Políticas de transición y soluciones duraderas para los pandits de Cachemira desplazados

La difícil situación de las personas procedentes del valle de Cachemira que siguen desplazadas desde 1989 tiene su origen en las consecuencias imprevistas de ciertas políticas del pasado. El paso desde las políticas “provisionales” que mantienen a las comunidades desplazadas intactas en “zonas seguras” hacia políticas que busquen garantizar soluciones a largo plazo presenta dilemas morales para los encargados de formularlas.

Las vidas de los desplazados por un conflicto se ven ampliamente afectadas por las políticas iniciales para abordar la crisis a medida que se desarrolla. Además del reto que supone tener que “empezar de nuevo”, los colectivos desplazados por el conflicto siguen estando marginados por las comunidades de acogida y por los encargados de la formulación de políticas, quienes les ponen la etiqueta de “migrantes”, “minorías” o “invitados”, entre otras, lo que difumina la causa real de su desplazamiento. A menudo las políticas formuladas para abordar la crisis por dicho desplazamiento son el resultado de ese etiquetado, como fue el caso de las que se elaboraron para abordar el desalojo forzoso en 1989 de los pandits de la zona del valle de Cachemira administrada por la India.

Los que se exiliaron suponen hoy aproximadamente 250 000 cachemires que son denominados por el Gobierno indio como “migrantes”. Además de estas cifras hay toda una generación de jóvenes que han nacido y se han educado fuera de Cachemira. La duración del desplazamiento de esta comunidad supera a día de hoy los 25 años, pese a que no se han modificado las políticas “provisionales” añadidas a las posturas iniciales de quienes las formularon, que estaban diseñadas en un principio para atender sus “necesidades transitorias”.

En cuanto a las comunidades desplazadas, el traslado improvisado supuso un reto para los desplazados procedentes del valle. El desalojo forzoso rompió familias, cortó lazos sociales y culturales, y dejó a muchos sin oportunidades de conseguir empleo, estudiar o casarse. Además del trauma social y psicosocial, la comunidad tuvo que enfrentarse a los riesgos asociados con el caluroso clima de Delhi y de Jammu, y con el hecho de tener que moverse en medio de unas sociedades más grandes, congestionadas y burocráticas.

Las mujeres de la comunidad fueron en su conjunto más resilientes y pudieron recobrar la compostura más rápido en comparación con los hombres. La traumática experiencia de los hombres se vio agravada por el hecho de tener que aceptar trabajos que consideraban humillantes pero necesarios para sobrevivir en las nuevas ciudades. Las mujeres, sin embargo, adquirieron nuevas aptitudes empresariales para ayudar a sus esposos a gestionar las tiendas “temporales” que se asignaron a esos desplazados. La metamorfosis de ser respetables comerciantes y pandits del valle a ser migrantes anónimos fue una experiencia insólita para todos los miembros de la comunidad, que se vio dificultada por las ambiguas políticas ad hoc para “migrantes” y “temporales”.

El marco político

Veinticinco años después, el Gobierno nacional sigue viendo este desplazamiento como el resultado de una “alteración temporal en el valle”, y se enroca en su postura de que “las familias deben regresar”. Como consecuencia, un amplio abanico de políticas oficiales ha evolucionado a lo largo de décadas para “atender las necesidades transitorias de los migrantes”[1], lo que contrasta con la propia visión de las familias de que esta crisis es irreversible y de que ha “dañado a su comunidad” de forma permanente, por lo que las tachan las políticas de transición de “inútiles”, “humillantes” e incluso “irrelevantes”[2]. A lo largo de los años las políticas han evolucionado en respuesta a las necesidades cambiantes de esta comunidad pero la cartera política ha dado lugar a resultados desiguales tanto para los beneficiarios como para los encargados de la formulación de políticas.

Clasificación oficial: La inclusión social y el acceso a los servicios para la comunidad cachemira han sido limitados debido a su categorización oficial como migrantes. Aunque reconocen la importancia de utilizar etiquetas como herramientas para identificar a los miembros legítimos de un colectivo con el propósito de distribuir raciones y beneficios, ese etiquetado ha provocado que las comunidades de acogida de Delhi y Jammu mantengan a la comunidad cachemira fuera de sus círculos sociales y económicos. Y como la etiqueta “migrante” sugiere una partida voluntaria del valle, ha permitido a los funcionarios evitar la confrontación con quienes perpetran desalojos forzosos, que siguen sin rendir cuentas.

Vivienda: La respuesta oficial a la llamada “alteración temporal” fue ofrecer a esta comunidad asentamientos de tipo comuna fuera del valle de Cachemira como un enclave seguro y una “experiencia cercana al hogar”. Coherente con la postura oficial que vio este desplazamiento como una crisis temporal, el Gobierno conserva la propiedad de las comunas, y permite a los residentes permanecer allí hasta que se restablezca la normalidad en el valle. Inquilinos temporales de viviendas de dos habitaciones en complejos de varias plantas en Jammu, las familias continúan lamentando la pérdida de sus hogares ancestrales. La naturaleza provisional de este alojamiento no da una respuesta a las preocupaciones más profundas de esta comunidad, lo que restablecería su sensación de normalidad y les ofrecería seguridad a largo plazo. Los encargados de la formulación de políticas se enfrentan a un dilema moral: trasladar a las familias a comunidades normales significaría reconocer que la crisis es más que temporal y podría acabar con la esperanza de aquellos que desean regresar algún día.

