En 2012 estalló en la comunidad la violencia entre la población musulmana y la budista en el estado de Rakáin. Los musulmanes –conocidos como “rohinyá”– se llevaron la peor parte del conflicto y siguen sufriendo las consecuencias. Entre las consiguientes “soluciones”, se ha separado activamente a las comunidades musulmana y budista y se han limitado de manera drástica los derechos de los primeros. Se estima que unas 140 000 personas, la mayoría musulmanas, siguen siendo desplazadas internas en campos o se encuentran atrapadas en el barrio de Aung Mingalar en la capital del estado de Rakáin, Sittwe. Sus vidas se han ido volviendo cada vez más frágiles, marginales e inseguras, por lo que muchos se han embarcado en botes desvencijados que llegan hasta el Golfo de Bengala en un esfuerzo por migrar. La vida para los budistas, que son mayoría en este estado, tampoco es un camino de rosas. El estado de Rakáin es el segundo más pobre de Myanmar. Su tasa de pobreza es del 78%, casi el doble de la media nacional.
El conflicto étnico parece haber llegado a un punto muerto pero, en general, reina la incertidumbre acerca de qué va a pasar ahora. Es esencial reducir las tensiones étnicas y prevenir los conflictos en la comunidad para garantizar un futuro mejor a todos los residentes del estado de Rakáin, y para ello hay que reducir las posibilidades de que los musulmanes vuelvan a desplazarse y acabar con su situación actual de desplazamiento interno.
Cuando iniciamos nuestras investigaciones en las comunidades pobres y urbanas en el norte del estado en 2015 esperábamos encontrarnos con dos comunidades que quisieran tener poco o nada que ver la una con la otra y cuyo respeto mutuo fuese escaso. Al contrario, nos encontramos gente dispuesta a dejar de lado sus perjuicios y su miedo hacia el otro colectivo.
A veces, entre los rakáin reinaba la ignorancia con respecto a la difícil situación de los musulmanes a la vez que hacían oídos sordos, tal vez de forma deliberada, ante su marginación sistemática, pero, lejos de tener una actitud agresiva contra ellos, la abrumadora mayoría rakáin rural y urbana manifestó un deseo moderado de vivir en paz con sus vecinos musulmanes y estaba dispuesta a aceptar que se les concedieran sus derechos humanos y unas mejores oportunidades de integrarse bajo las circunstancias adecuadas. Querían que se aplicaran las leyes con transparencia y sin corrupción, y que la comunidad musulmana demostrase su compromiso con las responsabilidades ciudadanas. No obstante, consideran que el reconocimiento oficial del nombre “rohinyá” es una reivindicación política a la que no pueden acceder.
El tono pacífico y conciliador de las respuestas de los rohinyá nos sorprendió. Los que estaban en campamentos de desplazados internos querían hablar primero de las injusticias específicas que habían sufrido pero después estaban dispuestos a hablar de soluciones pacíficas y de reintegración.
Un punto común del debate era que se debería considerar al Gobierno y al ejército como los principales responsables del conflicto de 2012 ya que permitieron, cuando no instigaron, el nacionalismo extremo que avivó la violencia. La opinión generalizada era que se utilizó el nacionalismo rakáin pero que en realidad no fue el detonante básico del conflicto. Cada una de las comunidades con las que hablamos manifestó su opinión de que fue más bien el Estado quien causó el problema y no los rakáin o los musulmanes.
Las comunidades rakáin y musulmanas insinuaron que el objetivo del Gobierno era distraerlos mientras el Estado se apropiaba del gas de la región y de los ingresos procedentes de otros recursos. Y, dado que ambos consideran que es el Gobierno quien ha desatado la crisis, también creen que podrá arreglar la situación cuando esté dispuesto a hacerlo. Tanto los rakáin como los musulmanes rohinyá compartían su optimismo acerca del potencial del nuevo Gobierno de Myanmar de abordar las quejas locales que venían de antaño.
Los musulmanes quieren regresar a sus antiguas vidas en la comunidad, quieren relaciones pacíficas con sus vecinos, y quieren que les sean reconocidos, garantizados y respetados sus derechos. Creen que el Gobierno podrá resolver fácilmente su situación si dispone de la voluntad política y la capacidad de liderazgo necesarias.
Ronan Lee ronan@deakin.edu.au
Ex diputado de Queensland y doctorando en la Universidad de Deakin
Anthony Ware anthony.ware@deakin.edu.au
Catedrático, Universidad de Deakin