Gambia: ¿lugar de asilo para los refugiados?

Aunque normalmente no pensemos en Gambia como un refugio para proteger a los refugiados, lo cierto es que este país acoge a una población bastante extensa y cuenta con sofisticados marcos jurídicos y mecanismos de protección. No obstante, no debemos subestimar el contexto político de esta protección para los refugiados.

En los años noventa, varios miles de refugiados que huían de la guerra civil en Liberia y Sierra Leona buscaron protección en el pequeño país de Gambia. Sin embargo, la mayoría de refugiados en este país proceden de la vecina región de Casamanza, en Senegal, que vive un conflicto de baja intensidad por la independencia desde la década de los 80. Durante muchos años, estos refugiados iban y venían entre Senegal y Gambia en función del estado en que se encontrara el conflicto, pero en 2006 muchos se establecieron en este último país y por primera vez se emitieron documentos de identidad para refugiados.

Gambia dispone de un sólido marco jurídico para quienes buscan protección. En 2008, al amparo de su Ley sobre Refugiados[1], se creó la Comisión de Gambia para los Refugiados con el fin de coordinar todos los asuntos relacionados con los refugiados en el país. Un representante de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, forma parte de la directiva en calidad de asesor.

En su definición de refugiado, la Ley sobre Refugiados refleja las disposiciones de la Convención de 1969 de la Organización de la Unidad Africana (OUA) por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África. También contempla el reconocimiento prima facie a personas que podrían pertenecer a un grupo o nacionalidad concreta, así como la posibilidad de obtener la condición de refugiado cuando se le haya reconocido dicha condición a otro miembro de la familia. Otorga a los refugiados el derecho a “participar en el empleo asalariado o el autoempleo”, libertad de circulación y “acceso a servicios sociales”.

Autoadaptación e integración

A principios de la década de 2000 había cinco campamentos de refugiados en Gambia. La condición de refugiado prima facie que se concedía a los sierraleoneses y liberianos llegó a su fin con el cese de los acuerdos tripartitos entre ACNUR, Gambia y los países de origen en 2008 y 2012, respectivamente. Con ello, también terminaba el derecho a la protección y asistencia de estos refugiados. En cualquier caso, en 2005 ya estaban cerrados todos los campamentos debido a que antes muchos se habían repatriado voluntariamente o habían decidido vivir fuera de los campamentos, en zonas urbanas. Además, ACNUR había llevado a cabo una iniciativa de integración local a lo largo de África Occidental dirigida a los refugiados sierraleoneses y liberianos[2].

La nueva oleada que llegó en 2006 desde la región de Casamanza no fue asentada en campamentos de refugiados por considerar difícil proporcionarles una protección adecuada, dado que la proximidad de los antiguos campamentos a la frontera podría alentar las incursiones de los rebeldes. Por otro lado, la propuesta de construir nuevos campamentos en la costa norte del río Gambia no gustaba a los refugiados porque significaba estar demasiado lejos de sus propias comunidades. Así que los refugiados se autoestablecieron de inmediato y la mayoría de los refugiados casamanceses aún viven en un conglomerado de 86 poblados fronterizos. Debido a las similitudes culturales y unas estrategias de subsistencia comunes, los refugiados, en general, se han integrado bien en las comunidades de acogida.

No obstante, la propia pobreza de estas comunidades y su dependencia de la agricultura de subsistencia ha llevado a las organizaciones no gubernamentales (ONG), conjuntamente con ACNUR, a subdividir la responsabilidad de proporcionar ayuda a los refugiados y a las comunidades de acogida al mismo tiempo, aunque algunas medidas —como pozos y jardines comunitarios— estén dirigidas a ambas comunidades. Este esfuerzo de ofrecer asistencia a ambas comunidades contribuyó a evitar conflictos en gran medida. Desde el año 2010 la provisión de alimentos y de ayuda material a ambas comunidades se ha visto reducida. A día de hoy, quedan algunas oportunidades limitadas, como programas de formación, tanto para la población refugiada como para la de acogida, en la actualidad dirigidas en gran medida por la ONG Gambia Food and Nutrition Association (GAFNA).

Los jefes de los poblados, llamados alkalos, inscriben a los refugiados y actúan como enlace entre estos y las instituciones de ayuda. Los refugiados también reciben una parcela de tierra para vivir y cultivar y, ahora, GAFNA está trabajando para traspasar la titularidad de estas propiedades. Asimismo pueden participar en las estructuras políticas de su poblado como miembros influyentes de su comunidad, aunque no pueden llegar a ser alkalos (que, en cualquier caso, es un privilegio predominantemente masculino).

