Más de 20.000 personas perdieron la vida o desaparecieron durante el terremoto y el tsunamique asolaron Japón el 11 de marzo de 2011. Más de 250.000 edificios sufrieron daños o fueron destruidos; unos 4,4 millones de hogares se quedaron sin electricidad y 2,3 millones, sin agua. A pesar de la gran cantidad de ayudas en efectivo y otras donaciones, algunos colectivos recibieron poca o ninguna asistencia en Japón. Entre ellos los refugiados y los solicitantes de asilo.
El impacto de la catástrofe y su fase posterior resultó tan devastador que muchos extranjeros abandonaron rápidamente el país por temor a otro terremoto y a la radiación emitida por las centrales nucleares dañadas. La Oficina de Inmigración se abarrotó de gente que solicitaba el "permiso de reingreso" necesario para obtener un visado para otro país y regresar a Japón cuando la situación mejorase. Sin embargo, con el actual sistema de asilo la Oficina de Inmigración no expide permisos de reingreso a los refugiados. Los solicitantes de asilo tuvieron que sopesar la posibilidad de ser perseguidos en sus países de origen frente al riesgo inmediato de permanecer en Japón. Aunque un gran número de refugiados y solicitantes de asilo decidieron marcharse, muchos de los que se quedaron sentían que tenían pocas elecciones y ninguna posibilidad de recibir asistencia humanitaria.
"No tenemos un hogar al que regresar. Ningún lugar adonde ir como otros; no nos está permitido. Estamos atrapados en Japón. Somos como prisioneros; nos sentimos olvidados y desatendidos. Ningún organismo responsable está aquí para cuidarnos durante esta crisis o si la situación empeora".
Aunque firmó la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 relativo al estatus de los refugiados y es el segundo mayor donante de ACNUR (por detrás de Estados Unidos), Japón acepta a muy pocos refugiados. La tasa de rechazo de refugiados en Japón - de casi el 95% - es la mayor de todos los países industrializados. En 2010, de cada 1.906 decisiones sobre solicitudes de asilo, se otorgó la condición de refugiados a 39 (2%). La inmensa mayoría de los refugiados reconocidos procedían de Birmania/Myanmar (en 2010, 37 de esos 39 fueron ciudadanos de Myanmar) aunque cada año se recibían cientos de solicitudes de kurdos turcos, de ciudadanos de Sri Lanka y de países de Oriente Medio y África. Aun en los casos en que se reconoce la condición de refugiado, se puede tardar varios años en llegar a una conclusión. Durante este período de tiempo, los solicitantes de asilo disponen de un acceso limitado a los servicios públicos y sociales.
Aunque parece que pocos refugiados y solicitantes de asilo se encontraban en las zonas más afectadas de Tohoku, los que vivían en la región de Kanto-Tokio (donde residen la mayoría de los refugiados y solicitantes de asilo) seguían sufriendo dificultades considerables. La Asociación Japonesa para los Refugiados (JAR, por sus siglas en inglés), una ONG comprometida con la asistencia humanitaria a los refugiados, se embarcó en un proyecto de visitas a comunidades/hogares de refugiados unos días después del terremoto para comprobar que estaban a salvo y para conocer sus necesidades, ofrecer consejo e información sobre los recientes acontecimientos y distribuir paquetes de ayuda de emergencia que contenían arroz, harina, aceite , pasta, chocolatinas, conservas en lata, agua y artículos sanitarios. Durante estas visitas se hizo evidente que los refugiados y solicitantes de asilo se enfrentan a tres clases de retos concretos relacionados con la catástrofe.
Primero, la restricción de libertad de movimiento impuesta sobre los solicitantes de asilo indocumentados que predominó durante el período de crisis. En el sistema de asilo japonés ciertos solicitantes de asilo sin permiso de residencia son detenidos mientras que a otros se les otorga "libertad provisional" – en lugar de detenerlos – durante períodos de tres meses, tras los que deben solicitar una ampliación.1 La libertad provisional conlleva una restricción de sus zonas de desplazamiento; cada vez que deseen moverse fuera de esas zonas deben obtener un permiso por escrito de la Oficina de Inmigración. En medio de una situación de caos sin precedentes, todo lo que la Oficina de Inmigración hizo por los que se encontraban en libertad provisional fue emitir un comunicado no oficial y ambiguo que decía que "se tendrían en consideración argumentos relacionados con la catástrofe".2 En la práctica, se exigía a quienes se encontraban en libertad provisional que continuaran presentándose en la Oficina de Inmigración como de costumbre. Algunos dudaban, por miedo a un castigo, de si debían marcharse de la zona que se les había asignado, aun en circunstancias de emergencia.
Mientras tanto, los solicitantes de asilo detenidos se encontraban atrapados. Según algunos detenidos en el Centro de Inmigración de Japón oriental (a unos 150 km. de la zona de Tohoku), los funcionarios de inmigración no les dejaron salir del edificio donde se encontraban detenidos durante el terremoto, alegando que no tenían porqué preocuparse y que "para trasladar fuera a los detenidos necesitaban el permiso de su superior". La Oficina de Inmigración no abrió las puertas hasta la mañana siguiente cuando empezó a cundir el pánico entre los detenidos, quienes golpeaban las puertas cerradas, rompían cristales y gritaban. La Oficina de Inmigración pidió a los detenidos una compensación por los daños causados a las instalaciones durante el tumulto.
