La respuesta a las migraciones forzadas del colectivo LGBT en África Oriental

Cientos de miembros del colectivo LGBT huyeron a Kenia en busca de seguridad tras la aprobación en Uganda de la Ley contra la Homosexualidad en diciembre de 2013. Es necesario llevar a cabo diversas intervenciones en Uganda y en Kenia para responder de forma efectiva.

A lo largo de la última década, los ugandeses gais, lesbianas, bisexuales y transgénero (LGBT) han buscado seguridad y asilo en diversos países pero nunca han sido tantos o han tenido tanta visibilidad como después de la aprobación en 2013 de la Ley contra la Homosexualidad de Uganda. Los datos aportados por ACNUR (la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados) y otros proveedores de servicios en Kenia señalan que al menos 400 ugandeses pertenecientes al colectivo LGBT buscaron seguridad y asilo en Kenia entre enero de 2014 y febrero de 2015. La abrumadora mayoría de los que fueron identificados tenían poco menos o poco más de veinte años y se identificaron como hombres gais. Además de los solicitantes de asilo, se informó de ugandeses LGBT que se reubicaron temporalmente en Kenia tanto de forma legal –cruzando un control fronterizo oficial– como ilegal.

Los donantes internacionales, las organizaciones locales y los proveedores de servicios a los refugiados, incluido ACNUR, se esforzaron en responder. Mientras tanto, el Gobierno keniata había iniciado una serie de duras medidas que afectaban a los refugiados en Kenia[i]. Dado que están implicados complejos factores de atracción y de expulsión y el desafiante contexto en Kenia, las partes interesadas deben valorar diversas estrategias para abordar las causas del éxodo de Uganda y para responder a las actuales necesidades de los migrantes forzados LGBT en Kenia[ii].

Factores de expulsión y de atracción

Aunque el detonante más evidente fue la Ley contra la Homosexualidad, no se le puede simplemente atribuir el éxodo sin precedentes de ugandeses LGBT. Existen muchos otros factores de expulsión en Uganda que se vieron exacerbados por la supuesta luz verde a la discriminación y a los abusos que ofrecía la aprobación de esa ley. Las organizaciones ugandesas que trabajan con la comunidad LGBT demostraron que durante 2014 se había producido un aumento global de las denuncias por amenazas e incidentes violentos, chantajes, revelación en los medios de comunicación, pérdida de empleo, y expulsión de la escuela[iii]. La extendida creencia de que la Ley contra la Homosexualidad exigía que los ciudadanos entregaran a los sospechosos de ser LGBT, provocó rechazos familiares preventivos, desahucios y denuncias a la policía aun antes de que el proyecto se convirtiera en ley. Al mismo tiempo, bajo la amenaza de la cláusula que prohibía la “promoción” de la homosexualidad, muchas organizaciones que prestaban servicios a la comunidad LGBT cancelaron o retrasaron en un primer momento sus programas pese a que las peticiones de apoyo para la reubicación y las prestaciones sociales de los individuos LGBT que sufrían amenazas excedían su capacidad.

La anulación de la Ley contra la Homosexualidad por parte del Tribunal Supremo de Uganda en agosto de 2014 ayudó poco a que se modificara el hostil entorno. Algunos activistas ugandeses insinuaron que su anulación promovió que la opinión pública se tomara la justicia por su mano debido a que se había tumbado la ley por cuestiones técnicas pero no por su contenido, lo que cobró fuerza cuando los diputados ugandeses solicitaron la reintroducción del proyecto de ley y por las noticias en noviembre de 2014 de que los políticos estaban valorando una nueva legislación que tuviese como objetivo a la comunidad LGBT, el Proyecto de Ley para la Prohibición de la Promoción de Delitos Contra Natura. Aunque los incidentes específicos de arrestos o violencia jugaron un gran papel a la hora de provocar la migración de las personas, en un clima de miedo general creado por el proyecto de ley los hubo que simplemente no quisieron esperar a que ocurriera algo.

ACNUR y sus socios dieron prioridad en Kenia en un primer momento al inesperado nuevo número de casos de desatendidos y aceleraron el reasentamiento de los ugandeses LGBT. En un país en el que los refugiados aguardan durante años un reasentamiento, hubo al menos un caso ugandés que se tramitó en el tiempo récord de ocho meses entre su entrada en Kenia y su reasentamiento en Estados Unidos. Para los que decidían no ir al campo de refugiados de Kakuma, un socio de ACNUR ofrecía un estipendio mensual que inicialmente se puso a disposición de todos los solicitantes de asilo LGBT ugandeses en Nairobi. Varias organizaciones keniatas dirigidas por personas LGBT pusieron sus servicios a disposición de los recién llegados o crearon nuevos programas para abordar sus necesidades específicas. Los servicios y el apoyo disponible en Kenia y la rapidez de procesamiento de ACNUR se convirtieron rápidamente en poderosos factores de atracción a medida que las noticias acerca de esos recursos llegaban a Uganda, que resultarían especialmente fuertes para los jóvenes LGBT ugandeses cuya educación y oportunidades de empleo eran limitadas debido a la estigmatización y a la discriminación y cuya falta de redes de seguridad en la sociedad les hacía particularmente vulnerables.