En la actualidad se sigue haciendo énfasis en la integración de los refugiados —especialmente los que proceden de Senegal— y las negociaciones sobre sus derechos se siguen centrando en suavizar los estrictos criterios de nacionalización, para lo cual se requiere 15 años de residencia. ACNUR ha tenido éxito en la negociación con el Gobierno para que los documentos de identidad para refugiados constituyan prueba de residencia. No obstante, a los casamanceses no les interesa renunciar a la nacionalidad senegalesa. Comportamiento reflejo del de liberianos y sierraleoneses, quienes en su mayoría rechazaron la oferta de nacionalizarse y prefirieron conservar su propia nacionalidad[3].

Derechos negociados

Aunque la Ley sobre Refugiados les permite trabajar y acceder a servicios de carácter social, estos derechos son vagos y, por lo tanto, están abiertos a interpretaciones incongruentes. Por poner un ejemplo, oficialmente los refugiados pueden trabajar y muchos se autoemplean como sastres, pequeños comerciantes, albañiles o, incluso, como profesores, pero existen numerosas barreras técnicas y comunicativas tanto para ellos como para sus empleadores. Además necesitan solicitar un permiso de trabajo de “extranjeros” para poder trabajar de forma oficial. Aunque quienes les dan trabajo están exentos de pagar el impuesto para expatriados por contratar a trabajadores no gambianos (que puede ser muy caro), los informes sugieren que los empleadores o no lo saben, o bien lo ignoran como excusa para no contratar a refugiados[4].

Las políticas sobre el acceso de los refugiados a la atención sanitaria y la educación se renegocian constantemente. Bajo el anterior Gobierno de Yaya Jammeh (retirado en enero de 2017 tras perder las elecciones el mes anterior), la necesidad de renegociar estos asuntos se debía a los frecuentes cambios de personal y ahora hay que volver a abordarlos con el nuevo Gobierno. Por ejemplo, ACNUR firmó un acuerdo con el Ministerio de Sanidad del anterior Gobierno por el cual los refugiados pagarían un impuesto local para acceder a la atención sanitaria. Según el actual Comisionado para los Refugiados, hay que volver a negociar con el nuevo Ministerio para garantizar que dicho acuerdo siga en pie.

Los refugiados: ¿peones de los políticos?
El expresidente Jammeh fue generoso con los refugiados, pero por motivos equivocados. Muchos le acusan de haber apoyado (indirectamente) a los combatientes independentistas casamanceses en Senegal para afianzar su apoyo político debido a que pertenecen a su mismo grupo étnico, los diola (o jola), y su aldea natal está cerca de la frontera. Se le llegó a acusar incluso de distribuir certificados de naturalización y tarjetas censales entre este grupo de refugiados para ganar popularidad.

Ahora que Jammeh se ha ido, también lo ha hecho su protección hacia la comunidad casamancesa. Hasta ahora no se ha observado ninguna respuesta violenta generalizada hacia los refugiados diola ni hacia los casamanceses, pero puede que se produzca. Si se reaviva el conflicto, es posible que los refugiados casamanceses que viven en Gambia vuelvan a convertirse en peones políticos, ya que es de esperar que las actuaciones del nuevo Gobierno estén más alineadas con las del Gobierno senegalés.

Aunque el apoyo de Jammeh supuestamente tuviera una motivación política, también le dio legitimidad como protector de los pueblos vulnerables. Falta por ver hasta qué punto el nuevo Gobierno seguirá en esta misma línea. Puede que Gambia sea un país con unos mecanismos de protección jurídica para los refugiados relativamente avanzados y formas de autoasentamiento bien desarrolladas, pero no debemos subestimar el contexto político en el que se enmarca la protección de los refugiados.

Franzisca Zanker franzisca.zanker@abi.uni-freiburg.de

Directora del (Forced) Migration Research Cluster, Arnold Bergstraesser Institute www.arnold-bergstraesser.de/en

 

[2] Bajo esta iniciativa (que tuvo lugar en Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona) se promovieron los beneficios de la integración local tanto para la comunidad de acogida como para los refugiados y se animó a los refugiados a vivir y trabajar en países vecinos con arreglo a las disposiciones de la CEDEAO, entre las que se incluye una memoria sobre los refugiados. Mediante estas disposiciones se concede a los refugiados procedentes de los países miembros el derecho a la residencia, a establecerse y al trabajo en toda la región de la CEDEAO.

[3] Véase Boulton A (2009) “La integración local en África occidental”, Revista Migraciones Forzadas no. 33
https://www.fmreview.org/protracted/boulton

[4] Véase Hopkins G (2015) “Casamance Refugees in Urban Locations in The Gambia”, Koizumi K y Hoffstaedter G (Eds.) Urban Refugees: Challenges in Protection, Services and Policy, pp. 42–75.

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