Japón es uno de los países del mundo más propensos a sufrir terremotos y está más que preparado en lo que a planes de preparación ante catástrofes se refiere. El 1 de septiembre de cada año desde 1960 el país designa ese día (el aniversario del terremoto que devastó Tokio en 1923) como Día de la Prevención de Catástrofes. También presume de disponer de uno de los sistemas de alarma temprana de terremotos más sofisticados del mundo.3
Pero no se disponía de ejercicios o instrucciones de evacuación o emergencias para los centros de detención.
Segundo, ha aumentado el sufrimiento de los refugiados y solicitantes de asilo con dificultades económicas desde que se produjo la catástrofe. La mayoría de los refugiados y solicitantes de asilo de Japón viven en la más extrema pobreza. Los factores que contribuyen a su situación son un apoyo gubernamental inadecuado, las barreras lingüísticas y el clima económico. La destrucción de las centrales nucleares y los consiguientes cortes de electricidad provocaron apagones regulares de tres horas, lo que a su vez obligó a las fábricas y restaurantes -lugares de trabajo comunes entre los refugiados y solicitantes de asilo- a abrir durante menos horas y menos días. Menos horas de trabajo o incluso despidos implican una pérdida de ingresos inmediata. Y ahora que casi todas las fuentes de financiación se destinan a proyectos relacionados con la catástrofe, recaudar fondos para proyectos de asistencia humanitaria a los refugiados se ha convertido en un desafío extremo para las ONG.
Y por último, los refugiados y solicitantes de asilo se han visto afectados en gran medida por la falta de información fiable sobre el terremoto y la radiación. Dado que la mayoría de los refugiados y solicitantes de asilo proceden de países donde los terremotos son menos comunes o la energía nuclear se desconoce, son ellos los que más información necesitan. El acceso a internet, el dominio del japonés y la implicación en sus propias comunidades serían tres factores clave a la hora de determinar su nivel de acceso a la información. Pero los refugiados a veces evitan mezclarse con sus mismas comunidades étnicas por miedo a encontrarse con aquellos que formaban parte de grupos u organizaciones oponentes. Cuando tienen acceso a Internet y aun sin los conocimientos mínimos de japonés, pueden depender en gran medida de los medios de comunicación extranjeros, quienes han tendido a centrarse más en la gravedad de la crisis radiactiva que los medios nacionales y el Gobierno japonés. Sus temores se ven reforzados por la desconfianza frente a las autoridades en general, adquirida a raíz de haber sido perseguidos por los gobiernos de sus países de origen.
El caso de una familia de refugiados kurdos ilustra muy bien los desagradables dilemas a los que se enfrentan. Esta familia de seis miembros tuvo que echar raíces en suelo japonés; llevaban más de diez años viviendo en Japón y dos de sus hijos habían nacido allí. Sus solicitudes como refugiados habían sido desestimadas pero estaban esperando una resolución positiva por parte del Ministerio de Justicia sobre su permiso para permanecer en terreno humanitario., Entonces tuvo lugar el terremoto. El impacto de la catástrofe y las circunstancias inciertas les empujaron a tomar una dura decisión. Por temor a la seguridad de sus hijos pequeños (sabiendo que los niños son mucho más vulnerables a las radiaciones que los adultos), la madre y los niños volvieron a Turquía mientras que el padre se quedó en Japón. No tenían permiso de residencia y todos se encontraban en libertad provisional. Por tanto la madre y los hijos viajaron como “deportados” con la prohibición de regresar a Japón durante al menos los próximos cinco años. En resumen, la familia eligió vivir separada durante más de cinco años antes que permanecer unida en Japón con las viejas y nuevas dificultades a las que tendrían que enfrentarse.
En esta situación de emergencia los sectores de población marginados se volvieron aún más marginados y vulnerables. La Oficina de Inmigración parece estar demasiado ocupada con extranjeros de otras categorías para mostrar cualquier atisbo de preocupación por los asustados refugiados y solicitantes de asilo, y la gente en general parece prácticamente desconocer la existencia de refugiados en la sociedad en la que viven y mucho menos sus problemas. Por contra, algunos refugiados y solicitantes de asilo demostraron formar parte de esos miembros de la sociedad que dieron todo su apoyo. Un gran número de ellos se puso en marcha para apoyar a las víctimas de la catástrofe. Un grupo de birmanos enseguida aportó curry para 300 personas desplazadas. Los detenidos en el Centro de Inmigración de Japón Occidental enviaron el poco dinero que tenían a Tohoku mientras que las organizaciones de refugiados birmanos donaron más de 500.000 yenes (6.500 dólares estadounidenses). Muchos todavía visitan con regularidad las zonas afectadas por la catástrofe para realizar labores de voluntariado.
Como dijo un refugiado procedente de Uganda: "Ahora es el momento de devolverle el favor a Japón por salvarme la vida". Esperemos que esta experiencia común ayude a crear una sociedad que responda mejor a las necesidades de todos, una sociedad en la que no se descuide a nadie.
Katsunori Koike (katsukoike@hotmail.com) fue jurista de la Asociación Japonesa para los Refugiados (www.refugee.or.jp/en/) hasta mayo de 2011, y antiguo estudiante de máster en el Centro de Estudios para los Refugiados. En la actualidad es doctorando en la Universidad de Tokio y voluntario de las Naciones Unidas con ACNUR en Kenia. Este artículo está escrito a título personal y no refleja las opiniones de la AJR o de ACNUR.
1 La libertad provisional para los ciudadanos procedentes de Myanmar suele ser de tres meses mientras que para los demás es de un mes. El proceso de solicitud de la condición de refugiado dura una media de dos años, así que tienen que renovar su libertad provisional con periodicidad hasta que se tome una decisión final.
2 Conversaciones telefónicas con la JAR (Asociación Japonesa para los Refugiados) y otras ONG y particulares