Retos

Los ugandeses LGBT que huyeron a Kenia con la esperanza de encontrarse con un entorno más seguro y amigable y un pasaje automático a Occidente pronto quedaron desilusionados. En cuanto a actitudes homófobas, Kenia difiere poco de Uganda y también tiene leyes contra la sodomía que se utilizan para acosar y detener de forma arbitraria a los individuos LGBT. En Kakuma, los ugandeses LGBT denunciaron haber sufrido discriminación por parte de socios implementadores de ACNUR y por la policía, además de amenazas y acoso por parte de otros refugiados y ataques físicos. La mayoría se trasladó a “zonas de protección” que ofrecían más seguridad pero también aumentaban su visibilidad[iv].

Los que se encontraban en Nairobi no corrieron mucha mejor suerte. La política de mantenerlos en campamentos promovida por el Gobierno keniata hizo que fuera ilegal que los solicitantes de asilo o refugiados vivieran fuera de las zonas designadas para ellos, lo que significaba que aquellos a quienes la policía encontrara fuera de dichas áreas se enfrentaban a multas y penas de prisión. Al mismo tiempo la postura antiterrorista del Gobierno ha hecho que todos los extranjeros que viven en Kenia sean más vulnerables a los arrestos, detenciones, abusos y deportación. A los ugandeses LGBT les costaba encontrar un alojamiento seguro y asequible. A algunos sus vecinos les habían denunciado a la policía o habían sido víctimas de ataques violentos. Pese a tener acceso a asistencia social y financiera por parte de ACNUR y de otras organizaciones, muchos ugandeses LGBT lo tenían difícil para mantenerse a sí mismos en Kenia porque es un entorno más caro en comparación con su país y no tienen derecho legal a trabajar.

La priorización inicial de todos los casos de ugandeses LGBT por parte de ACNUR y la provisión de ayuda financiera a todos aquellos que se encontraban en Nairobi promovió la creencia de que todos los solicitantes de asilo ugandeses recibirían el mismo apoyo, con independencia de sus distintos niveles de vulnerabilidad, y que solicitar asilo en Kenia era una ruta segura hacia un reasentamiento rápido. Pero con un número cada vez mayor de casos de desatendidos y unos recursos financieros limitados, ACNUR y sus socios se vieron obligados a plantearse si podrían mantener este enfoque. Las alegaciones de tráfico de personas y de fraude en las solicitudes de asilo complicaron aún más las circunstancias. A finales de 2014, ACNUR y sus socios ya no categorizaban automáticamente a todos los ugandeses como vulnerables sino que empezaron a evaluar sus necesidades caso por caso.

ACNUR buscaba cada vez más a las organizaciones LGBT keniatas para que proporcionaran ayuda humanitaria a los migrantes ugandeses pero los medios de asistencia que esperaba que ofrecieran y que los migrantes solicitaban no formaban parte de los programas de estos colectivos, ni siquiera para los keniatas LGBT. Los colectivos keniatas LGBT que ampliaron sus servicios –como los de atención sanitaria y asesoramiento– para atender a los ugandeses o que crearon programas provisionales de alojamiento y asistencia se enfrentaron a importantes sobrecargas en sus recursos humanos y financieros. Muchos también temían que ofrecer servicios a una población que en Kenia pudiera ser ilegal hiciera peligrar sus trabajos y les preocupaba que el aumento de la atención a la comunidad LGBT pudiera, de manera más general, poner en peligro los logros realizados por el movimiento LGBT keniata. Mientras tanto, aunque las organizaciones ugandesas que trabajan con la comunidad LGBT estaban muy preocupadas por el bienestar y la seguridad de los que estaban en Kenia, sentían que ofrecer apoyo directo a través de la frontera estaba por encima de sus capacidades y de su jurisdicción.

a situación se vio exacerbada por los activistas internacionales que lanzaron campañas y les enviaron los fondos recaudados para permitir a los ugandeses LGBT huir a Kenia y prometieron ayudarles a “escapar” y a alcanzar una vida más segura. Los migrantes se hacían grandes expectativas a causa de quienes les ayudaban y, a medida que se alargaban los plazos en su proceso de refugio el reto pasó a ser cómo ayudar a hacerse autosuficiente a un colectivo tan centrado en el reasentamiento.

Recomendaciones

Son necesarias diversas estrategias para abordar las actuales vulnerabilidades y retos a los que se enfrentan los migrantes forzados LGBT en Kenia, y para tratar las causas subyacentes del flujo migratorio desde Uganda. Aunque estas recomendaciones se centran en la situación ugandesa, valdría para otras zonas ya que en otros lugares se podrían dar situaciones similares.

