiesto. Al no saber quiénes estaban incluidos en el listado de retornados rohinyá aceptados y al carecer de los detalles acerca de cómo se producirían los retornos, el ejercicio provocó una situación de pánico generalizado en los campamentos e incluso intentos de suicidio. Lejos de ser una demostración exitosa del compromiso con el retorno voluntario, supuso una peligrosa advertencia de las consecuencias de no contar la población refugiada y no informarla. En términos más generales, a los rohinyá no se les ha incluido en los acuerdos de repatriación entre Bangladés, Myanmar y las Naciones Unidas, ni se ha hecho público el contenido de dichos acuerdos.
En Sudán del Sur, se han hecho esfuerzos por abordar la barrera de la falta de información, pero la ausencia de transparencia aún es un obstáculo. La UNMISS llevó a cabo con éxito algunas visitas de prospección y ha ayudado a facilitar vuelos a los lugares de retorno de algunos desplazados internos, pero falta información sobre el cierre potencial de los emplazamientos de PoC y de los campamentos de desplazados. Los trabajadores humanitarios que se encuentran en Sudán del Sur están más preocupados, entre otras cosas, por el uso incoherente de las encuestas, que no haya suficientes evaluaciones de seguridad y sensibilidad al conflicto; así como la carencia general de intercambios de información entre la UNMISS y los actores humanitarios que prestan servicios en los emplazamientos de PoC. La actualización del mandato de la UNMISS, en marzo de 2019, incluyó un llamamiento a estrechar la colaboración con las ONG sobre el futuro de los emplazamientos de PoC, pero aún está por ver cómo se implementará.
Las causas profundas: A riesgo de generalizar en exceso, una última traba clave para el retorno es la incapacidad de abordar las causas profundas. En el caso de los rohinyá, esto incluye la discriminación sistemática y la denegación fundamental de la ciudadanía y los derechos básicos, lo que los convierte en apátridas de facto. En Sudán del Sur, una cleptocracia gobernante ha avivado las divisiones étnicas para beneficio personal, lo que exacerba el subdesarrollo. En ambos casos, la impunidad de las atrocidades masivas está frenando los retornos seguros y voluntarios. Si no se reconocen y abordan estas causas profundas, se frustrarán los esfuerzos por superar cualquiera de los obstáculos señalados anteriormente.
Recomendaciones
Un primer paso es reconocer la falta de seguridad, si existe; y adoptar medidas concretas para abordarla antes de que den comienzo los retornos. Debe garantizarse la seguridad de los retornos, ya sea mediante la mejora de las evaluaciones de la seguridad y de la sensibilidad al conflicto o a través de un compromiso más estrecho con las comunidades desplazadas, incluso mediante un uso más amplio de las visitas a terreno.
El problema común que plantean los hogares que han sido destruidos u ocupados podría abordarse mejor si se aprovecharan las investigaciones y prácticas más extendidas que existen acerca de la vivienda, la tierra y la propiedad; y se aplicaran al contexto específico de los retornos. Además, habría que garantizar que se creen leyes sobre la vivienda, la tierra y la propiedad, y tribunales especializados en la materia o incluidos como parte de los acuerdos de paz.
La prestación de servicios y la ayuda a las oportunidades laborales en las zonas de retorno también serán importantes en el proceso para garantizar un retorno sostenible, pero esos esfuerzos deben respaldarse con evaluaciones sobre la inseguridad y la discriminación en ese momento. La prestación de servicios sin seguridad pone vidas en peligro y el desarrollo sin abordar el distanciamiento étnico y las restricciones a la libre circulación corre el riesgo de avivar las tensiones sociales y reforzar la discriminación que, en primera instancia, conducen a la violencia y al desplazamiento.
Por último, ningún retorno puede ser verdaderamente voluntario a menos que los potenciales retornados tengan la suficiente información. Incluso cuando finalmente no se producen retornos forzosos, la falta de transparencia del proceso puede ser muy perjudicial. Se deberían hacer esfuerzos para garantizar que los planes de retorno sean transparentes y que los potenciales retornados se incluyan en su planificación.
Si no se presta atención a las trabas al retorno y a la forma de superarlas, así como a las causas profundas del desplazamiento, no solo se corre el riesgo de perjudicar a las poblaciones desplazadas forzosas, sino también de crear las condiciones necesarias para que se produzcan más desplazamientos y más sufrimiento.
Daniel P Sullivan daniel@refugeesinternational.org
Defensor sénior de Derechos Humanos, Refugees International www.refugeesinternational.org
[1] Sullivan D (2018) Displaced Nation: The Dangerous Implications of Rushed Returns in South Sudan, Refugees International www.refugeesinternational.org/reports/2018/11/29/displaced-nation-the-dangerous-implications-of-rushed-returns-in-south-sudan
[2] Sullivan D (2019) Abuse or Exile: Myanmar’s Ongoing Persecution of the Rohingya, Refugees International www.refugeesinternational.org/reports/2019/4/24/abuse-or-exile-myanmars-ongoing-persecution-of-the-rohingya
[3] McPherson P, Lewis S, Aung T T, Naing S y Siddiqui Z “Erasing the Rohingya: Point of No Return”, Reuters, 18 de diciembre de 2018 www.reuters.com/investigates/special-report/myanmar-rohingya-return/