Sustento: Garantizar el acceso a oportunidades económicas es un reto para cualquier comunidad desplazada y la presión añadida que se vierte en las comunidades de acogida a menudo se manifiesta en forma de graves tensiones entre ambos colectivos. Para aliviarlas, el paquete político para las familias incluía el uso temporal de tiendas puestas a su disposición en las comunidades de acogida. A corto plazo permitió a las familias recuperar, al menos de forma parcial, un sentimiento de dignidad y de bienestar económico, pero el Gobierno sigue manteniendo la propiedad de las tiendas y prohíbe su expansión. Pasar de estas tiendas provisionales a medios de generación de ingresos más a largo plazo obligaría a reconocer que el desplazamiento ha provocado que el regreso sea imposible.

Educación: Al contrario que otras políticas que han tenido un impacto menor al que se pretendía sobre sus beneficiarios, las familias afirman que hay una política que sí les ha afectado positivamente dentro de su experiencia global de desplazamiento. Gracias a la Special Allocation for Children of Kashmiri Migrants (Asignación Especial para Niños Cachemires Migrantes), los niños de las familias desplazadas han podido aprovecharse de los sistemas escolares de las sociedades de acogida y evitar los trámites burocráticos que se exigen para escolarizarlos. Esta inteligente iniciativa no sólo evita que los niños se conviertan en víctimas de las calles y del trabajo infantil sino que también empodera a los jóvenes cachemires al dotarles de herramientas de supervivencia, y les instila una sensación de resiliencia y confianza, lo que contrasta con las estrategias de supervivencia de muchas comunidades desplazadas en todo el mundo. La política educativa para los pandits desplazados es un ejemplo encomiable de cómo una política puede aportar recompensas visibles no sólo para los desplazados sino también para los miembros de las comunidades de acogida y para la nación. Dichas prácticas han de servir como ejemplo modélico para replicarlo en comunidades desplazadas similares en todo el mundo.

Reconocer los peligros de las “políticas transitorias”

Aunque los poblados creados por el Gobierno desempeñaron un papel crucial en los primeros años del desplazamiento, a lo largo de años de desplazamiento prolongado estas poblaciones han supuesto una división cultural y social entre las comunidades locales y las de desplazados, y han reforzado la imagen estereotipada que cada una tiene de la otra. Resulta irónico que, a pesar de estar rodeados de miembros de su propia comunidad, con templos religiosos, colegios y tiendas, las familias de pandits de Cachemira no quieran vivir en esos lugares si no hay oportunidades económicas o espacio político. Hemos de asumir que una política que siga reforzando sociedades paralelas supondrá otro caldo de cultivo para nuevos conflictos y creará problemas morales a todos los implicados, hasta incluso poner a las comunidades de acogida en peligro.

Por desgracia, las políticas seguirán haciendo que la división sea aún más profunda, cuando el nuevo Gobierno nacional despliegue su plan de designar una parcela de tierra en Cachemira para los que estén dispuestos a regresar, lo que sólo garantizará la separación permanente de dos comunidades que antaño convivían allí y agravará el dilema moral de los encargados de la formulación de políticas.

A la hora de buscar soluciones duraderas, los jóvenes pandits que han nacido y crecido fuera de Cachemira y ahora están empoderados por sus estudios deberían capitalizar sus nuevas aptitudes asociándose con organizaciones no gubernamentales locales, líderes comunitarios y encargados de la formulación de políticas  para garantizar que se cree comunidad y que la política no consista en dividirla. Estos jóvenes desempeñan un papel importante a la hora de planificar y alcanzar soluciones duraderas y están en posición de exigir su participación en el desarrollo de la comunidad y en las reformas sociales necesarias, para que los miembros de la comunidad no pasen únicamente del alojamiento de transición a hogares normales sino que también se les reconozca como a miembros de la sociedad productivos y contribuyentes. Es hora de que se incluyan nuevos puntos de vista en el proceso de toma de decisiones.

Hagan lo que hagan los encargados de la formulación de políticas, seguirán enfrentándose a dilemas morales y elecciones difíciles, bien presenten políticas de retorno o para la integración en las comunidades de acogida.

 

Sudha G Rajput srajput2@gmu.edu

Profesor, Instituto para el Análisis y la Resolución de conflictos, Universidad George Mason http://scar.gmu.edu/

El presente artículo está basado en el estudio realizado por el autor para su tesis doctoral. Véase la nota final nº 2 


[1] Ministro del Interior, Gobierno de la India,Comunicación personal, julio de 2011.

[2] Rajput S. (2015) ‘Internal Displacement of Kashmiri Pandits’ in Kukreja S. (Ed) State, Society, and Minorities in South and Southeast Asia [“Desplazamiento Interno de los Pandits de Cachemira”, Estado, Sociedad y Minotrías en el sur y sudeste de Asia]. Lexington Books

 

 

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