La difusión de la información resulta de vital importancia para ayudar a los individuos a tomar decisiones informadas. Las organizaciones LGBT ugandesas deben ofrecer información fiable y certera acerca de los procesos de solicitud de asilo, de la realidad de la vida en los campos de refugiados, de los riesgos en Nairobi, y de las oportunidades de reasentamiento. Esta información debe integrarse en la formación legal y de protección para los activistas y organizaciones LGBT, y ser difundida entre los miembros de la comunidad LGBT a través de redes informales, de los medios de comunicación sociales, y asegurarse de que llegue a los miembros del colectivo que residan en zonas rurales y pobres. Los aliados internacionales deben proveer la misma información y mensajes que las organizaciones locales a aquellos que buscan ayuda.

Con el fin de determinar cómo llevar a cabo una reubicación provisional en Kenia y otros países de África Oriental –la opción más viable y segura–, las organizaciones lideradas por el colectivo LGBT que trabajan en la región han de colaborar en los procesos de evaluación de riesgos, identificar y cartografiar las posibilidades de reubicación, y desarrollar unos medios de comunicación más proactivos y estructurados. Las organizaciones ugandesas también han de evaluar si las formaciones que se han hecho en el país para enseñarles a “conocer sus derechos” han tenido el impacto que se pretendía.

Los donantes y las organizaciones locales deben: a) evaluar la actual financiación y las prioridades programáticas para determinar si abordan las vulnerabilidades que llevan a buscar asilo o a migrar; b) explorar las oportunidades de ayudar y expandir programas sobre salud, apoyo psicosocial y trabajo; y c) examinar de forma más explícita de qué manera un mayor enfoque en estas cuestiones podría promover la protección y la seguridad de los miembros de la comunidad LGBT.

Los proveedores de servicios para los refugiados y las organizaciones LGBT que trabajan en Kenia con los migrantes forzados deben ofrecer más información a los recién llegados sobre sus opciones y no aconsejarles inmediatamente que soliciten asilo, ya que muchos asumen que eso les llevará a ser reasentados directamente en un tercer país. El reasentamiento no es ni puede ser la solución para todos los migrantes forzados LGBT.

Los donantes y colectivos en la región han de apoyar a los colectivos de refugiados LGBT a la hora de organizarse e identificar sus necesidades, prioridades y posibles soluciones. El apoyo de asesores locales –como los colectivos LGBT keniatas y los proveedores de servicios para los refugiados– resulta de vital importancia para aportar conocimientos sobre el contexto local (acerca, por ejemplo, de cómo conseguir permisos de trabajo, cómo acceder a los servicios y cómo identificar qué barrios son más seguros) y ayudar con estrategias de seguridad personal, así como también remitirles a proveedores de servicios que acepten a miembros de dicho colectivo.

Dados los tiempos de procesamiento del reasentamiento y el hecho de que no todos los refugiados serán reasentados, es necesario que se respalden las opciones que les permitan vivir dispersados por Kenia y los programas de generación de ingresos. Sin embargo, deberíamos tener en cuenta que las estrategias de protección que funcionarían para un reducido número de solicitantes de asilo LGBT podrían ser difíciles de escalar o de mantener si la cifra fuera mayor.

Dar una formación de respuesta sensible para los proveedores de servicios para los refugiados y para los socios LGBT locales resulta imprescindible si queremos garantizar que los servicios sean accesibles y que respondan a las necesidades particulares de esta comunidad. Es necesario trabajar más para hacer que la policía keniata colabore y para sensibilizar a los líderes de la comunidad y religiosos, en especial en los campos de refugiados, para reducir el estigma y el acoso.

Identificar de manera conjunta los roles y recursos de las organizaciones LGBT en Uganda y Kenia ayudaría a crear una fotografía de las necesidades globales relacionadas con esta situación y a detectar los fallos de financiación, lo que debería reforzar también su capacidad para resolver problemas, para planificar de cara al futuro y para establecer una defensa conjunta entre ACNUR, los proveedores de servicios y los de financiación.

 

Gitta Zomorodi gittazomorodi@gmail.com

Asesora de derechos humanos y filantropía.



[i] Véase Wirth A. (2014) “Reflexiones sobre la decisión de internamiento en campamentos de la Corte Suprema de Kenia”, Revista Migraciones Forzadas número 48 www.fmreview.org/es/fe/wirth

[ii] Basado en los estudios realizados entre diciembre de 2014 y mayo de 2015, encargados por el Global Philanthropy Project (http://globalphilanthropyproject.org). Informe completo disponible en:

http://globalphilanthropyproject.org/2016/03/15/sogi-related-forced-mig…

http://tinyurl.com/Zomorodi-2016-east-africa Véase también Revista Migraciones Forzadas número 42 sobre “Orientación sexual e identidad de género y la protección de los migrantes forzados” www.fmreview.org/es/osig

[iii] Véase HRAPF (2015) Uganda Report of Violations Based on Gender Identity and Sexual Orientation [Informe de Uganda sobre violaciones basadas en la identidad de género y la orientación sexual].

http://hrapf.org/publications/research-papers/

[iv] Véase Freccero J. (2015) “Albergar a personas desplazadas por violencia sexual y de género”, Revista Migraciones Forzadas número 50 www.fmreview.org/es/dayton20/freccero

 

 

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