Las directrices internacionales sobre soluciones duraderas al desplazamiento destacan la necesidad de proteger los derechos de los desplazados internos con independencia de dónde se encuentren. Esto incluye su derecho a regresar a sus lugares de origen a partir de una elección voluntaria informada y en condiciones de seguridad y dignidad. Si bien este encuadre es importante, a menudo puede obviar los derechos y necesidades de quienes ya han retornado y/o de quienes se habían quedado, especialmente si los retornos se presentan como la única opción para resolver el problema del desplazamiento.
Este es el caso de Irak, donde el Gobierno y las partes interesadas internacionales han antepuesto este resultado como la clave del éxito tras el conflicto entre el Gobierno iraquí y el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS, por sus siglas en inglés). Este tipo de encuadre también puede obviar el hecho de que el retorno es un proceso continuo y, como cualquier otra solución duradera, puede tardar años, si no décadas, en completarse. Por último, también puede pasar por alto el hecho de que volver a la situación anterior en escenarios posconflicto es imposible en la práctica, además de que tampoco es una solución en cuanto a derechos se refiere, puesto que el contexto probablemente fuese ya injusto antes del conflicto y en realidad, puede que haya contribuido al desplazamiento forzado inicial.
Si hay un lugar en el que esto está claro es en las comunidades de la mitad septentrional de la provincia de Nínive, en Irak. La zona, cuya estructura social es tribal, ya sufría en gran medida el desplazamiento forzado, las malas infraestructuras y prestaciones de servicios públicos, así como el abandono general en cuanto a desarrollo. Rodeando la ciudad de Mosul, en un territorio rural y étnicamente diverso que se disputan las autoridades federales iraquíes y las kurdas, el norte de Nínive se llevó la peor parte durante los ataques del ISIS que tuvieron lugar en 2014 y que en algunos casos acabaron con vecinos y pueblos enteros enfrentados entre sí. Tanto la llegada del ISIS como su expulsión en 2015 causaron nuevas oleadas de desplazamientos y retornos. Siguen existiendo tensiones y divisiones entre los colectivos que se quedaron y los que regresaron tras ser desplazados durante un breve período de tiempo, así como entre estas poblaciones y los que todavía se encuentran desplazados.
Aunque poco a poco están teniendo lugar retornos a la zona, las disputas entre las autoridades iraquíes y kurdas y la ausencia de una política oficial basada en soluciones duraderas —aparte de insistir en los retornos— han dejado a estas comunidades en un punto muerto en lo que respecta a quién puede regresar a casa y quién no. Las actividades sobre el terreno que se llevaron a cabo a principios de 2017 plantean cuestiones clave que las autoridades iraquíes y las partes interesadas internacionales tendrán que tener en cuenta si siguen aplicando una política centrada en los retornos.
Retornos a falta de una estrategia
Si bien existen normativas internacionales para proteger los derechos de las personas desplazadas internas, es importante señalar que los que ya han retornado pueden tener particulares inquietudes —y quejas— sobre protección en contra de los que todavía no han retornado. Este es el caso en el norte de Nínive y en el grueso de las zonas de Irak afectadas por el conflicto con el ISIS, donde muchos colectivos han etiquetado como afiliados a grupo armado, de una u otra manera, a quienes siguen desplazados. Tanto repatriados como las fuerzas de seguridad que expulsaron al grupo armado han perpetrado actos de represalia y venganza contra aquellos a quienes se considera afiliados al ISIS y sus propiedades. Una política que da prioridad a los retornos sin tener en cuenta los agravios —legítimos o no— contra los desplazados por parte de quienes tendrían que darles la bienvenida, junto con la incertidumbre del proceso en general, abre la puerta a nuevos conflictos. Además, si no hay medidas establecidas para garantizar unos procesos de arbitraje y una restitución o compensación adecuada, el proceso de retorno puede exacerbar las reclamaciones concurrentes sobre los derechos de propiedad de tierras.
“Una de las cosas importantes que el Gobierno tiene que hacer para traer la paz es evitar que los árabes vuelvan a vivir en nuestras zonas, porque el ISIS llegó aquí por su culpa; nos traicionaron”. (Desplazado interno yazidí).
“Si los demás no nos quieren de vuelta, bueno, entonces el Gobierno tendrá que arbitrar y decidir. Nosotros queremos regresar”. (Desplazado interno árabe suní).
Por último, es fundamental señalar que, incluso en las zonas de orientación tribal, donde las leyes oficiales están por detrás del arbitraje tribal, las divisiones en el tejido social son ahora demasiado grandes como para que un proceso tribal por sí solo pueda cerrarlas. Exigir la participación del Gobierno federal y del sector judicial puede allanar el camino a una mayor cooperación con las tribus, eliminando poco a poco los sistemas judiciales paralelos.
“El Gobierno debería encontrar soluciones a estos problemas con la ayuda de líderes tribales y personas con estudios. ¿Por qué el Gobierno? Porque el Gobierno dispone de más mecanismos de resolución de problemas que la gente común... La confianza entre las personas debe prevalecer”. (Retornado yazidí).
El Gobierno Federal de Irak y sus partes interesadas deben ahora priorizar el desarrollo de un plan operacional para el proceso de retorno que vaya más allá de las medidas dispuestas para ese fin y las variables establecidas actualmente. La forma en que lo hagan importa tanto si retornan o como si no.
Recomendaciones
Una estrategia de retorno debería centrarse en entender todas las necesidades de las víctimas para abordar el sufrimiento (pasado y presente), teniendo en cuenta a todos los autores de abusos. Las tribus y comunidades están pidiendo la intervención de entes oficiales para ayudarles a resolver los problemas relacionados con el retorno y esta es una buena oportunidad para conectar los procesos tribales y oficiales. Si bien la reciente resolución de Irak y el Reino Unido para establecer mecanismos de rendición de cuentas por los delitos del ISIS es un buen punto de partida, cabe señalar que este grupo no ha sido el único autor de los abusos que se cometieron en este contexto y que las denuncias son muy diversas. También es necesario reconocer que los procedimientos penales de por sí no son suficientes y que deben tenerse en cuenta también otros enfoques como la reparación, la búsqueda de la verdad y la reforma institucional.
También debería establecerse un proceso transparente y claro para examinar y evaluar a las personas que regresan para que las comunidades, del bando que sean, entiendan los criterios seguidos para que los desplazados internos puedan regresar a sus hogares.
Relacionado con lo anterior, deberían establecerse unos criterios claros de lo que se considera afiliación al ISIS —y del castigo a imponer según el grado de afiliación— que deben ser aclarados y compartidos con las comunidades. Esto ayudaría a que estas dejaran de etiquetar o castigar por su cuenta a los retornados.
Por último y muy importante, los programas para establecer la cohesión social y la consolidación de la paz que en la actualidad se están llevando a cabo con las comunidades que ya han regresado deben ampliarse para incluir a quienes siguen en situación de desplazamiento antes de que se produzcan nuevos retornos. Se trata de preparar a ambos colectivos para que vuelvan a convivir y de ayudar a configurar unos procesos que mitiguen el conflicto y las tensiones, al mismo tiempo que se abordan los agravios presentes y pasados.
Nadia Siddiqui nadia@social-inquiry.org
Investigadora, Social Inquiry
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